El monitoreo y la evaluación de programas y políticas públicas retroalimentan el diseño de políticas, mejoran los niveles de transparencia y responsabilidad de los funcionarios, y logran una mayor efectividad y rendición de cuentas. Permiten contar con información estratégica y de calidad para decidir.
La necesidad de evaluar las políticas figura en la agenda pública argentina hace años. Cinco proyectos de ley propusieron, entre 2010 y 2017, la creación de una agencia dedicada a eso. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) viene impulsando desde 2012 un organismo que vele por la inclusión de la evaluación en el diseño de los planes y los programas, implemente un Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación, articule recursos e información, desarrolle capacidades de evaluación a nivel federal y gestione el conocimiento que surge de este aprendizaje.
El decreto 292/2018 propone cerrar dos brechas en materia de capacidad para producir y usar información relevante. En primer lugar, la identificación y la gestión unificada de datos sobre beneficiarios de programas sociales y, en segundo lugar, la evaluación obligatoria del desempeño de políticas y programas sociales prioritarios. Respecto de la primera brecha, contar con un instrumento de registro o relevamiento de beneficiarios y fijar la metodología para su implementación es crítico para mejorar la asignación de bienes y servicios públicos. También para analizar el impacto de las políticas en los titulares de derechos. La norma puede ayudar a integrar información territorial e institucionalmente dispersa y así facilitar la articulación política.
Con respecto a la segunda brecha, el decreto empodera al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como órgano rector en materia de monitoreo y evaluación. Para ello, establece la responsabilidad de diseñar e implementar el Plan de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, que se aplicará obligatoriamente a las políticas, los programas, los planes y los proyectos sociales financiados por el Tesoro Nacional u organismos internacionales (BID, BM, CAF, etcétera). En paralelo, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales también debe monitorear y evaluar las políticas sectoriales.
De esta manera, el decreto eleva la vara institucional en dos sentidos. Primero, un plan de evaluación supone procesos y estándares de evaluación para las intervenciones, y criterios de selección de los programas que se someten a la lupa. La reflexión sobre los resultados es una práctica a desarrollar. Segundo, el plan debería ofrecer la información producida al Congreso Nacional. Que el legislativo nacional pueda procesar esta información para nutrir su actividad es una capacidad que falta desarrollar. La capacidad del Estado nacional para reunir datos y analizarlos depende de su fuerza de coordinación para cerrar estas brechas y dar el salto hacia un Estado más inteligente y con mayor capacidad de aprendizaje.
Fuente: Infobae
