En la Argentina, sólo el 47,5% de los trabajadores y el 51,1% de las trabajadoras que son padres o madres pueden acceder a licencias por nacimiento. Los afortunados acceden a distintos tipos de licencia según el sector y la provincia en que trabajen. El piso para el sector privado está marcado por la ley de contrato de trabajo (LCT), que establece, sólo para trabajadores formales en relación de dependencia, 90 días de licencia para maternidad (pagada por la Anses) y de dos días por paternidad (pagada por el empleador).
Este escenario marca tres graves problemas. En primer lugar, deja afuera a muchas familias. Si se entiende que las licencias por maternidad y paternidad son un instrumento clave para garantizar el derecho de los padres a cuidar y el derecho de los niños a ser cuidados, su acceso debería ser universal. Segundo, tiene un sesgo maternalista. Al ser la licencia por maternidad mucho más larga que la licencia por paternidad, contribuye a la injusta sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado y a la discriminación por género en el mercado laboral. En tercer lugar, no se adapta a diversos formatos de familia. Hoy el esquema núcleo (papá, mamá e hijos) es minoritario en la Argentina: abundan las familias ensambladas, monoparentales u homoparentales, entre otras, con padres biológicos y adoptivos, y las licencias no atienden sus necesidades.
Es necesario modificar el régimen de licencias y así lo reconoció el gobierno nacional con el proyecto que dejó entrever el Ministerio de Trabajo, centrado en expandir la licencia por paternidad de la LCT a diez días. Éste es un primer paso loable y necesario, pero es sólo el comienzo de un largo camino a recorrer. Desde el Cippec, proponemos una expansión gradual de la cobertura y la duración de las licencias para llegar en 2030 a un escenario con 98 días de licencia por maternidad (en línea con las recomendaciones internacionales), 30 días de licencia por paternidad y 60 días de licencia familiar (la cual podría ser usada de manera indistinta por cualquiera de los adultos), ante el nacimiento o la adopción de un hijo e independientemente de la situación laboral de los adultos. La inversión anual en una política semejante no superaría el 0,3% del PBI en 2030.
La modificación del régimen de licencias, atendiendo los tres problemas, contribuye a la equidad y al goce del derecho a ser cuidado de todos los niños que nacen (o son adoptados) en nuestro país. Además, es una inversión estratégica. La mejor conciliación entre las tareas productivas (trabajo remunerado) y reproductivas (cuidado y crianza) que cumplen las familias aumenta la productividad, fomenta la inserción laboral y favorece el crecimiento del país.
Esto es fundamental en nuestro contexto demográfico: en 2043 habrá una proporción mayor de adultos mayores que de personas económicamente activas. Para sobrellevar la mayor carga fiscal que presupone una Argentina envejecida es fundamental brindar mejores condiciones para que las familias tengan más hijos, promover la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo (para que haya más personas económicamente activas) y garantizar el bienestar en los primeros momentos de vida (para fomentar la generación de mayor capital humano y productividad futura). Un régimen de licencias universal, coparental y equitativo, en el marco de una política integral de cuidados, contribuye a estas tres estrategias. Es una cuestión de equidad y de estrategia.
