Hace tiempo que el costo de la política, la utilización de los fondos públicos en las campañas proselitistas y la forma en que se financian los partidos, han quedado bajo la lupa de la agenda social. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizaron un informe en el que se solicita una reforma legal que limite el abuso de los recursos públicos y aliente la declaración del dinero político. La politóloga María Page, es una de las impulsoras del proyecto, y en diálogo con PULSO, dio detalles acerca de las inconsistencias que detectan en el sistema político actual.
PREGUNTA: ¿Cuál es el objeto principal de la investigación que realizaron desde el Cippec?
RESPUESTA: El punto principal es la relación entre dinero y política, y cómo es que se financian las campañas proselitistas. La democracia debe garantizar el derecho de todos a participar, pero el dinero en grandes cantidades tiene capacidad de influencia. Eso es lo que está distribuido de forma muy desigual en la sociedad. Por ello es necesario poner reglas que impidan que el poder económico influya de forma desmedida en las decisiones políticas.
P: ¿Qué opina de la regulación actual del gasto político?
R: El régimen de financiamiento para elecciones nacionales, rige desde la reforma de 2009 y se implementó por primera vez en 2011, es decir ya se probó en cuatro elecciones. Es un sistema muy completo porque permite financiamiento público para que los partidos puedan imprimir boletas y puedan salir en radio y televisión, lo que pone un piso de equidad, y permite también el financiamiento de privados solo de individuos, no de las empresas, ni sindicatos, ni ONG.
P: ¿Qué problemas presenta la ley actual de financiamiento político?
R: Los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas de los fondos que manejan. La misma surge de la Constitución nacional y de la propia ley. Luego de la elección los partidos deben demostrar de donde salieron los recursos y como se utilizaron, y la justicia corrobora si ello se condice con la realidad y existe la documentación respaldatoria. Lo que nosotros hemos detectado elección tras elección, es que las rendiciones de los diferentes partidos y alianzas son muy inconsistentes con el despliegue realizado durante las campañas. Hay una subdeclaración enorme, y todo lo que no se declara es dinero que no sabemos de dónde vino. Por lo tanto, tampoco podemos saber quién está pagando, quién tendrá influencia cuando el candidato ganador asuma sus funciones, o si los fondos provienen de actividades ilícitas, o de empresas que son proveedoras del estado.
P: Eso genera otro tipo de peligros luego de la elección…
R: Efectivamente. Los políticos quedan en una posición vulnerable, porque los favores se devuelven. Los partidos también quedan expuestos, porque esos fondos generalmente no se canalizan mediante el tesorero de la campaña, sino a través de otro recaudador. Y es peligroso para la sociedad toda, por no conocer quién es el que está detrás de cada candidato.
P: ¿Cuál es el punto principal a reformar?
R: Un elemento clave es el control. La legislación actual permite aportes en efectivo. Y eso habilita a que el aporte sea anónimo. Es decir, se pierde la trazabilidad del dinero. Puede que el dinero en efectivo no se contabilice en absoluto, o se coloca el nombre de personas que en realidad no aportaron para blanquear el aporte. En causas judiciales e investigaciones periodísticas recientes, hay ejemplos de ambas modalidades. En la elección de 2015, la rendición de los tres candidatos más votados fue rechazada por la justicia.
P: ¿Cómo se mejora el control?
R: El gran problema es que el control se realiza después. El incentivo para los equipos de campaña es recaudemos todo lo que podamos, gastemos, y dentro de tres meses a la hora de rendir, vemos…. Los incentivos están muy mal puestos. Lo que nosotros proponemos es obligar a los partidos a informar las donaciones que reciben, en el momento. Osea, antes de la elección. De esa forma la justicia, los periodistas y la gente, pueden verificar si el gasto condice con los recursos recibidos, y quienes son los aportantes.
P: ¿Cómo se controla en las provincias?
R: Ese es otro de los problemas. La ley rige para elecciones nacionales, y las provincias tienen su propio marco regulatorio. Por ello cuando las elecciones son simultáneas, los partidos cargan al gasto provincial una enorme cantidad de recursos que en realidad corresponde a la campaña nacional. Por ello, lo que solicitamos es que se pida a las provincias el acompañamiento en relación al control.
P: ¿Qué hay del gasto en pauta oficial durante la campaña?
R: No es solo pauta. El dinero público se usa en vehículos del estado para trasladar gente a votar, empleados públicos para fiscalizar, para los call center, para hacer campaña en los barrios. Eso sin duda genera inequidad, y es desvío de fondos. La publicidad oficial, que se torna proselitista, es el ejemplo más claro. Y el gran problema es que la publicidad oficial no está regulada. Falta una ley que diga para qué se puede usar la pauta oficial, y como debe estar distribuida. Como eso no existe, nosotros lo que proponemos es que durante la campaña la publicidad oficial se suspenda.
Perfil
María Page es Licenciada en Ciencias Políticas (UBA), especializada en instituciones políticas y elecciones. Durante seis años se desempeñó como docente en la materia Ciencia Política en el ciclo básico de la UBA, fue analista de gestión en el Ministerio del Interior de la Nación entre el año 2004 y el 2008. En la actualidad, es integrante del Observatorio Electoral Argentino y trabaja como investigadora en el Programa de Instituciones Políticas del Cippec.
