Al día de hoy, reparar en la relevancia de las TIC en la productividad de la economía a nivel global es prácticamente caer en una obviedad. Este tipo de tecnología se encuentra presente de manera transversal en una gran cantidad de sectores y puede contribuir a tener procesos más eficientes y a generar empleos de calidad. En Argentina, de acuerdo a los datos registrados por el INDEC, estos sectores pasaron de representar menos del 4% del valor agregado en la economía en 2004 a casi el 6% en 2021. A futuro, según un estudio del Ministerio de Producción de Argentina (2018), las TIC tienen el potencial de aumentar la productividad de la economía argentina en más de 50% a largo plazo. Un indicio de esto es que las empresas del país que ya invirtieron en TIC aumentaron su productividad un 7% frente al resto de las empresas. En 2017, Accenture y Oxford Economics previeron que un aumento y optimización de las inversiones digitales, adaptadas a cada economía en particular, podrían actuar como multiplicador de crecimiento, lo que aumentaría un 4,4% el PIB anual en el caso de Argentina. 

Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías trae consigo un fenómeno que está lejos de ser una verdad de perogrullo: su impacto en el medio ambiente no siempre es el deseado. Desde CIPPEC, en el marco del T20, se buscó profundizar en los efectos y desafíos que enfrentan este tipo de tecnologías, para impulsar una agenda de digitalización global sin emisiones de carbono. Más concretamente, su evolución, innovación y eficiencia no necesariamente reflejan una reducción de sus emisiones de carbono globales. Es decir, se trata de un desarrollo que cuenta con dos vetas que en la actualidad colisionan.  

La contracara de las externalidades positivas, producto de la eficientización de procesos que resulta de la digitalización, son externalidades negativas a través de emisiones de gases efecto invernadero. En muchas ocasiones, la digitalización implica elevados niveles de consumo eléctrico para sus operaciones y enfriamiento –como lo requiere blockchain, por ejemplo–, que no necesariamente provienen de fuentes renovables, así como también redundan en la generación de desechos. Según un estudio de la Universidad de Lancaster, el ecosistema digital global es responsable del 7% del consumo de energía eléctrica. Esto representa entre el 2 y el 4% de las emisiones de carbono a nivel global: casi el doble que las correspondientes al transporte aéreo. 

Por eso, perseguir el objetivo global de la neutralidad de carbono al 2050 necesita tener en cuenta el proceso de digitalización. En primer lugar, porque facilita las tecnologías que van a permitir alcanzar dicho objetivo, y, segundo, porque se debe procurar que ello no redunde en más emisiones de carbono a través del crecimiento de su consumo de energía eléctrica.  

Digitalización y descarbonización a nivel regional y nacional: un desafío múltiple 

El Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) refleja que la región está posicionada en un nivel intermedio de desarrollo del ecosistema digital (45 puntos sobre 100) por debajo de Europa del Este, Europa Occidental y América del Norte.  

En primer lugar, Argentina debe mejorar el acceso y las oportunidades de digitalización, partiendo de un escenario que aún es incipiente y presenta heterogeneidades marcadas entre las empresas y los distintos sectores productivos. 

A su vez, en línea con esta complejidad que caracteriza al panorama local, Argentina debe afrontar la transición energética desde una posición signada por la dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía. Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, la matriz energética argentina cuenta con una participación prioritaria del gas natural (58,4%), seguida por los combustibles líquidos (27,7%) y el carbón (1,4%), lo que en suma representa un 87,5%. Dentro de nuestra matriz, la producción de energía genera un 53% de las emisiones nacionales de GEI. Aunque Argentina tiene un marco normativo que permite ampliar la participación de las energías renovables en su matriz energética, aún encuentra barreras en la falta de infraestructura, financiamiento y objetivos consensuados que se sostengan en políticas de largo plazo.  

En tercer lugar, el desafío se ve agravado por el hecho de que las innovaciones tecnológicas para una economía baja en emisiones de carbono se dan y están patentadas casi exclusivamente en los países de la OCDE y China. Al observar los registros de patentes de la OCDE vemos que, aunque la cantidad de patentes verdes en América Latina –particularmente Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, ya que no hay datos oficiales sobre los demás países– creció casi de forma sostenida en las últimas dos décadas, en 2019 solo tuvo una participación de 1,2% dentro del total de patentes verdes globales. Dentro de ellos, Argentina aparece como el país de Latinoamérica con menor especialización en el desarrollo de tecnologías verdes (7,1%). Por su parte, los países de América Latina que presentan una participación de patentes verdes –sobre el total de patentes producidas– mayor al de la media mundial (8,9%) son Chile (14,9%), Perú (12,2%) y México (10,8%). 

En síntesis, para la gran mayoría de los países que integran la región, el desafío es mayor en comparación al promedio global: si el acceso a capital y a tecnologías es más dificultoso, el escollo se arrastra al momento de pensar acciones de cara a una transición verde y justa en tiempo y forma.  

¿Cómo avanzar en la digitalización desde una óptica de sostenibilidad? 

En el objetivo doble de digitalización y descarbonización, en algunos casos las empresas argentinas muestran un mayor avance en comparación con el sector público y ya están implementando planes estratégicos que buscan una transición a modelos de negocios sustentables. Ésta puede ser a través de herramientas como la medición, reducción y compensación de su huella de carbono, “bonos verdes” para financiar proyectos con objetivos de desarrollo sostenible, y la implementación de economía circular en sus procesos, entre otras. De cualquier modo, avanzar en ambos sentidos requiere indefectiblemente de la colaboración del sector público, del privado y de medidas público-privadas. 

Para hacerlo, es esencial construir las capacidades de medición y análisis de la evolución de la energía en TIC. Para ello, resulta fundamental incorporar una nueva gobernanza que permita una coordinación entre el avance de la digitalización y el cuidado ambiental. Un ejemplo de ello es el regulador de telecomunicaciones francés, que en 2022 incorporó la responsabilidad de la regulación ambiental del sector digital dando nuevos poderes sobre todos los actores del ecosistema digital. En paralelo, es necesario garantizar un mejor acceso a la información para posibilitar un consumo consciente por parte de la ciudadanía. Precisamente en esta misma línea, también en Francia, recientemente se determinó que los operadores de telecomunicaciones deberán informar a sus suscriptores de banda ancha fija y móvil sobre la cantidad de datos consumidos y su equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, trabajar para cerrar las brechas de acceso de capital y tecnologías entre países a energías renovables y tecnologías bajas en emisiones de carbono. 

Las regulaciones que resultan de estándares nuevos vinculados a la huella de carbono a los que las TIC no pueden ser ajenas deben considerar la asimetría de capacidades de capital y conocimiento entre los distintos países y sus diferentes puntos de partida. Los instrumentos para que la digitalización colabore en la reducción de la huella de carbono deben ser los adecuados, a fin de que, al mismo tiempo, reduzcan la brecha digital y contribuyan a un desarrollo inclusivo sin amenazar la digitalización de nuestro país.