Publicado en julio de 2021
La crisis del COVID-19 puso de manifiesto la prevalencia de profundas desigualdades en todo el mundo. Las de género no son una excepción: las mujeres ya enfrentaban mayores obstáculos para su autonomía, y la emergencia exacerbó las disparidades. Según estimaciones de ONU Mujeres, en 2021 por cada 100 hombres que vivan en la pobreza, habrá 118 mujeres en la misma situación. En Argentina, la pobreza en el segundo semestre de 2020 aumentó 6,5 puntos porcentuales con respecto al mismo semestre del año anterior y alcanza al 42% de la población. La situación es peor para los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, donde la familiarización de todas las esferas de la vida condujo a un cierto “colapso” de las familias, ante las tensiones entre mayores responsabilidades domésticas y la necesidad de generar ingresos.
Si bien la pandemia puso de manifiesto la relevancia de las tareas de cuidado para el sostenimiento de la vida tanto dentro como fuera de los hogares, el reconocimiento no implicó una mejor distribución de las responsabilidades entre los géneros. Las políticas destinadas a evitar el colapso sanitario, como los aislamientos y la suspensión de clases presenciales, recrudecieron aún más la carga de cuidados. A nivel internacional durante 2020, mientras que el 49% y el 37% de las mujeres declararon un aumento del tiempo dedicado a la limpieza y al cuidado de los/as niños/as respectivamente, solo el 33% y el 26% de los varones vivenciaron estos incrementos en su carga.
Las brechas también se observan en el mundo del trabajo, donde tanto a nivel local como internacional las mujeres se concentran en los sectores más amenazados por la crisis, como los servicios alimentarios y el trabajo doméstico, y sufren más la caída del empleo. Además, están sobrerrepresentadas en la economía informal, sector en el que, a nivel internacional, los ingresos disminuyeron un 60% durante el primer brote, según estimaciones de McKinsey.
En Argentina, este diagnóstico se repite. Si bien el impacto socioeconómico de la crisis es notorio en todos los grupos poblacionales, las mujeres sufren estas consecuencias en mayor medida. Se estima que 12,5% de las mujeres jefas de hogar perdieron su trabajo durante la pandemia, en comparación con un 7,2% de los varones. Luego del segundo trimestre de 2020 —el período más duro en términos socioeconómicos desde el inicio de la crisis sanitaria—, las mujeres jefas de hogar que conviven con su pareja fueron el único grupo cuya tasa de actividad no se recuperó. Esto sugiere un posible efecto de la demanda incrementada de cuidados que recae, más que nunca, sobre las mujeres. En efecto, el 65% de los hogares reportaron un incremento en la dedicación al trabajo doméstico y de cuidado y, en 7 de cada 10 casos fueron las mujeres quienes asumieron la carga extra.
A su vez, la agudización de la pobreza fue significativamente mayor en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, los hogares liderados por mujeres fueron los más afectados: en el cuarto trimestre de 2020, 6 de cada 10 hogares con niños/as y jefa de hogar vivían en la pobreza, en comparación con 5 de cada 10 liderados por un varón. Así, el género se interseca con otras variables para acentuar la situación de vulnerabilidad y reproducir de forma intergeneracional estas condiciones socioeconómicas.
La pandemia empeora el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, que ya se encontraban en situación de desventaja respecto de sus pares varones. Estas consecuencias forman parte de la coyuntura pero además los efectos pueden perdurar en el mediano plazo y generar retrocesos en el camino hacia la igualdad de género. Sin embargo, las crisis también representan una oportunidad para transformar paradigmas: la creación de estrategias de recuperación genera un contexto propicio para incluir el enfoque de género y sentar así un precedente a futuro para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas.
Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia exigen una respuesta política integral, interseccional y sensible al género que aborde la crisis actual, la recuperación y la pos-pandemia. La transversalización de la perspectiva de género implica el reconocimiento de los efectos diferenciales de las políticas entre los géneros y la voluntad de aplicar medidas concretas para reducir las brechas. Esta estrategia implica la consideración de las brechas de género tanto en el diseño como en la implementación, el monitoreo y el análisis de resultados de todas las políticas. Así, se constituye como una herramienta fundamental de los estados para consolidar sociedades más equitativas y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. A pesar de los beneficios, esta estrategia se encuentra subutilizada a nivel mundial: según un relevamiento de ONU Mujeres, solo el 20% de las políticas laborales y sociales que se implementaron como respuesta a la pandemia incluyen un enfoque de género. En Argentina, asciende al 60% la proporción de políticas nacionales en respuesta a la pandemia que cuentan con esta mirada.
Existen cuatro líneas de acción necesarias para garantizar una perspectiva de género en la estrategia de recuperación en todos los niveles de gobierno: (1) generar diagnósticos con datos desglosados; (2) revisar las políticas existentes y futuras desde este enfoque; (3) aplicar la presupuestación con perspectiva de género; y (4) garantizar la articulación política e institucional de la estrategia para asegurar una oferta programática integral. Estos pasos son fundamentales para avanzar hacia una nueva normalidad con una sociedad más equitativa, inclusiva y resiliente.
Diagnósticos desagregados por género: abrir los datos para cerrar las brechas
La disponibilidad de datos desagregados por género es crucial para identificar las brechas existentes y sus determinantes. Así, contar con datos desagregados se convierte en una condición necesaria para diseñar, implementar y evaluar políticas y estrategias sensibles al género. Sin embargo, en este aspecto aún queda un largo camino por recorrer: antes de la pandemia apenas el 31% de los países reportaban indicadores de ODS específicos de género. En febrero de 2021, solo uno de cada dos países publicaba datos epidemiológicos desagregados por género y ninguno consideraba la incidencia de la pandemia en la población transgénero o no binaria. Además, la situación sanitaria provocó demoras y suspensiones de estrategias periódicas de recolección de datos.
En Argentina los últimos años se hicieron importantes esfuerzos para promover la disponibilidad de datos desglosados a nivel nacional y en algunas jurisdicciones. Durante la pandemia, tantos los datos socioeconómicos como epidemiológicos presentan una desagregación por sexo. Asimismo, se avanzó en la recolección de información sobre la distribución y la contribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y hay esfuerzos en curso desde el INDEC para la formulación de una nueva encuesta de uso del tiempo.
En este marco, es deseable reforzar los procesos participativos para el diseño de esquemas, instrumentos y procesos de recolección de datos desagregados que incluyan a todos los actores relevantes para co-crear soluciones, unificar definiciones y garantizar la utilidad de la información. Además, es importante repensar estrategias que permitan diagnósticos que excedan la lógica binaria de la variable sexo y permitan también hacer estudios interseccionales.
Análisis de políticas, leyes y regulaciones con lentes violetas
Los diagnósticos con perspectiva de género son fundamentales para identificar los principales desafíos y definir objetivos de política acordes a cada necesidad. Esta acción requiere reforzar la formulación de políticas, desde el diseño y la implementación hasta el seguimiento y la evaluación de las intervenciones existentes, para abordar desafíos puntuales y sistémicos desde un enfoque sensible al género. Para este fin, es crucial analizar exhaustivamente políticas, leyes y regulaciones implementadas, adaptadas o escaladas para identificar posibles impactos diferenciales por género, así como también los vacíos y solapamientos programáticos.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece una experiencia interesante en esta clave. Basándose en la información del Sistema de Indicadores de Género, el gobierno local analizó los efectos de género de la pandemia y los utilizó como base para el diseño de un plan de recuperación con perspectiva de género. Así, se buscó generar sinergias multisectoriales y abordas las múltiples dimensiones de los efectos de la crisis sobre las mujeres.
Para tener éxito en este empeño, es necesario contar con apoyo político al más alto nivel del gobierno, así como garantizar las capacidades técnicas necesarias dentro de los equipos de trabajo. En esta línea, las herramientas de evaluación de impactos de género pueden ser valiosas para identificar los efectos durante el ciclo de políticas y crear una línea de base para análisis futuros.
Presupuesto con perspectiva de género: cómo garantizar los recursos para cerrar las brechas
La asignación de recursos revela las prioridades de política de cada gobierno; por lo tanto, el análisis del presupuesto es un aspecto fundamental. Sin un presupuesto con perspectiva de género, cualquier intento por reducir las inequidades de género se verá truncado. Esta actividad implica la identificación de los efectos diferenciados por género de cualquier gasto del gobierno, sea exante o expost. La OECD identifica tres elementos clave para su implementación exitosa: (1) apoyo y liderazgo político; (2) herramientas de implementación; (3) un ambiente técnico favorable, que incluye tanto la disponibilidad de datos como las capacidades técnicas de los equipos.
Previo a la pandemia, más de 80 países de todo el mundo implementaron este enfoque. Uno de ellos es Argentina. Desde 2018 y en articulación con la sociedad civil, el gobierno nacional trabaja en la implementación de presupuestos con perspectiva de género. Así, desde 2019 las partidas presupuestarias cuentan con un etiquetado que identifica las políticas orientadas a reducir brechas, y en 2021 se amplió el abordaje al resaltar la importancia de la perspectiva de género y diversidad en las políticas económicas. A su vez, varias provincias también progresaron en esta clave. Continuar en esta senda es vital para promover un verdadero abordaje transformador que garantice la transversalidad de género en las políticas públicas de todos los sectores.
Apoyo político para priorizar la transversalidad
La integración de la perspectiva de género implica esfuerzos sistemáticos, integrales y de largo plazo por parte de los gobiernos. Si bien involucra a diversos actores públicos, puede quedar fácilmente al margen frente a la urgencia de otras agendas. Por lo tanto, es necesario contar con un apoyo político de alto nivel y definir una autoridad líder que supervise toda la iniciativa de integración de la perspectiva de género y coordinación entre distintos niveles de gobierno, a nivel horizontal y vertical, para garantizar su avance.
La autoridad puede tomar diferentes formas y no existe una receta única que garantice el éxito. Mientras que algunos países crearon un ministerio específico para atacar las inequidades de género, como recientemente hizo Argentina, otros prefirieron optar por secretarías o departamentos nacionales que trabajen de manera transversal con los ministerios. Más allá de la forma que tome este rol en cada país, es importante que la institución a cargo tenga una representación diversa y que cuente con capacidad para imponer su agenda en otras instituciones. A su vez, es imprescindible la participación de mujeres en este proceso, lo cual se ve obstaculizado por la baja participación femenina en los cargos jerárquicos.
Además de coordinar la estrategia de transversalización de género, la institución designada puede quedar a cargo de la identificación, comunicación y evaluación de objetivos, metas e intervenciones; la coordinación con la agencia presupuestaria; y la articulación con otras áreas.
Hacia una nueva normalidad con equidad
La pandemia transformó en tiempo récord las formas en las que interactuamos, trabajamos, producimos y cuidamos. Si bien las consecuencias a largo plazo aún están por verse, resulta claro que la crisis amplía desigualdades y genera retrocesos en términos de igualdad de género. Esto no solo vulnera los derechos de mujeres y niñas, también dificulta el logro de la Agenda 2030.
No obstante, la crisis actual trae consigo una oportunidad: el poder transformador de la pandemia puede conducirnos a repensar una nueva normalidad en la que el género y la diversidad se conviertan en variables clave en el proceso de políticas públicas. Este enfoque guarda un gran potencial para construir sociedades más resilientes e inclusivas que estén mejor preparadas para enfrentar desafíos futuros.
