En la Argentina, más del 40% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza. En este contexto, la inversión pública en estos grupos debe ser una prioridad. En primer lugar, porque así se puede garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, de lo que el Estado es garante. En segundo lugar, porque apostar a los niños es apostar al desarrollo sustentable.
Durante el debate parlamentario en el que se aprobó el presupuesto para este año, el Congreso de la Nación hizo uso de sus facultades para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de niñez y adolescencia. Este incremento explícito se vio reflejado en mayores recursos para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Comisión Bicameral encargada de la selección del defensor del niño y la Defensoría del Niño. La suma de estas adiciones llegó a 932 millones de pesos, necesarios para mantener niveles de inversión de años anteriores, tal como dispone la ley 26061 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, sancionada en 2005.
Sin embargo, y a pesar de la relevancia que reviste la inversión en la niñez, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la decisión administrativa de asignación de créditos del 11 de enero, no incluyó dentro del presupuesto 2019 este monto adicional. Distribuyó las partidas según el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso, sin considerar las modificaciones que realizó el Poder Legislativo. En consecuencia, la decisión administrativa asigna a la Senaf un 25% menos de los recursos que ejecutó en 2018. Esto se traduce en una disminución de la capacidad de este organismo para implementar políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes, y fortalecer las capacidades de las familias en sus tareas de crianza, enseñanza y cuidado.
El Ejecutivo puede reasignar las partidas presupuestarias a lo largo del año fiscal e incluir los fondos adicionados a las políticas de infancia y adolescencia durante el debate legislativo. Sin embargo, esta discrecionalidad atenta contra la ley 26061, que establece que los recursos que se destinan a la infancia nunca pueden ser inferiores a los asignados en el período anterior. Las condiciones macroeconómicas desfavorables no pueden servir de excusa para el recorte de la inversión en niñez y adolescencia, menos aun cuando el Congreso de la Nación estipuló explícitamente fondos adicionales para políticas dirigidas a esta población. En definitiva, condicionar la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes a la volatilidad macroeconómica implica supeditar los derechos de quienes merecen mayor protección y la sustentabilidad del largo plazo a la miopía de la coyuntura.
Fuente: Infobae
