Las instituciones de evaluación generan mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas para permitir mejores decisiones; garantizan procesos transparentes de producción y difusión de información, contribuyendo a aumentar la transparencia; mejoran los mecanismos de rendición de cuentas, articulan y mejoran los esfuerzos de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública.
En Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas depende de la voluntad de los funcionarios. Sin una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios, agencias de gobierno, provincias y municipios. En este sentido, el proyecto “Rafaela Evalúa” busca nutrir un debate amplio y participativo acerca de la relevancia y necesidad de contar con un organismo evaluador de políticas públicas.
La Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a dicha función. Las leyes que existen se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran. Tampoco existe un organismo de evaluación que se responsabilice por el despliegue de la política o el sistema nacional de evaluación. Las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios, agencias de gobierno, provincias y municipios. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones.
Así, la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas se realiza a voluntad de los funcionarios. Por ejemplo, el ministerio de educación, el de trabajo y empleo, y el de producción de la Nación tienen áreas específicas dedicadas a la evaluación de las políticas. Sin embargo, no es una regla para todas las carteras sectoriales. En algunas provincias como Santa Fe se observa el esfuerzo por evaluar políticas como el Plan Abre o el Plan del Norte y el de la ciudad de Rafaela por crear una Agencia de Evaluación. En la provincia de Buenos Aires existe un esfuerzo por la evaluación de la gestión. Sin embargo, los esfuerzos están desarticulados.
Sin política, sin organismo rector y con un sistema débil, la Argentina queda relegada en un debate necesario sobre el impacto y la efectividad de las políticas públicas nacionales o provinciales. También reduce la capacidad de aprender sobre los resultados de las intervenciones estatales ya que no existen marcos y prácticas que faciliten y exigen la medición y el análisis sistemático de planes y programas. En contraste, otros países federales avanzaron en el diseño e implementación de mecanismos institucionales que se ocupan de garantizar el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Canadá, España, México y Brasil y sus gobiernos sub-nacionales de Ontario, Cataluña, Jalisco, Pernambuco muestran experiencias relevantes para entender cómo hacer de la función de evaluación una práctica útil para el Estado y el Gobierno.
El gobierno que asumió en 2015 realizó algunos esfuerzos por aumentar la institucionalización de la función de evaluación en distintos aspectos del trabajo de los ministerios, por ejemplo aumentando su presencia en los organigramas de las distintas áreas. Sin embargo, la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), institución natural del proceso global, no aparece hasta el momento con la fuerza de la entidad rectora que debería ser en materia de monitoreo y evaluación.
En el Congreso se presentaron cinco proyectos de ley para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (proyecto de ley 3046-D-2010; 2268-D-2011; 0751-S- 2014; 2422-S-2015 y S-882/17) pero ninguno tuvo tratamiento legislativo.
A nivel provincial, el panorama es heterogéneo en términos de capacidades, marcos legales y culturas de evaluación. Algunas provincias han avanzado en la adopción de planes estratégicos de gobierno de mediano y largo plazo que son una de las bases para tornar viable la evaluación de resultados de las políticas públicas. Tal ha sido el caso de Chaco Corrientes, CABA, Tucumán, Salta, San Luis y Santa Fe. Otras provincias lograron desarrollar capacidades en gestión para resultados, en muchos casos con apoyo de los organismos internacionales, que también es un paso necesario para un ejercicio sistemático de evaluación; Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos. Algunas provincias desarrollaron sistemas de monitoreo y evaluación para planes o programas puntuales, sobretodo en el sector social como en el caso de Santa Fe.
Solo dos provincias tienen proyectos de ley vinculados con la evaluación: Buenos Aires, aunque el proyecto del legislador Ricardo Lessalde del Frente Renovador perdió estado parlamentario (D-1675/12-13- 0) y Córdoba, donde la legisladora María Elisa Caffaratti de la UCR acaba de presentar un proyecto para la creación de una Agencia Provincial de Evaluación.
En ese contexto, se destaca el caso de la ciudad de Rafaela que decidió avanzar en la creación de un organismo específico orientado al monitoreo y evaluación de políticas públicas a nivel municipal. Vale la pena destacar dos aspectos de este proceso. Por un lado, las condiciones pre existentes para poder avanzar en la iniciativa y por otro lado el tipo de proceso que se decidió implementar.
Se pueden mencionar algunos factores que facilitan la conversación en torno a la oportunidad y necesidad de evaluar políticas. En primer lugar, la existencia de un organismo específico para la producción de estadísticas. El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (1997) que se ocupa de conducir y producir información social y económica de manera sistemática es un activo indispensable para avanzar en el análisis sistemático del impacto en el territorio. En segundo lugar, la garantía de acceso a la información pública por ordenanza municipal (2002) pone la vara bastante alta para la producción y difusión de datos públicos en el portal de datos abiertos del municipio. En tercer lugar, la puesta en marcha de una unidad de control interno municipal como la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión (2015) suma a la agenda de la ciudad la necesidad de poner el ojo en los procesos y la gestión del Ejecutivo Municipal.
Sin embargo, faltaba un proceso orientado a capturar el impacto que producen las políticas públicas municipales y a medir el resultado efectivo de planes y proyectos. Iniciativas socialmente exitosas, como la política de acceso al suelo y la vivienda; de cultura, como el Festival de Teatro; de sustentabilidad, como la gestión integral de residuos; o de desarrollo económico, como Rafaela Emprende, necesitan contar con una mirada desde la efectividad para conocer mejor si los efectos que generan benefician a los actores territoriales.
“Rafaela Evalúa”, vino a proponer una conversación que, incluyendo el monitoreo de los procesos, tiende a problematizar sobre el “momento de la verdad” de la política poniendo el acento en el qué y cómo se lograron los resultados.
Así, el proyecto decidió implementarse a través de un proceso de sensibilización y consulta con los actores de la ciudad. En primera instancia, se realizó un seminario internacional para aprender de otras experiencias regionales y nacionales. En un segundo momento, se desarrollaron diálogos en formato foros con actores de la ciudad: el sector social (organizaciones sociales), el sector productivo (sindicatos y gremial empresaria), el sector académico (instituciones educativas y el sector público (legisladores y funcionarios del poder ejecutivo). Los foros buscaron responder, a través del debate facilitado por CIPPEC, a un conjunto de cinco preguntas: 1. ¿Para qué evaluar los resultados de las políticas públicas en Rafaela?; 2. ¿Qué aspectos evaluar de los planes y proyectos?; 3. ¿Quién evalúa a quién?; 4. ¿Qué hacer con la información obtenida? y 5. ¿Cuál es el rol que las instituciones pueden tener en una entidad evaluadora?
Sobre la base de los consensos y disensos de ese ejercicio, el proceso continúa con la propuesta de un proyecto de ordenanza que consolide el diseño institucional de un organismo evaluador de políticas públicas que tenga por objetivo central “Aumentar la efectividad, sostenibilidad, economía, eficiencia y eficacia de la intervención del Estado a través de la medición científica y sistemática, el análisis de los impactos y resultados de las políticas públicas y la gestión del conocimiento público de manera participativa y transparente”.
Se espera que para fines de 2017 “Rafaela Evalúa” haya diseñado e implementado la primera evaluación de políticas sobre alguna de las iniciativas críticas de la ciudad, con el acompañamiento de CIPPEC.
Esperamos que sea la primera de muchas instituciones capaces de analizar la acción del Estado para poder comprender mejor qué funciona en términos de políticas, tomar mejores decisiones y aumentar la difusión sobre los resultados de planes y programas, a través de la evaluación como función estratégica de un Estado más inteligente.
