En Argentina, existen brechas de género en el ejercicio de la autonomía económica. La principal manifestación de estas brechas son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al mercado de trabajo y desarrollar trayectorias decentes. Ellas participan menos y padecen más el desempleo, la subocupación y la informalidad. Esto, junto con la mayor concentración de mujeres en sectores menos dinámicos y de menor remuneración, da cuenta de la brecha de género de ingresos, que llega hasta el 27%.

El principal factor que explica esta diferencia es la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Las mujeres dedican el doble de horas diarias a estas actividades, lo que compromete su disponibilidad para activarse laboralmente y tener trabajos a tiempo completo. A esto se agrega el efecto diferencial que tiene la parentalidad: solo para ellas supone una merma en los ingresos y las oportunidades laborales. Esta divergencia en las trayectorias se cristaliza en el retiro. Las mujeres llegan a edad jubilatoria con aportes a la seguridad social inferiores.

Las moratorias previsionales permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes. El 87% de los 2,7 millones de personas que accedieron son mujeres. Esta política aceleró la equidad de género por tres motivos. El primero es que garantizó el derecho a un ingreso durante la adultez mayor a millones de mujeres: supuso superar la condicionalidad del ejercicio del derecho al tipo de inserción laboral y pasar a un esquema fundado en la ciudadanía social. El segundo es que implicó un reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado que obstaculizaron la participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo pero que generaron un valor social fundante para la sociedad en su conjunto. Finalmente, permitió activar el ejercicio de la autonomía económica durante la adultez mayor: las mujeres titulares distribuyeron más equitativamente las tareas domésticas en sus hogares y llevaron adelante la decisión de divorciarse de sus parejas, como señala una rigurosa evaluación del CEDLAS.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ideada como reemplazo de la moratoria, es insuficiente por dos motivos. En primer lugar, está orientada a la eliminación de la pobreza y no al reconocimiento de derechos universales. Los criterios de acceso dan cuenta de un esquema de focalización con graves riesgos de exclusión. En segundo lugar, incluso si el objetivo es la reducción de la pobreza durante la adultez mayor, el monto consistente en el 80% del haber mínimo es insuficiente ante el costo de la canasta básica del adulto mayor.

En definitiva, eliminar las moratorias implicará aumentar la pobreza en el grupo de personas mayores, con especial gravedad entre las mujeres, y mermar su autonomía económica. Supondrá, en resumen, atentar contra uno de los principales avances en la igualdad de género que nuestro país realizó en los años recientes.