Publicado el 14 de junio de 2024
En Argentina, la educación secundaria es obligatoria desde 2006. Sin embargo, a más de 17 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional que formalizó el objetivo de universalizar su conclusión, esa meta de política educativa y desarrollo social sigue siendo una materia pendiente. Si bien se ha avanzado sostenidamente en garantizar que más estudiantes accedan al nivel, lograr que lo completen sigue siendo un gran desafío. Los datos del Censo 2022 muestran que, entre jóvenes de 20 a 24 años, el 66% obtuvo el título secundario.
A esto se le suma el desafío de garantizar trayectorias escolares con niveles satisfactorios y equitativos de aprendizaje. Hoy, solo el 13% de los y las estudiantes que inician el nivel primario en nuestro país llega al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado (12 años) y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. A su vez, si se caracteriza a ese grupo de estudiantes por nivel socioeconómico, se observan fuertes disparidades.
Es necesario que la educación secundaria, última experiencia educativa formal por la que pasa la mayoría de las personas, logre retener a la totalidad de estudiantes y les brinde una formación significativa, que les permita adquirir los conocimientos adecuados para desplegar su potencial. Para esto, hay políticas que ya vienen mostrando buenos resultados, como los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para prevenir el abandono escolar.
Los SAT son una herramienta para identificar a estudiantes en riesgo de abandono escolar y promover intervenciones oportunas para actuar según la particularidad de cada situación. Es decir, constan de dos componentes: la detección de la problemática y la intervención posterior. A partir de los datos que registran las escuelas en los sistemas nominales de información, los SAT permiten hacer un seguimiento de algunas variables clave. Cuando se detecta una combinación de situaciones preocupantes, se activa una alerta que llega a las escuelas, donde se evalúa las necesidades del estudiante y se define cómo intervenir. Para ello, los equipos escolares reciben orientaciones y protocolos sobre cómo actuar ante distintos escenarios. Luego, registran en la plataforma en la que se comunican las alertas el diagnóstico realizado y las estrategias que se implementarán. Finalmente, con la intervención ya en marcha, se hace un seguimiento de cada estudiante para garantizar que permanezca en la escuela.
El impulso de los SAT en la Argentina
Esta política, que se implementa desde hace años en Estados Unidos y Europa, ha cobrado impulso en la región latinoamericana en los últimos años. Chile, Uruguay, Perú y Colombia, por ejemplo, la utilizan para fortalecer la escolaridad de sus estudiantes. En Argentina, por su parte, el desarrollo de los SAT es un impulso reciente, que surge a partir de la pandemia. Desde CIPPEC, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos desarrollado una investigación para caracterizar el avance de este tipo de políticas en nuestro país.
Como se observa en el mapa, de allí surge que, actualmente, cuatro jurisdicciones tienen un SAT propio en funcionamiento (Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Córdoba). A su vez, otras 5 están en fase de desarrollo y esperan comenzar con su implementación pronto (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Santa Fe).
Mapa: Jurisdicciones con SAT propios en desarrollo o funcionamiento y jurisdicciones con SINIDE Gestión Escolar.
Fuente: elaboración propia en base a BID-CIPPEC (2024).
Por su parte, otras nueve jurisdicciones vienen trabajando con la Secretaría de Educación de la Nación para consolidar el SINIDE Gestión Escolar (SGE). Ellas son Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El SGE es el sistema nominal de información desarrollado por el gobierno nacional, que tiene entre sus funcionalidades un componente de detección que utiliza una única variable –las inasistencias– para identificar a los y las estudiantes en riesgo de abandono escolar. Por lo tanto, estas provincias cuentan con una herramienta que, en caso de ser complementada con estrategias oportunas para el fortalecimiento de las trayectorias escolares, puede dar lugar a un SAT.
Desde CIPPEC hemos promovido este impulso acompañando a Entre Ríos y Mendoza en el diseño e implementación de sus SAT. Ambas provincias han sido pioneras en el desarrollo de este tipo de políticas en la Argentina. En 2023, el SAT se puso en funcionamiento en 80 escuelas entrerrianas y en la totalidad de las escuelas secundarias mendocinas. Si bien el primer año de implementación ha dejado puntos de mejora, se observan algunos resultados alentadores: fueron 4.300 los estudiantes de Mendoza y 650 de Entre Ríos que, habiendo sido identificados con riesgo alto de abandono, pudieron sostener su escolaridad y hoy están cursando. En simultáneo al acompañamiento a estas provincias, desde CIPPEC hemos publicado diversos documentos que sistematizan la experiencia de trabajo y tienen como objetivo servir de insumo para las autoridades educativas que estén interesadas en el desarrollo de un SAT.
¿Cómo seguir? Desafíos y recomendaciones para el fortalecimiento de los SAT en la Argentina
La descripción previa da cuenta del impulso que los SAT tienen en Argentina. Tanto la necesidad de acompañar a quienes presentan una trayectoria debilitada –en el marco de un proceso de creciente inclusión en el nivel secundario– como la de identificar y revincular a los y las estudiantes durante la pandemia, han favorecido que distintas jurisdicciones y el gobierno nacional promuevan el desarrollo de este tipo de políticas. No obstante, del análisis de los casos relevados y de las entrevistas realizadas a los equipos técnicos y funcionarios a cargo de estas iniciativas, emergen distintos desafíos y recomendaciones para fortalecer los SAT.
En primer lugar, es necesario continuar trabajando para mejorar la cobertura y calidad de los datos registrados en los sistemas nominales de información disponibles en cada jurisdicción. Esta información es un insumo indispensable para nutrir al componente de detección de los SAT. Otorgarle un sentido claro a la tarea de registrar datos puede resultar una estrategia adecuada para mejorar su cobertura y calidad. A pesar de que los equipos escolares destinan mucho tiempo a la generación de datos, es poco frecuente que reciban una devolución que les resulte útil como insumo para tomar mejores decisiones. Así, se observa un desacople entre la producción y disponibilidad de información y su uso efectivo. Desde la perspectiva del usuario, el esfuerzo que conlleva la producción de información educativa cobra sentido únicamente en el momento en que es utilizada. En el caso de Entre Ríos, donde el sistema nominal de información tenía un nivel de carga bajo en algunas variables, se constató que el SAT traccionó la carga en las escuelas que formaron parte del piloto.
En segundo lugar, se debe apoyar el desarrollo continuo de las capacidades jurisdiccionales en la gestión de sistemas nominales de información. Estos son sistemas complejos que requieren de una infraestructura tecnológica robusta y un mantenimiento acorde para operar de manera segura, eficiente y sostenible. Es necesario que las administraciones jurisdiccionales cuenten con la infraestructura tecnológica (equipamiento y conectividad) acorde a las necesidades de montar un SAT y con perfiles informáticos para su desarrollo y sostenimiento.
En tercer lugar, es fundamental favorecer la apropiación de los SAT por parte de los equipos escolares, los supervisores y los equipos técnicos de los ministerios de educación. El uso de información digitalizada para el acompañamiento de las trayectorias escolares supone un cambio cultural en los modos de tomar decisiones. Por lo tanto, favorecer su apreciación requiere trabajar en distintas dimensiones: construir una narrativa común sobre la problemática que estos sistemas abordan y la potencialidad de la herramienta; ofrecer una plataforma para comunicar las alertas y hacer el seguimiento de los y las estudiantes que resulte amigable e intuitiva; capacitar a sus distintos usuarios en el funcionamiento y utilización adecuada de la información disponible para fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes; y garantizar que las escuelas reciban respuesta ante la solicitud de intervenciones externas.
En cuarto lugar, para cumplir con el objetivo de reducir el abandono escolar, hay que fortalecer la articulación entre los componentes de detección e intervención del SAT. Como se dijo anteriormente, las escuelas deber tener la posibilidad de implementar estrategias institucionales o solicitar el apoyo del Ministerio de Educación u otros organismos para atender las distintas situaciones que se le presenten. En este sentido, el aporte de otros actores territoriales, como los gobiernos locales, centros de salud comunitarios u organizaciones de la sociedad civil, también es de suma importancia para ofrecer un abordaje integral. Esto implica un gran esfuerzo de articulación para garantizar que los recursos estén efectivamente disponibles y que sean susceptibles de implementarse de manera oportuna para atender a tiempo las problemáticas que se identifiquen.
El desafío de garantizar que todos los y las estudiantes terminen la educación secundaria con aprendizajes significativos para desplegar su potencial es grande. Los SAT pueden ser un aliado para cumplir esta meta. El impulso reciente de este tipo de políticas en nuestro país resulta alentador. No obstante, es necesario continuar apoyando su desarrollo y abordar los desafíos planteados para mejorar su efectividad y lograr que más estudiantes puedan terminar la educación secundaria en tiempo y forma. Esto es indispensable para ampliar las oportunidades y herramientas que van a tener para construir su proyecto de vida e integrarse activamente en el mundo del trabajo en su adultez.
