La Argentina cuenta con un marco normativo que garantiza la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La jerarquización constitucional de Convenios de Derechos Humanos y su bajada nacional a través de leyes generales del Congreso de la Nación, en particular la Ley Nº 26.061, marcaron un cambio de paradigma: los niños, niñas y adolescentes fueron consagrados sujetos de derecho. Esto implica un reconocimiento de que el Estado es el responsable principal de garantizar una serie de derechos: a la vida, a una buena calidad de vida, a la dignidad e integridad física, psíquica, sexual, a la seguridad social, a la atención integral de la salud, etc.
Pero la situación actual de la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes dista mucho del pleno goce de esos derechos. El país concentra sus peores condiciones en la infancia. Según los últimos datos oficiales, 5.135.584 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de pobreza a inicios de 2018. Esto implicaba que 46,8% de los niños, niñas y adolescentes no tienen ingresos asegurados en sus hogares para cubrir la canasta básica total. Entre 2017 y el año pasado, 992.512 niños, niñas y adolescentes cayeron en situación de pobreza y es probable que este número haya crecido en los últimos meses debido a la crisis económica.
Si bien esta foto es preocupante, la película es todavía peor. Esta mayor concentración de la pobreza en los niños, niñas y adolescentes, que se conoce como infantilización de la pobreza, se viene consolidando. Entre 2003 y 2018, aumentó el ratio de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza respecto de los adultos en esa circunstancia (pasó de 1,42 a 1,89). La mayor pobreza por ingresos que experimentan los niños, niñas y adolescentes se replica también en otras vulnerabilidades.
La figura de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes puede contribuir a revertir esta situación. Algunas de las funciones de la Defensora y su equipo serán: interponer acciones para la protección de los derechos; supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de niños, niñas y adolescentes; proporcionar asesoramiento y recibir reclamos, entre otras. Además, la Defensoría deberá presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre el estado de situación de la niñez y adolescencia del país y las violaciones a sus derechos.
En marzo de 2017 se conformó la comisión bicameral del Congreso de la Nación que debía designar a la persona que lidere la Defensoría. A partir de ese momento, se inició un proceso de gran calidad institucional que incluyó la realización de un concurso de oposición y antecedentes con audiencias públicas, presentación de planes de trabajo y evaluación transparente de antecedentes. CIPPEC, como integrante de la coalición “Infancia en Deuda”, celebra la culminación de la labor de la Comisión Bicameral a partir de la designación de Defensora y sus adjuntos, que ahora deberán ser refrendados por ambas Cámaras del Poder Legislativo nacional. Las condiciones institucionales que rigieron en todo el proceso de selección contribuyen a sentar las bases para que la Defensoría tenga un rol idóneo que le permita ejercer con plena autonomía su cargo. La figura de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes puede reducir la amplia brecha entre las normas que garantizan los derechos de esta población y su efectivo cumplimiento.
