Sacar el financiamiento de la política de la informalidad es indispensable para garantizar a los ciudadanos herramientas que le permitan ejercer un voto informado, evitar que la política sea capturada por el poder económico y que los gobiernos abusen de los bienes y recursos del Estado para perpetuarse en el poder. No hay otro camino para preservar la integridad pública y la legitimidad de los representantes electos.
Por eso, regular la relación entre política y dinero es uno de los desafíos más grandes que enfrentan las democracias. En nuestro país, la primera ley nacional de financiamiento de partidos y campañas se sancionó en junio de 2002 y fue una señal de la política frente al “que se vayan todos”. Desde entonces, después de cada elección hubo un escándalo.
Este año otra vez partidos y candidatos llegan a la elección presidencial fuertemente cuestionados a partir de casos judiciales y periodísticos que revelan graves irregularidades en el financiamiento de las campañas de 2015 y 2017 y que involucran también al sector privado.
Sobre este telón de fondo, el Congreso nacional acaba de dar una nueva señal política reconociendo los riesgos que conlleva desoír las demandas de mayor transparencia en la manera en la que se financian las campañas: la reforma al régimen de financiamiento de la política que regirá para las elecciones presidenciales de este año y cuyo contenido fue producto del acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición.
Con el objetivo declarado de sincerar el dinero que financia la política, la reforma prohíbe los aportes en efectivo para que se pueda trazar su origen; permite las donaciones de las empresas a las campañas para alentar que los aportes de privados se blanqueen; obliga a los aportantes privados a declarar sus aportes ante la Justicia Electoral para que se hagan responsables; fija plazos de campaña más realistas para que comiencen cuando se oficializan las candidaturas; y le da a la justicia electoral más recursos y facultades para controlar.
Entre los cambios que quedaron pendientes, se destacan la regulación de la publicidad oficial durante la campaña, la eliminación de los depósitos como medio de pago no trazable y la declaración de los aportes durante la campaña (ahora se rinde 90 días después de la elección).
También hay que discutir las responsabilidades y consecuencias para los que toman y dan dinero negro. Informar durante la campaña cambiaría los incentivos de las agrupaciones, los candidatos, los fiscales y los jueces porque los dejaría expuestos al trabajo del periodismo y a la mirada de los ciudadanos, arriesgando directamente las candidaturas. Si no se cambian los controles y no se responsabiliza a los líderes políticos de la manera en la que costean sus actividades de campaña, es improbable que cambien los incentivos.
Esta reforma incluye algunas de las medidas que la sociedad civil ha reclamado por años y, producto de la reforma, en estas elecciones habrá más herramientas para transparentar el dinero y más recursos para controlar. Queda por ver si estos cambios alcanzan para desarticular los incentivos que hasta ahora existieron para ocultar recursos y falsear las rendiciones. Esto sólo lo sabremos en 2020.
