Publicado en julio de 2021
Las elecciones justas y limpias son la base de la democracia. De ahí la importancia de la integridad de las reglas y los procedimientos para su implementación, así como los niveles de confianza del electorado sobre el sistema. Cuando no hay dudas sobre el sistema, los resultados son aceptados por ganadores y perdedores.
Para disipar dudas, el proceso electoral prevé mecanismos de control y transparencia (observación ciudadana, fiscalización partidaria, publicación de resultados, etc.). Pero aun con estos mecanismos, cuando los actores que participan del proceso siembran dudas sobre la integridad o los resultados sin fundamentos, la legitimidad de todo el sistema puede verse dañada.
Las elecciones en Argentina funcionan. No existe evidencia de manipulación o fraude. Un trabajo de CIPPEC realizado por María Page y Pedro Antenucci analiza los resultados provisorios de las elecciones de 2019 para evaluar si el cambio en la logística de transmisión de los telegramas procedió con normalidad y estuvo libre de sesgos en favor o en contra de cualquiera de las y los competidores. El recuento provisorio en 2019 fue exhaustivo: en las PASO se contabilizó el 96,3% de las mesas habilitadas en todo el país (aunque en Chaco, Jujuy, Catamarca y provincia de Buenos Aires la cobertura fue inferior al 95%). Y en las elecciones generales la cobertura fue del 97,1%. En ninguna de las dos instancias hubo irregularidades que pudieran indicar algún tipo de manipulación en beneficio de determinado/a competidor/a, aún teniendo en cuenta las interrupciones en la recepción en el servidor durante las PASO.
Otros trabajos de CIPPEC que utilizan análisis forense, una herramienta basada en big data para estudiar resultados electorales, confirman la inexistencia de fraude. Estas técnicas permiten detectar si existieron intentos sistemáticos de alterar los resultados en beneficio de alguna opción por agregado, omisión o cambio de votos. En 2015, el recuento provisorio de la elección nacional general fue preciso, con diferencias muy pequeñas respecto del escrutinio definitivo (entre -0,77% y 0,45% en promedio para cada una de las tres fuerzas más votadas para la categoría de presidente) y, en conjunto, no presenta sesgo en favor o en contra de alguna de las fuerzas. De forma similar, el análisis de las PASO en la provincia de Buenos Aires de 2017 señaló que no hubo indicios de manipulación ni de problemas graves en la administración de las elecciones.
Los análisis no detectan irregularidades en los resultados. Sin embargo, con cada nuevo ciclo electoral suelen aparecer cuestionamientos sobre la integridad del proceso. Y esto no ocurre solamente en Argentina. En Perú todavía se trabaja para resolver las apelaciones de nulidad presentadas por el partido de Keiko Fujimori. En 2020, en Estados Unidos, el escrutinio definitivo y su certificación fueron cuestionados y puestos en duda por varias semanas, uno de los motivos que llevó a los incidentes en el Capitolio. De manera similar, el presidente Jair Bolsonaro denunció en 2018 el instrumento de votación que se utiliza desde hace casi tres décadas en Brasil.
Cada ciudadano y ciudadana tiene un rol ineludible para el correcto funcionamiento de las elecciones. En este proceso, los liderazgos políticos juegan un rol central en la generación de confianza sobre las reglas y la aceptación de los resultados. A través de la supervisión en primer lugar, pero también al desarticular denuncias cuando no están basadas en evidencia. Esto es esencial para preservar su legitimidad.
