Publicado en julio de 2021
El 3 de julio de 2013 se sancionó la Ley 26.876, por la que cada 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado, fecha que coincide con el aniversario del convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre relaciones del trabajo en la administración pública.
¿Qué cambios experimentó el empleo en la Administración Pública Nacional (APN) desde entonces?
Si tomamos como referencia el período temporal de 2013 a 2021 y consideramos el Sector Público Nacional (SPN) argentino, se observan varias transformaciones. En primer lugar, la cantidad de personas en el empleo público aumentó a un ritmo considerablemente más alto que el empleo en el sector privado durante esos 8 años. Como se observa en el primer gráfico, desde 2013 la dinámica del SPN —que incluye las 24 provincias, 2.700 municipios y gobiernos locales y la APN— recorre una ruta ascendente con un promedio de variación interanual de 2,6% entre 2013 y 2020, a diferencia de asalariados y asalariadas del sector privado, que acumulan una tasa del -0,4%.
En cuanto a las remuneraciones salariales, según el INDEC entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020 los salarios del sector privado registrado crecieron a un ritmo más vertiginoso que los del sector público, un 34,4% frente a un 26,8%, ambos valores por debajo del aumento porcentual de inflación para el mismo periodo, de 36,1%. Esta tendencia presenta continuidad con lo sucedido desde 2016.
Las autoridades superiores (presidente, vicepresidente, ministros/as, secretarios/as y subsecretarios/as) durante 2020 presentaron un aumento porcentual salarial menor, del 4,1%.
Evolución de trabajadores/as registrados/as en Argentina, 2013-2021
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En términos generales y según un trabajo previo de CIPPEC de 2016, el empleo público en Argentina representaba el 18% de la población económicamente activa (PEA). Sin embargo, solo el 20% de las dotaciones de empleados/as públicos/as pertenecen a la órbita del gobierno nacional, otro 25% se encuentra distribuido en los gobiernos municipales y el 55% restante en las provincias.
En Argentina el 18% del empleo total lo explica el trabajo estatal en sus tres niveles. Un promedio más alto que América Latina (11,9%) pero menor que el de los países de la OCDE (21,1%), con por ejemplo Francia y Canadá que superan el 20% y países nórdicos como Noruega, Suecia y Dinamarca en los que el empleo estatal se aproxima a representar el 30% de la población económicamente activa.
En el contexto de la pandemia por el COVID-19, durante 2020 se advierte que, a diferencia del sector privado, el sector público sostuvo el empleo y ganó 0,8% en promedio interanual, mientras que el privado se redujo en -4%.
A nivel nacional, la composición y distribución de género en las dotaciones de empleados/as estatales en la administración central y descentralizada y otros entes se reparte casi en partes iguales, con avances de uno y dos puntos porcentuales respectivamente entre 2013 y 2021. Sin embargo, las empresas públicas y las corporaciones de propiedad estatal mayoritaria (EPEs) presentan pocas mejoras en su composición y un bajo nivel de participación de las mujeres en sus estructuras operativas, con 17% para 2013 y 18% para 2021. Este dato refleja parte del desafío que CIPPEC señaló recientemente respecto del nivel decisorio de sus directorios, que en los últimos tres años pasaron de un 8% de participación a un 17%. Con este trabajo en consideración, en septiembre de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó los “Lineamientos para la Igualdad de Género en las Empresas y Sociedades del Estado”, un conjunto de buenas prácticas con vistas a transversalizar la perspectiva de género en la gestión de las EPEs.
Composición por género del empleo público en Argentina, 2013 y 2021
Fuente: elaboración propia sobre Base Integrada de Empleo Público. N= 211.440 para 2013 y 251.125 para 2021, personal civil APN.
Mientras que en los últimos dos años los niveles de equidad de género registran avances considerables a nivel de autoridades superiores y Alta Dirección Pública (ADP), en las EPEs todavía queda un extenso camino por recorrer para reducir techos y paredes de cristal.
Con relación a las franjas etarias, en el sector público nacional también es factible advertir un cambio significativo en los últimos ocho años, tanto en composición como en distribución. Mientras que jóvenes de 16 a 24 años explicaban el 4% y el 3% de la APN central y descentralizada respectivamente, en las empresas públicas representaban el 7% del empleo.
Desde que se limitaron las contrataciones en el Estado en 2017, esa participación cambió y concentró el empleo público en las franjas que van de 25 a 59 años. La política de retiros voluntarios iniciada ese mismo año también explica una reducción de la población de trabajadoras y trabajadores de 60 años o más, que se encogió un 4% en la administración centralizada y un 2% en la descentralizada y los entes.
Composición por edad del empleo público en Argentina, 2013 y 2021
Fuente: elaboración propia sobre Base Integrada de Empleo Público. Valores por redondeo. N= 211.440 para 2013 y 251.125 para 2021, personal civil APN.
Con respecto a la distribución del empleo público perteneciente a la APN y en las provincias, se confirma una concentración alta en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires, con el 35 y 26% respectivamente según el ITEP de marzo de este año.
En cuanto a la composición geográfica del capital humano de la administración pública nacional centralizada, el área gubernamental más “federal” del gabinete corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la naturaleza de su jurisdicción, pero otros ministerios que requieren de una ejecución local de programas y fondos tienen entre 30 y 40% de sus dotaciones de empleados/as públicos/as descentralizada territorialmente, como por ejemplo los ministerios de Defensa, Seguridad, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En cuanto a los desafíos que trajo aparejados la pandemia del COVID-19 y el impacto del trabajo remoto en el empleo público, como se observa en encuestas recientes de CIPPEC y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, fue dispar: mientras que las trabajadoras y los trabajadores se movieron a la modalidad remota en más del 70% de los casos, las y los directivos públicos lo hicieron en menos del 50% y en modalidades parciales, con asistencia a reuniones y compromisos presenciales.
La ADP —el segmento conector que permite instrumentar las decisiones políticas de las Autoridades Superiores en articulación con trabajadores del Estado— cambió su composición significativamente. Mientras que en 2014 el 89% de directores nacionales y generales fue designado de forma transitoria (es decir, sin seguir los concursos y el plazo de cinco años en el cargo que estos que habilitan), en 2020 el porcentaje sube a un 99% designado bajo esa misma modalidad. En 2014 el 58% de directores nacionales y generales fue designado exceptuando requisitos de carrera, y durante 2020 el número sube a 78%. Aunque para la ADP este desafío permanece, la incorporación de 29.000 trabajadoras y trabajadores del Estado a planta permanente a través del Concursar 2.0 constituyó un paso auspicioso para regularizar las modalidades de contratación, además de jerarquizar, valorar y profesionalizar el rol de estos empleos en el Estado.
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