Las tácticas de manipulación a partir de noticias falsas difundidas y potenciadas por las redes sociales constituyen una preocupación mundial que nuestro país no debería ignorar. Una primera señal de alerta se encendió durante los afiebrados días de corrida cambiaria, cuando el dólar parecía no encontrar su techo: de inmediato las redes sociales se inundaron de “noticias” que anticipaban desde la renuncia del presidente Mauricio Macri hasta el regreso del corralito y el cepo al dólar. Todos rumores que resultaron falsos, pero que lograron atizar el clima de angustia y de incertidumbre.

El fenómeno de las fake news es motivo de debate en todo el mundo desde que demostró su capacidad de injerencia en los procesos electorales por medio de las redes sociales. La intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, que encumbraron a Donald Trump en la Casa Blanca, fue el emergente más visible del problema. Pero lo cierto es que al menos 18 países vieron afectadas sus elecciones entre 2016 y 2017 por la proliferación de noticias falsas online, advirtió la ONG Freedom House en su informe Libertad en la Red 2017: Manipulación de redes sociales para socavar la democracia.

El problema es global y los países de nuestra región no están exentos de sufrir sus embates. La campaña presidencial de Brasil puede dar cuenta de ello: según un informe del diario español El País publicado la semana pasada, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro aprovecha su fortaleza en las redes sociales para difundir no solo sus propuestas de campaña, sino también noticias falsas, apoyos de celebridades que no son tales y mensajes de desconfianza hacia las encuestas y el sistema electoral. De hecho, el propio hijo del candidato utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que los códigos de las urnas electrónicas brasileñas habían sido enviados a Venezuela, versión que las autoridades desmintieron de manera categórica. Pero el daño ya estaba hecho.

Mejor prevenir

En este contexto, a un año de los comicios presidenciales en la Argentina, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó una acordada con la que se pretende dar un primer paso en prevenir la desinformación por fake news durante la campaña electoral. Con la firma de los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, la acordada dispone crear un registro de las cuentas que los candidatos, partidos políticos y las máximas autoridades partidarias poseen en las redes sociales y en sitios web; de esta manera, se las podrá distinguir de eventuales cuentas falsas. Además, la CNE publicará de manera periódica el resultado de los monitoreos que realizará sobre la propaganda electoral que se difunda en Internet, al tiempo que exigirá a los partidos políticos que presenten, además de los informes finales de campaña, el material audiovisual que divulguen por Internet y redes sociales. Por último, instó a la Corte Suprema a que, por medio del Centro de Información Judicial, “se realice una campaña de concientización y formación cívica para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y entornos digitales”.

La acordada de la CNE busca responder a los cambios de paradigma que, en materia de información, impuso la era digital en el mundo. También en nuestro país: según un informe de Latinobarómetro publicado el año pasado, el 28% de los encuestados dice informarse de cuestiones políticas por medio de plataformas digitales como Facebook y Twitter, porcentaje en franco aumento en detrimento de los medios tradicionales. En virtud de ello, los gobiernos y los partidos políticos han aumentado exponencialmente los gastos en publicidad en las redes; según las estadísticas de la CNE, los recursos destinados a la propaganda en esas plataformas pasó del 4,71% en 2011 al 31,01% en las elecciones legislativas de 2017. Esta tendencia global de la sociedad -de la que la Argentina no es ajena- desató en el último tiempo la proliferación de perfiles “truchos” de dirigentes políticos y de noticias falsas con el único propósito de manipular a la opinión pública. Pero aquí cabe una reflexión: las llamadas fake news no lograrían su cometido en las campañas electorales si no hubiera un terreno fértil de ciudadanos dispuestos no solo a creer en ellas, sino también a propagarlas a través de sus cuentas en Internet.

El politólogo y jurista Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, ensaya una explicación a este fenómeno. “Hoy el mundo entero vive una profunda crisis de representación: sectores importantes de la sociedad sienten que sus líderes no los representan adecuadamente ni los protegen. Por eso los partidos políticos están en crisis y decae la credibilidad y la confianza en los gobiernos. Cunde la indignación con la política, con las élites locales, y esto genera un terreno fértil para las fake news que propician los candidatos antisistema. Esto sucedió en Estados Unidos con Trump, en Inglaterra con el Brexit y en Cataluña, con los independentistas -sostiene Zovatto-. Por eso insisto en que el problema no está en el instrumento, las redes sociales, sino en las causas estructurales que generan ese terreno fértil para la desinformación y la manipulación”.

Ensayar alternativas

¿Qué hacen los gobiernos frente a esta amenaza? El debate recién comienza pero, a priori, la respuesta oscila entre dos posiciones: por un lado, la que alienta la regulación y la penalización sobre las redes sociales que difundan noticias falsas y, por el otro, la que propicia el acuerdo entre las autoridades electorales con las plataformas digitales a fin de impulsar el voto informado.

Francia y Alemania son exponentes de la primera posición: el país germánico aprobó este año una ley tendiente a eliminar y restringir las noticias falsas, la difamación y los mensajes de odio en las redes sociales, incluyendo multas a tales plataformas cuando no establezcan mecanismos eficaces de gestión, o bien cuando no se eliminen tales contenidos. En Francia, a instancias del presidente Emmanuel Macron, la Asamblea Nacional aprobó en julio pasado una norma que permitirá a un candidato o a un partido recurrir a un juez para frenar la difusión deliberada de “informaciones falsas” durante los tres meses precedentes a un escrutinio nacional. La ley habilita también a interrumpir la difusión de servicios de televisión controlados o influidos por un Estado extranjero e impone a las plataformas digitales una mayor transparencia durante el período electoral.

Un camino distinto adoptó México, que celebró sus elecciones el 1° de julio pasado. Allí el Instituto Nacional Electoral (INE) optó por el acuerdo con las principales plataformas digitales -Facebook, Twitter y Google-, convencido de que una regulación punitiva sobre las redes sociales y las noticias falsas podía poner en riesgo uno de los derechos fundamentales de la democracia, la libertad de expresión. En virtud de estos convenios, estas tres plataformas se convirtieron en canales potenciadores de la información oficial sobre el proceso electoral -con el propósito de neutralizar las noticias falsas-, e incluso transmitieron los tres debates presidenciales que se realizaron antes de los comicios. En forma paralela, más de 60 medios de comunicación conformaron una alianza a la que denominaron “Verificado 2018” cuyo objetivo fue detectar, en un trabajo conjunto de investigación, las noticias falsas y analizar cuán verosímiles eran las propuestas de los candidatos. Durante los cuatro meses que funcionó esta alianza, los periodistas desmintieron alrededor de 400 informaciones que resultaron ser falsas.

El resultado fue exitoso: en un país donde cunde el fantasma del fraude y la desconfianza hacia las autoridades, finalmente el proceso electoral se realizó en paz. Y si bien las fake news pretendieron hacer de las suyas hasta el último minuto, el trabajo conjunto de la sociedad civil, las plataformas digitales y las autoridades gubernamentales neutralizó la amenaza. Esta experiencia motivó que distintos países americanos se decidieran a seguir el ejemplo de México. En Brasil, por caso, un grupo de 24 medios de comunicación -entre los que se cuentan agencias de noticias, diarios, cadenas de televisión, radios y portales locales- se asociaron en un proyecto conjunto, al que bautizaron Comprova (del verbo “comprobar” en portugués) para combatir la desinformación electoral que invade Internet y las redes sociales. Con el mismo propósito, la Universidad Federal de Minas Gerais impulsó el proyecto “Eleição sem Fake” (Elecciones sin Fake), en el que participan politólogos y especialistas en tecnología digital.

Acuerdos necesarios

La Argentina se anticipó dispuesta a seguir, también, el rumbo marcado por México. Fuentes de la CNE anticiparon que ya se iniciaron conversaciones con Facebook y Twitter con el propósito de entablar un marco de cooperación con vistas a las próximas elecciones. Los ejes sobre los que se trabajarán son la divulgación de la información electoral a la ciudadanía, la posibilidad de crear una vía ágil de comunicación ante la eventualidad de que algún candidato alegue ser víctima de fake news , fundamentalmente, el control de financiamiento de las campañas, con datos de facturación de los distintos espacios políticos.

El Gobierno apoyó la decisión de la Justicia Electoral de avanzar por la vía del acuerdo con las plataformas digitales y descartó, por el momento, proponer una ley regulatoria contra las fake news “La acordada de la CNE es un muy buen primer paso en la búsqueda de dar una respuesta a este serio problema de las noticias falsas y su creciente impacto a partir de la difusión en redes sociales -indicó Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior-. Extender el monitoreo de la propaganda electoral a la que se emite en plataformas online y redes; verificar la autenticidad de las fuentes de información, solicitando a las agrupaciones y candidatos que registren sus cuentas oficiales, y desarrollar campañas de formación y educación cívica son todas iniciativas que van en la dirección correcta. Sin afectar la libertad de expresión, lo que buscan es ganar en transparencia evitando la manipulación de la información.” Desde Cippec, la directora del programa de Instituciones Políticas de esta organización, Carolina Tchintian, coincidió. “El fenómeno de las fake news pone en el centro del debate la tensión que existe entre la veracidad de la información y la libertad de expresión, dos valores esenciales para el funcionamiento de la democracia -alegó-. Las medidas punitivas podrían atentar contra la libertad de expresión y son difíciles de implementar; son post facto y no combaten el efecto nocivo de la noticia falsa en el momento. Acuerdos con las plataformas de redes sociales, en cambio, son procesos más largos y precisan de un esfuerzo colectivo, aunque la respuesta se da a través del mismo medio y trabaja sobre la generación de un identificador de calidad de la información”.

Tchintian anticipó que, con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo, Cippec pondrá la lupa en la cuestión del financiamiento de la política a través de las redes sociales.

“Estudiaremos opciones de regulación para que los medios digitales y redes sociales no permanezcan al margen del régimen de financiamiento de campaña y se garanticen las condiciones para el ejercicio de un voto informado”, enfatizó Tchintian. El objetivo es evitar que las redes sociales se conviertan en agujeros negros de la política para el financiamiento espurio de sus campañas. “Otra línea de trabajo de Cippec será ofrecer herramientas al votante para ejercer un voto informado y evitar acciones tendientes a la manipulación del voto a través de información falsa en las redes”, indicó.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, la Justicia Electoral, el Gobierno y las ONG parecen dispuestos a unir esfuerzos para combatir el fenómeno global de las fake news. “El sistema democrático se funda en un sistema de creencias -asegura Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral-. Es necesario que las personas confíen en el procedimiento por el cual se designan a los funcionarios, y por más que este procedimiento sea estrictamente puro y transparente, si las personas creen, basados en una noticia falsa, que ese procedimiento no fue auténtico, no va a cumplir su finalidad, que es legitimar a la autoridad electa. Se va a deslegitimar el proceso electoral, lo que resultaría algo muy dañino para el sistema”.

Fuente: La Nación