Publicado en Clarín en junio de 2023

El debate está instalado y se escuchan voces en todas las direcciones. Por un lado, la búsqueda de soluciones a la coyuntura inmediata le corresponde al Gobierno. Por el otro, en un año electoral, la alquimia sobre qué hacer hacia el futuro es una tarea que convoca a los distintos espacios políticos, principalmente a sus pre-candidatos y equipos técnicos.

Proponemos una lectura a mayor distancia de la realidad cotidiana y del compromiso de formular un programa económico. Hoy, a las puertas de cumplir 40 años desde la recuperación de la democracia, el balance de la trayectoria seguida hasta aquí tiene claroscuros.

Sin dudas, es un logro indiscutible que a lo largo de estas cuatro décadas las instituciones y la participación ciudadana en los asuntos públicos se hayan organizado bajo la plena vigencia de la Constitución.

Sin embargo, la trayectoria económica y su contrapartida social ha sido muy pobre: estancamiento económico, falta de inversión, ausencia de la creación de empleo de calidad, exclusión social y pobreza, inflación alta y volátil son los rasgos conocidos.

Aquí es donde la democracia aún no ha podido anclarse en un terreno más firme; resulta difícil conciliar derechos y libertades propios del estado de derecho con las posibilidades reales que ofrece el entorno económico a la gran mayoría de los ciudadanos.

Hay suficiente evidencia para sostener que los problemas que conocemos hoy tienen una larga data. Hace casi medio siglo, el país agotó un sendero apoyado en el vigoroso crecimiento del mercado interno y la sustitución de importaciones. De allí se sucedieron diferentes intentos por reorientar la marcha de la economía, apelando incluso al autoritarismo y la limitación a las libertades civiles. Diversas razones impidieron este reordenamiento. Ya entrado este siglo, existió una nueva oportunidad -proporcionada por un contexto internacional excepcionalmente favorable-, pero por decisiones claves de política económica, el país no logró conectar con esa bonanza transitoria.

Así llegamos donde nos encontramos hoy. Se suele afirmar, no sin algún tono simplista, que faltan dólares y sobran pesos. Y casi a renglón seguido se sostiene que si se corrige el problema de los pesos (déficit fiscal), aparecen los dólares (mejora la generación de divisas). Nuestro análisis tiene matices respecto de esa noción.

Un punto clave: es esencial una consolidación de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo se requiere trabajar de manera muy consistente con un paquete de políticas orientadas a una participación más dinámica de la economía argentina en los flujos de inversión y comercio regionales y globales.

Ambas direcciones estratégicas -tanto en el plano externo como en el fiscal- deben ser enmarcadas en un plan integral destinado a estabilizar la economía argentina. Difícilmente se pueda avanzar de manera sólida en uno y otro terreno en un ambiente inflacionario y volátil como el actual.

¿Cómo lograr una inserción internacional más dinámica? Proponemos tres ejes de política. En primer lugar, parece obvio que una normalización de la macroeconomía tendrá una contrapartida beneficiosa por el lado del balance de pagos.

A modo de ejemplo, una regularización del régimen cambiario -es decir, la eliminación de los tipos de cambio múltiples sobre los que opera hoy el comercio exterior-, debería producir una respuesta favorable de las exportaciones, de las compras externas y, lo que no es menor, la captación de inversiones externas y del crédito privado.

Pero de poco valdría avanzar en esa dirección sin una política comercial externa a tono con la misma. Esto significa no sólo revitalizar nuestra relación comercial y económica con Brasil y el Mercosur; también, trabajar de manera más amplia en la agenda bilateral con nuestros socios más importantes: China, Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes.

Tercero, existe un conjunto de políticas productivas y sectoriales que deben ser puestas a tono con la dirección estratégica que hemos apuntado. Se destacan aquellas actividades que pueden tener una mayor velocidad de respuesta a corto plazo: agroindustria, energía, minería, servicios basados en el conocimiento y turismo, entre las principales.

En la medida que estos sectores reaccionen de manera positiva al nuevo marco de política, se podrá hacer progresos equivalentes en otras actividades que requieren plazos, inversiones y transformaciones antes de ganar competitividad externa. Nada de esto ocurrirá de manera instantánea.

El terreno fiscal luce aún más complejo. El problema está dado por la inexistencia de crédito público interno y externo, lo cual ubica en primer plano la reducción del desequilibrio primario en un contexto donde la presión tributaria sobre el sector formal de la economía ha alcanzado niveles máximos.

En términos estrictos, la tarea a realizar es una reforma del Estado -con redefinición de funciones y prioridades de gasto-, de manera de consolidar las finanzas públicas. Algunas políticas a considerar: reducción de los subsidios tarifarios, reformas de la seguridad social, ampliación de la base tributaria a través de la reducción de la evasión y como paso previo a cambios impositivos más ambiciosos.

El desafío principal de una agenda como la que hemos descripto no está en la esfera técnica de las medidas: la dificultad estriba en la economía política que subyace a las mismas. Esto significa la necesidad de arribar a consensos amplios y duraderos en el tiempo.

La solidez de estos acuerdos es importante para sostener el rumbo y adoptar, según se requiera, respuestas que sean compatibles con la estrategia elegida. De ahí que, si bien existen elementos analíticos para sostener que es factible reorientar la estrategia de desarrollo, las posibilidades efectivas de hacerlo dependen de decisiones que envuelve al conjunto de la dirigencia política, empresarial y de la sociedad civil. No hay atajos posibles ni soluciones mesiánicas.

Informe completo en: La reorientación de la estrategia de desarrollo en Argentina