Ser director de empresa no es lo que era. Otrora, el cargo suponía altos ingresos y, medido en horas de trabajo, un bajo compromiso. Hoy, los miembros de la junta de dirección de firmas públicas y privadas están en tela de juicio. En las segundas, porque a partir de la entrada en vigencia de la Ley Penal Empresaria el mes pasado, los directores y la empresa misma pueden ser penalmente responsables de hechos de corrupción. En las primeras, porque la presión de entidades civiles y organismos multilaterales está surgiendo efecto sobre la forma en la que los gobiernos presentan a sus directores en empresas públicas o privadas con acciones mayoritarias del, como el caso de YPF, una de las principales firmas del país.
Tras un descalabro durante el kirchnerismo, que nombró en el ocaso de su Era a decenas de personajes de la política en firmas públicas y privadas, la Jefatura de Gabinete de Ministros lanzó en 2016 una unidad coordinadora que revisa el accionar de empresas públicas. Semanas atrás, la dependencia presentó una serie de lineamientos de “buen gobierno”, para profesionalizar la gestión y evitar la presencia de inexpertos amigos del gobierno de turno. Antes, en febrero, había delimitado el accionar de sus directores en empresas privadas, donde el Estado a través de la Anses tiene participación pública producto del desmantelamiento del sistema de AFJPs y que provocó que personajes como Guillermo Moreno hayan sido veedores del Grupo Clarín.
Con todo, el estado de situación dista de ser el ideal. Un documento reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) analiza en detalle cómo están compuestos los directorios de las empresas públicas. Las conclusiones denuncian que más, en las empresas públicas de infraestructura, la mitad de los directores no tiene experiencia en el sector económico en que se desempeña la compañía, la mayoría nunca integró otro directorio previamente y la proporción de mujeres es aún menor que en otros ámbitos. “El presidente del directorio suele ser, además, el gerente general, lo cual es contrario a las buenas prácticas dado que se ve afectada su capacidad para supervisar la gestión en forma objetiva”, dice el reporte de la think-tank.
El documento se titula “Empresas públicas, gobernanza y desarrollo: el rol de los directorios” y fue elaborado por Gonzalo Diéguez, Paula Núñez y Jimena Rubio, director, coordinadora e investigadora principal, respectivamente, del programa de Gestión Pública de CIPPEC. El primer punto en el que indagan es que aún hoy “no existen requisitos” para los miembros de los directorios de empresas públicas en términos de nivel educativo, experiencia profesional o independencia política. Sin un sistema de ternas ni meritocracia, los directores son elegidos y nombrados por los ministerios en cuya órbita se encuentran las empresas.
“Las buenas prácticas sugieren que hay que establecer requisitos para integrar directorios y fomentar la diversidad de perspectivas en su composición. Sin embargo, la mitad de los directores no tiene experiencia en el sector y sólo uno de cada ocho fue miembro del directorio de alguna empresa previamente. Por otra parte, los directorios de empresas públicas de infraestructura están integrados casi exclusivamente por varones; en promedio, hay una mujer cada 20 varones. Mientras que dos tercios de las empresas que están bajo el régimen de oferta pública en la Argentina no poseen mujeres en sus directorios, en las empresas públicas de este sector la proporción desciende a ocho de cada diez”, enfatiza Diéguez.
Por otra parte, se espera que los directores actúen con cierto nivel de independencia y objetividad. Con respecto a la influencia política, si bien sólo uno de cada 20 son funcionarios públicos, “todos tienen una estrecha relación con los funcionarios políticos ya que son elegidos y designados por ellos”, completa el documento.
