Liz Ozuna tiene 42 años y vive en Tristán Suárez. Hasta diciembre, trabajaba en blanco en una casa de familia, y actualmente limpia una oficina tres veces por semana. Es madre soltera, no se cansa de buscar otros empleos y cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Magalí, la menor de sus tres hijas.

“Sin esa ayuda todo sería más difícil. La uso para comprarle a mi nena lo que necesita para el jardín y también para pagar parte del alquiler”, cuenta Liz.

Aunque son varios los prejuicios que pesan sobre quienes se benefician de la AUH en la Argentina (desde que no quieren trabajar hasta que buscan tener más hijos para cobrar más plata), las cifras ayudan a derribarlos: el 90% de los titulares son mujeres, el 51% tienen un hijo a cargo y más de la mitad de ellos trabajan.

El monto que reciben las familias actualmente es de 1493 pesos por chico y de 4869 pesos en caso de que tenga alguna discapacidad (actualizándose a la par de las jubilaciones y las pensiones). De esas cifras, cobran el 80% todos los meses y el 20% semestralmente con la presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

Un camino hacia la inclusión

En nuestro país, son 3.805.847 los niños y adolescentes que se benefician con la AUH (lo que equivale al 29% del total), según datos de la Anses de febrero. A nueve años de su implementación, los especialistas coinciden en que se trata de una política de inclusión fundamental para los hogares que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, también concuerdan en que la medida está lejos de ser determinante para eliminar la pobreza o reducir fuertemente la desigualdad y que todavía son varios los desafíos a mediano y largo plazos.

Entre los 2.152.854 titulares de la AUH, la edad promedio es de 35 años y solo el 5% de las madres son inmigrantes.

Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Cippec, señala que hay varios prejuicios en torno a quienes cobran la AUH: “El primero es que son vagos y no quieren trabajar. Sin embargo, no hay ningún estudio que establezca que esto es así. Cuando uno tiene un poco de sentido común y mira los montos, se da cuenta de que nadie puede (ni quiere) vivir solo con ese dinero”.

De hecho, los datos muestran que respecto de su inserción laboral, alrededor de la mitad se encuentran ocupados, el 38% son inactivos y el 12% no tienen empleo. De los que tienen trabajo, el 63% se desempeñan como asalariados en un puesto no registrado en la seguridad social, mientras que el 25% trabajan por cuenta propia (el 38% realizando actividades de servicio doméstico y el 17%, en el comercio).

Por otro lado, la AUH está focalizada en los estratos de menores recursos socioeconómicos (el 84% de los destinatarios pertenecen a los dos primeros quintiles de ingresos), y de los niños que la perciben, el 37% residen en la provincia de Buenos Aires; el 75% tienen menos de 12 años; el 97% asisten a la escuela, y solo alrededor del 1,5% son migrantes.

Días atrás, la Anses, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Unicef, las facultades de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad de La Plata y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales presentaron el informe “Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la AUH”, donde hacen un balance sobre su impacto.

La mirada estigmatizante

Según el estudio, no se puede concluir que la AUH haya producido desincentivos al trabajo. “No existe un impacto negativo significativo del programa sobre las decisiones de participación económica y la tasa de empleo de los hogares”, afirma Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo y Evaluación de Unicef.

El segundo mito es que las mujeres buscan quedar embarazadas para cobrar la asignación. “Ese argumento también está desmitificado. Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el 55% de los embarazos en la Argentina no son planificados, y ese porcentaje sube al 67% en los casos de las adolescentes”, enfatiza Díaz Langou.

En tercer lugar, se encuentra la creencia de que “gastan el dinero en drogas y alcohol”. La especialista sostiene que, aunque las investigaciones que se hicieron sobre este punto son pocas, principalmente en el conurbano, muestran que lo que reciben lo usan para cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa y transporte.

En el caso de Liz, con su trabajo, junta por semana unos 530 pesos. Para ella, la AUH es un ingreso seguro que le permitió además sacar un crédito en la Anses de 5000 pesos para poder pagar el bautismo de su nena. “Me gustaría encontrar otro trabajo más cerca de mi casa, para estar más tiempo con mi hija”, detalla la mujer, quien le paga a una niñera cuando ella no está.

Actualmente, se exige a las familias corresponsabilidades educativas (acreditar la asistencia a un establecimiento escolar) y de la salud (controles médicos y vacunas) para que puedan percibir la totalidad del monto de la asignación y evitar ser suspendidos del programa.

Sin embargo, la penalidad por el no cumplimiento de las condiciones es una medida que hoy los especialistas ponen bajo la lupa. Explican que no cumplir con los requisitos es, ante todo, una señal de alerta sobre una situación de profunda vulnerabilidad, por lo que las penalidades podrían terminar contribuyendo a acentuar la exclusión.

En este sentido, subrayan que existen diferentes barreras al acceso o sostenimiento de la AUH: desde la falta de información hasta la inserción temprana en el mercado laboral y las distancias y dificultades que pueden implicar los trámites. La articulación con políticas más focalizadas de acompañamiento a las familias, empezando por la visita de asistentes sociales, es clave.

“Muchas veces, las familias no presentan la libreta en tiempo y forma porque no saben que tienen que hacerlo”, sostiene Waisgrais. “Una deuda central es sacarles esa carga y que sea el Estado quien haga las verificaciones. Todavía no se logró automatizar el sistema”.

Una medida contra la indigencia

Para Sebastian Waisgrais, de Unicef, el estudio demuestra que eliminar la indigencia a través de una política de transferencia de ingresos, como la AUH, “no es una locura” y agrega que “eso equivale a eliminar el hambre”. El especialista explica que se destina a la AUH el 0,52% del PBI, unos 41.000.000 de pesos anuales, mientras que para erradicar la indigencia, el estudio estimó que debería invertirse un 1,1% adicional del PBI, es decir, 87.000 millones más. “Es mucho dinero, pero con un objetivo socialmente deseable. La meta de pobreza cero es un objetivo a largo plazo, pero las situaciones más extremas se pueden solucionar mucho más rápido y es fiscalmente viable”, concluye.