Publicado en abril del 2023
El panorama laboral actual en Argentina es desconcertante. Según datos del INDEC, la desocupación es de 6,3%, el número más bajo en treinta años, sin embargo, la pobreza continúa en alza y hoy alcanza al 39% de la población y a 54% de los niños y las niñas. La pregunta lógica a hacerse en esta instancia sería por qué se da este fenómeno con caras simultáneas y contrapuestas. Estos dos datos nos dicen que la reactivación pospandémica se tradujo en empleo, pero de baja calidad. Los puestos de trabajo que se han creado tienen un alto nivel de informalidad y salarios bajos que no alcanzan para cubrir los costos de una canasta básica de bienes y servicios que crece mes a mes.
Dada esta realidad, mejorar las condiciones de actividad y empleo es uno de los retos más desafiantes a los que se enfrenta Argentina para reducir la pobreza. Si bien es una condición necesaria para avanzar en este sendero, la estabilidad macroeconómica no es suficiente. Atender a los problemas de cada realidad requiere respuestas diversas pero coordinadas, que actúen sobre las distintas barreras a la inserción laboral y la formalización de distintos grupos poblacionales. Y el foco de esas acciones debe estar puesto en aquellas personas que enfrentan más dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo: los y las jóvenes.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2022, la tasa de desocupación era tres veces mayor (21,2%) en jóvenes de entre 18 y 24 años que en el promedio poblacional. A su vez, entre los y las jóvenes que estaban empleados/as en el mercado laboral, la informalidad ascendía a un 68,3%, es decir, más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio (37,4%). Frente a esta situación, como parte de las propuestas de la iniciativa Democracia 40 (#40D), desde CIPPEC estamos impulsando un debate con vistas a generar una Ley de Empleo Joven que contenga los incentivos suficientes para fomentar la contratación de jóvenes en empleos formales privados.
Algunos datos generales surgidos de la EPH del INDEC nos permiten entender las heterogeneidades del mercado laboral de los y las jóvenes. Como consideración general, los grupos con mayor nivel de tasa de actividad corresponden a aquellos niveles educativos que incluyen una formación completa (universitario, secundario o primario completo). Este tipo de grupos resultó considerablemente más resiliente a la tendencia negativa de la actividad entre jóvenes durante los últimos años. Por el contrario, entre los y las jóvenes con nivel universitario incompleto, esta cifra cayó un 17%; entre aquellos/as con secundario incompleto, un 20%, y, por último, la participación en el mercado laboral cayó un 39% entre los y las jóvenes con nivel primario incompleto.
En términos de informalidad, vemos que esta es inversa al nivel educativo, es decir, a menor nivel educativo, mayor es la informalidad laboral. En promedio, la informalidad laboral en jóvenes con primario incompleto es del 70% y, en el caso de aquellos y aquellas con secundario incompleto es del 47%. En este aspecto también se ven los beneficios de la terminalidad educativa, ya que para un/a joven con secundario completo la informalidad baja más de 10 puntos porcentuales (34%), y en el caso de aquellos y aquellas con nivel universitario completo la informalidad se reduce a un 10%.
¿Pero dónde trabajan los y las jóvenes? En 2022, la distribución de los empleos de personas de entre 16 y 29 años estuvo principalmente concentrada en tres actividades: comercio y reparaciones (24%), industria manufacturera (12%) y construcción (12%). Al mirar ese recorte por género, vemos que las mujeres participan también en Comercio y reparaciones (26%) e Industria manufacturera (9%), pero que en lugar de la construcción lo hacen en actividades de los hogares (12%), más precisamente como actividades de los hogares empleadores de personal doméstico o actividades de los hogares como productores de bienes o servicios para uso propio, según la clasificación CAES (2018). En términos de los establecimientos en donde trabajan, un 15,6% de ellos y ellas lo hace en empresas de hasta cinco empleados/as, un 39% en empresas de entre 6 y 40 empleados/as y un 45,4% en empresas de más de 40 empleados/as.
Frente a este escenario, y a partir de experiencias previas que tuvieron un objetivo similar pero que no llegaron a buen puerto, sabemos que una Ley de Empleo Joven debe surgir indefectiblemente del consenso de actores clave, como son el sector empresarial, los sindicatos y el Estado. Un acuerdo tripartito puede garantizar que los incentivos logren el objetivo de empleabilidad contemplando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los estudios muestran que las políticas de empleo pueden tener un mayor impacto si los actores y los incentivos están alineados. Incluso sabemos que, en los países de medianos y bajos ingresos, y en las poblaciones más vulnerables, las políticas laborales tienen mayor efectividad.
Con el fin de promover consensos informados, desde CIPPEC buscamos debatir ejes clave que han mostrado ser exitosos en la promoción de los y las jóvenes en el empleo a nivel regional y mundial, como son los incentivos a la contratación, la formación en ambientes de trabajo, la terminalidad educativa y la intermediación laboral, entre otros. Por un lado, un proyecto de Ley de Empleo Joven debe enfocarse en las características necesarias para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de la juventud. Por otra parte, también deben evaluarse los requerimientos institucionales para mejorar la eficacia y eficiencia de una promoción del empleo joven.
