Cada 28 de mayo celebramos el Día Nacional de los Jardines de Infantes, en memoria de la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza. A poco más de un siglo de la creación del primer jardín del país, hubo importantes avances legales en la educación inicial argentina, pero queda el desafío de asegurar una cobertura universal y más equitativa.

El nivel inicial incluye tanto al jardín maternal (45 días a dos años) como al de infantes (tres a cinco años), según la Ley Nacional de Educación. La sala de cinco es obligatoria hace más de 20 años y la de cuatro desde 2014. A su vez, el Estado está obligado a universalizar la oferta de sala de tres para todas las familias que así lo requieran.

Según un trabajo de UNICEF y CIPPEC, la cobertura de la sala de cinco es casi universal, pero quedan todavía 30 mil niños y niñas afuera. La mitad de ellos reside en la provincia de Buenos Aires. En los últimos años no se pudo avanzar en la reducción de esta exclusión.

La sala de cuatro se expandió, especialmente en el NOA, NEA y Cuyo, aunque las brechas todavía persisten. En provincias como Tierra del Fuego y La Rioja asiste más del 90% de los chicos; mientras que en Tucumán o Formosa asiste poco más que la mitad. La cobertura para los menores de tres años es muy baja y la polarización aún mayor: mientras en provincias como San Juan asiste un 5% de los niños, en el ámbito porteño la tasa alcanza el 65%. A excepción de la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias los valores oscilan entre el 0 y el 12%.

Tasa de matriculación por edad simple (*), por jurisdicción. Dos  a cuatro años. Argentina 2016

Fuente: Procesamientos UNICEF-CIPPEC en base al Relevamiento Anual de Matrícula y Cargos, años 2014-2015.

(*) Estimación basada en la proyección de la matrícula a partir del seguimiento interanual de una cohorte por edad entre 2014 y 2015.

Los déficits y las disparidades de la oferta son claros y contundentes. A su vez, si se contempla que la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% —la más alta en el sistema educativo argentino—, la ausencia estatal es aún más preocupante.

Hay que tener en cuenta, además, que existen otras ofertas menos formalizadas, sobre las que contamos con poca información. Las iniciativas comunitarias (movimientos barriales, eclesiásticos o gremiales), jardines de gestión privada no incorporados a la enseñanza oficial y los Espacios de Primera Infancia (dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) son algunos ejemplos que ponen de manifiesto los desafíos pendientes.

En este escenario, se necesita un diagnóstico preciso de la distribución y las características de la totalidad de la oferta. Solo así se podrá avanzar en una política integral para garantizar la oferta de vacantes y superar las diferencias de acceso. Pero no basta con asegurar el acceso. La crianza, la enseñanza y el cuidado de la primera infancia requieren condiciones materiales (infraestructura, mobiliario y recursos didácticos) pero también acuerdos sobre los aprendizajes que esperamos promover en los niños y la formación de los profesionales que trabajan con ellos.