El 32% de los habitantes de la Argentina sufren la pobreza . Solo en un año se sumaron casi 2,7 millones de personas a esa situación, como efecto de la aceleración de la inflación. A largo plazo, coinciden los analistas, solo un crecimiento económico que sea sostenible puede traer la solución. Mientras tanto, con la mirada en el corto plazo, los expertos afirman que hay medidas que el Gobierno podría poner en marcha para atenuar los efectos de la crisis entre quienes más la padecen. Son opciones que podrían sumarse a la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH) aplicada en marzo (en rigor, un anticipo de los aumentos previstos por la ley de movilidad) y que no implican mayor presupuesto.
La ciudad de Corrientes es el centro urbano del país con mayor índice de pobreza (49,3% de la población). Le siguen Concordia (Entre Ríos) y el Gran Resistencia (Chaco), con más de 41%. Después, Santiago del Estero-La Banda (38,9%); Salta (37,7%); Gran Córdoba (36,5%), y el conurbano bonaerense (35,9%), según los datos al segundo semestre de 2018, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Un trabajo sobre pobreza crónica del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), con apoyo técnico del Cedlas, revela datos significativos. Por caso, en un escenario muy ambicioso en el que el PBI per cápita de la Argentina creciera 5% durante cinco años, la pobreza caería solo a 26%. “Esto demuestra -explica Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Cippec- que la baja de la pobreza no es tan elástica al crecimiento”. Incluso, apunta, entre 5% y 10% de la población total no logró cambiar su situación “ni cuando el país creció a ‘tasas chinas’, debido a factores estructurales que limitan las posibilidades en ese grupo”. Allí hay un espacio para trabajar en políticas.
Respecto de la relación entre crecimiento de la economía y disminución de la pobreza, Martín Rapetti, director de Desarrollo Económico del Cippec, señala que no es “directa” y que “depende del tipo de crecimiento”. Grafica que entre 1992 y 1998 creció el producto y también la pobreza, por la pérdida de empleos. En cambio, entre 2002 y 2010 (y aunque en el medio estuvo la crisis de 2008) mejoró la economía y bajó la pobreza. En esas diferencias ejerce un rol importante el tipo de cambio: si el país está caro en dólares, se crean menos puestos industriales.
Según Rapetti, otro aspecto a considerar es el rol de la política macroeconómica para evitar las crisis: “En general en la región y en la Argentina en particular, las grandes crisis se ligan a devaluaciones bruscas que aceleran la inflación. Si la recesión es profunda, el piso de pobreza queda más alto que al inicio”.
Wasgrais enfatiza que el gasto público social ejecutado en 2018 alcanzó los $2000 millones; fue 27% superior al devengado en 2017, lo que implica una caída de alrededor de 5% en términos reales. “Seguimos teniendo una lógica procíclica cuando debe ser anticíclica”, evalúa. Para este año se presupuestaron $2600 millones, con una estimación de inflación de 32%. Con una economía en retracción, sugiere, habría que trabajar en programas de transferencias monetarias “más fuertes y más focalizados”, como hizo Uruguay.
Jorge Colina, director de la consultora Idesa, destaca que las provincias deben cumplir “cabalmente” su rol en materia de urbanismo, cuidado infantil y educación. Wasgrais agrega que, como las provincias registran en sus cuentas una situación relativamente mejor que la Nación, se debería avanzar en una suerte de “pacto” para que colaboren con planes productivos y de desarrollo social. “Podrían, incluso, sumar transferencias monetarias provinciales e iniciativas de empleo; compartir esfuerzos”, sintetiza. Para Colina, otro aporte es abrir a las pymes la posibilidad de salirse de los convenios colectivos y negociar directamente con sus trabajadores. “Eso permitiría reacomodarse en las crisis; son las empresas que más gente de sectores vulnerables ocupan; descentralizar la negociación ayudaría a economías regionales”, dice.
El diputado nacional del Frente Renovador y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aporta cuatro sugerencias para el corto plazo. Una es establecer “precios de referencia reales y claros” para los 11 productos de la canasta básica, algo “clave para que comer sea más barato”. Otra apunta a bajar el “sobreendeudamiento” de los más vulnerables: “Hay que establecer un sistema de microcrédito no bancario, como el que tienen todos los países para esos sectores. Con $12.500 millones de los que ya están presupuestados para planes sociales se podría llegar a 500.000 personas a una tasa anual real máxima de entre 2% y 3%; ayudaría a que se capitalicen en sus oficios y, además, rompería el endeudamiento”. Por la ley de microcréditos, hoy hay disponibles $140 millones para este tipo de pequeños préstamos.
Otra medida, dice Arroyo, es un mecanismo de importación “diferente” para la industria textil, en la que trabajan “muchas mujeres y jóvenes”, entre quienes el desempleo llega a 20%. Y, por último, acelerar la obra pública: “No soluciona la pobreza, pero le pone un piso y es rápido de instrumentar”, afirma.
Díaz Langou indica que hay medidas que se pueden instrumentar en el corto plazo y que se organizan en torno a tres áreas. La primera es mejorar la posibilidad de contar con un ingreso, que puede provenir del mercado laboral o del sistema de protección social. Si bien las políticas de transferencia de ingresos crecieron “mucho”, la distribución es “muy regresiva”. El 10% de los niños más pobres no están alcanzados y tampoco un porcentaje de adultos mayores, dice. Y agrega: “Es urgente trabajar en una mayor equidad en la distribución geográfica y por edad”.
La estadística indica que el 60% de los jefes o jefas de hogares en estado de pobreza crónica trabajan. El problema es que son puestos de baja calidad y calificación. Y hay disparidad de género: trabajan el 92% de los hombres y el 50% de las mujeres. “Son hogares de muchos hijos y ellas tienen la responsabilidad de cuidarlos; por eso hay que ampliar los espacios para cuidado de la primera infancia; extender la jornada del nivel escolar inicial y mejorar las condiciones laborales”, sostiene Díaz Langou.
Otros aspectos con margen para mejorar, según el Cippec, son la educación y la salud. La mayoría de los jefes y jefas de hogar en pobreza estructural tienen nivel primario incompleto (5,7 años de educación, en promedio) y sufren enfermedades como el Chagas. “Hay que enfocarse en salud y educación desde la primera infancia” y, además, garantizar un mejor hábitat. “La planificación urbana ayuda a la integración y a mejorar la calidad de vida”, concluye.
Desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), su director, Agustín Salvia, señala que es vital estabilizar los precios y bajar la inflación. “Habrá un alivio, pero no se revertirán las cifras. Las transferencias de ingresos reducen el riesgo de hambre, pero para sostener a los sectores medios bajos que caen por falta de trabajo y porque sus ingresos no se ajustan al ritmo de los precios, hay que pensar medidas que favorezcan la construcción y la autoconstrucción, que promuevan el consumo de bienes y servicios que ellos ofrecen, como pueden ser los de cuidados. Se podrían ampliar y mejorar formatos de planes como Haciendo Futuro o [el programa de créditos] Argenta”, dice.
¿Hambre cero?
El economista Bernardo Kosacoff ratifica que la Argentina debería proponerse la meta de “hambre cero”. “Producimos alimentos para 500 millones de personas; que tengamos seis millones que no puedan comer muestra que si no lo resolvemos es porque no nos ponemos de acuerdo; tiene que haber coordinación entre el sector público y el privado”. Insiste en que lo que plantea no es “nada” novedoso: es el programa de food stamps que Estados Unidos instrumentó a finales de los años 30 y que subsidia a las familias para que puedan tener una alimentación adecuada. “Hay que hacer una política focalizada y realizable, aprovechar la capacidad innovativa”, sostiene.
Marta Bekerman, directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica en la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la ONG Avanzar, define: “Más que subsidiar, hay que desarrollar las capacidades de los más vulnerables; capacitarlos y ayudarlos a recuperar la autonomía. Esa es la mejor herramienta”. Avanzar da microcréditos a jefas de hogar en villas de emergencia, a personas en riesgo de calle y a refugiados. Promover la inclusión financiera es una vía para dar más estabilidad de ingresos a los vulnerables.
Kosacoff coincide en que para generar riqueza hay que ofrecer educación y capacidades, no solo a través del sistema formal, sino también con planes de calificación permanente. Repasa que en los 60 y los 70 el sector manufacturero ocupaba 2% más de mano de obra formal que ahora. Y concluye: “La creación de empleo superaba la tasa de crecimiento de la población en 1,4%; desde 2011 no se crea empleo privado y 30% de la población está en la informalidad, donde la capacitación es inexistente”.
