Publicado en junio de 2023
Durante la última década, el avance de los movimientos feministas colocó a los cuidados en la agenda pública y política. Hoy sabemos que las tareas de cuidado están desigualmente distribuidas entre los géneros, a partir de la asociación tradicional de lo femenino con lo maternal y la crianza, y de lo masculino con el trabajo (remunerado), la producción y la generación de riqueza. En las políticas públicas esto se traduce en licencias por maternidad notoriamente más extensas que las por paternidad, lo que obstaculiza el derecho y la responsabilidad de cuidar de los padres, al mismo tiempo que perjudica a las mujeres en el mercado laboral.
Argentina no sólo tiene las licencias por paternidad más cortas de Sudamérica (apenas 2 días consecutivos), sino que además sólo la mitad de sus trabajadores/as puede acceder: monotributistas, autonómos/as, independientes e informales están excluidos/as de este derecho. A su vez, entre la mitad que accede, hay una importante disparidad según el sector: la Ley de Contrato de Trabajo regula el empleo privado y establece 90 días de licencia para las madres (a cargo de ANSES) y 2 para los padres (a cargo del empleador), excluyendo a familias adoptantes; en lo que hace al empleo público, las licencias por nacimiento y adopción varían significativamente entre las diferentes jurisdicciones y sectores (tanto nacional como provinciales), con prestaciones por paternidad y para personas no gestantes que van desde los 45 a los 2 días. Pese a la heterogeneidad de este universo, un problema se replica en todos los esquemas: las licencias para madres y personas gestantes son muchísimo más extensas que las correspondientes a padres y personas no gestantes.
En estas semanas se está discutiendo la parte referida a licencias del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo que constituye un enorme avance en la visibilización del cuidado. En primera instancia, se amplía el acceso a las licencias a adoptantes, a quienes recurren a técnicas de reproducción asistida, a monotributistas y a personas que trabajan en forma autónoma. Además, se establecen las figuras de persona gestante y no gestante, incorporando identidades de género anteriormente excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo. Por último, se destaca la extensión de días de licencia para personas gestantes –pasando automáticamente a 126 días- y no gestantes –incrementándose gradualmente hasta llegar a 90 días en 8 años-.
Desde hace más de diez años venimos impulsando una reforma del régimen de licencias y creemos que el proyecto presentado puede potenciarse con algunas mejoras adicionales. Proponemos una reforma que extienda los días de licencia a 126 para todas las personas, sin importar su género ni situación laboral. Atendiendo a las restricciones fiscales imperantes, esta reforma debe implementarse gradualmente, priorizando la extensión de días para las personas no gestantes y concretándose en un plazo de 8 años. Extender las licencias a 30 días a todos los papás costaría un 0.08% del PBI en 2023.
Avanzar en esta línea no sólo expande derechos, sino que además es una cuestión estratégica. Argentina atraviesa un momento en el que la proporción de población productiva (en edad de trabajar) supera ampliamente a la dependiente (niños/as y personas mayores). Es urgente aprovechar este escenario que nos brinda la transición demográfica: en el mediano plazo, la disminución de la fecundidad y el aumento de la longevidad llevarán, inevitablemente, a un proceso de envejecimiento. Para enfrentar esa fase demográfica de manera exitosa, modificar el sistema de licencias puede jugar un rol clave, mejorando la participación de las mujeres en el mercado laboral y promoviendo el desarrollo de niños/as. Aumentar la productividad de las/os trabajadoras/es del futuro será indispensable para sostener el crecimiento económico y la protección social en una sociedad envejecida.
Anexo metodológico:
El costeo de la propuesta supone que la estructura del mercado laboral en los próximos ocho años es igual a la del promedio del segundo y tercer trimestre del 2022, de acuerdo a la Encuesta Permanenete de Hogares (en cantidad y género de los empleados en relación de dependencia, independientes formales y resto con hijos/as menores de 1 año). Para determinar la proporción de informalidad de los y las trabajadoras por cuenta propia, se utilizó la proporción de informales obtenido de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (2018).
Además, se supone que la cantidad de licencias por persona no gestante es inferior a la cantidad de licencias por persona gestante, dada la existencia de hogares monomarentales y madres solteras. Para realizar dicho ajuste, se toma la proporción de varones padres respecto del total de mujeres madres de menores de 1 año en la EPH.
Para la determinación de la cantidad de nacimientos y la expansión de los resultados al total nacional, se utilizaron proyecciones de población y de natalidad de Naciones Unidas. Cabe destacar que se estiman unos 100.000 nacimientos menos respecto de las proyecciones de INDEC. Para las estimaciones de PBI se toman proyecciones de FMI de 2022 a 2028 y se supone un crecimiento del 2% anual a partir de ese año.
Los montos promedio de las licencias fueron determinados a partir de la asignación por maternidad en marzo de 2023 para las personas en relación de dependencia, el monto mediano de facturación por categoría para los independientes formales (con tope en el piso máximo de facturación de la categoría H de monotributo) y como la mitad del SMVM para el resto.
