Este miércoles el Congreso aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos en donde se legalizan los aportes de empresas con un límite y se prohiben las donaciones en efectivo, entre otros de los cambios que impulsó el oficialismo con el apoyo del peronismo no kirchnerista. Es por eso que, desde organizaciones no gubernamentales, celebraron la iniciativa aunque dejaron en claro que aún resta la aplicación de nuevas metodologías para mejorar la transparencia de las elecciones democráticas.
Así lo expresó María Page, de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en diálogo con PERFIL, en donde manifestó que en primer lugar era necesario prohibir los aportes en efectivo porque “no se conoce el origen del dinero, en qué se gasta ni que intereses pueden haber detrás de un candidato”. No obstante, aclaró que la “bancarización” de los aportes ya existía y que no es suficiente: “Si viene un gran donante se puede repartir entre varios depósitos, eso no genera trazabilidad como una transferencia”.
A su vez, Page destacó que con la anterior legislación, en donde no se permitía el aporte de empresas a los partidos políticos en campaña, terminaban “dibujando” el aporte mediante la donación, por ejemplo, individual de directivos que pertenecen a una misma empresa.
Los tiempos y sanciones. Respecto de las numerosas irregularidades que la Justicia y la Cámara Nacional Electoral puede encontrar en el financiamiento electoral de un partido político o una alianza, Page explicó que la nueva ley no contempló cambios significativos en cuanto al orden en el que se proceden las investigaciones. Es decir, “primero los espacios políticos juntan los aportes, después los gastan y únicamente al final es donde tienen que rendir las cuentas. Así salen dibujadas las rendiciones, como en el caso de las elecciones presidenciales de 2015, donde las cuatro alianzas más votadas tenían desaprobada la rendición de camapaña y por ende se les suspendieron los aportes publicos”. “La Cámara Nacional Electoral hace auditorias y encuentra iregularidades pero después de las elecicones, y pone sanciones luego. Nosotros decimos que los partidos informen antes y durante la campaña lo que reciben. Eso genera un mayor incentivo para autocontrolarse”, agregó.
Otro de los cambios positivos que rescata la nueva ley son los nuevos plazos para sancionar. “Ya no pueden sancionarte cuatro años después”, advirtió Page. A su vez, destacó que se duplicaron los recursos de control como auditores y se les dio la facultad de requerir información que no puede ser denegada a organismos como la AFIP, la ANSES, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, que antes podían ampararse en el secreto fiscal.
Por otro lado, desde CIPPEC confiaron a este medio en que la nueva ley modificó los aportes por impresión de boletas de 1,5 a 2,5 por elector, aunque “no quedan claros los motivos”. Vale recordar que la nueva ley también impone un límite de aportes de empresas privadas, que podría tener vínculo con dicha iniciativa.
Por último, para Page, una de las grandes deudas de la nueva ley es que “no dice nada sobre el abuso de recursos públicos, sobre todo la publicidad oficial en periodo de campaña, que sigue desregulada”.
