Publicado el 27 de junio de 2024

En un mundo atravesado por el desarrollo tecnológico, la automatización de procesos y el avance de la inteligencia artificial, sólo alcanzaremos un Estado eficaz si impulsamos el fortalecimiento de sus capacidades para diseñar, implementar y hacer cumplir las políticas públicas de manera efectiva. En ese sentido, la incorporación de nuevas tecnologías ofrece una oportunidad única para enfrentar problemas complejos y brindar bienes y servicios de mayor calidad que respondan a las demandas ciudadanas. 

Sin embargo, este escenario configura importantes desafíos para las administraciones públicas, que deben adaptarse al cambio y a nuevas lógicas de articulación. Para ello, se vuelve todavía más necesario contar con un cuerpo de agentes públicos profesional, con las capacidades y competencias necesarias para afrontar las nuevas realidades. En el Día del trabajador y de la trabajadora del Estado, reflexionaremos sobre la importancia de la profesionalización del empleo público para impulsar procesos de innovación y transformación pública digital.  

La profesionalización del empleo público en clave federal 

El empleo público en nuestro país tiene una complejidad multidimensional vinculada en gran parte a su composición. En Argentina, las personas trabajadoras en el ámbito estatal de las provincias y los gobiernos locales constituyen cerca del 80% del empleo público total, lo que cobra sentido por la propia organización federal, pero también por los procesos de descentralización administrativa en la década del 70 y la década del 90. 

Por otro lado, esto guarda una estrecha relación con la distribución sectorial, ya que la provisión de servicios esenciales está a cargo mayoritariamente de las provincias, y en menor medida de los gobiernos locales: más del 60% del empleo público se concentra en los sectores de Educación (31%), Salud (18%) y Seguridad (13%), mientras que el 38% restante se encuentra en la Gestión Administrativa y otros (Blutman y Cao, 2022).  

Esa mirada federal sobre el empleo público permite capturar de manera más precisa las heterogeneidades que lo caracterizan y también ayudan a repensar cómo fortalecer las capacidades estatales donde los recursos humanos son la piedra angular. En este sentido, son múltiples las dimensiones a atender vinculadas entre sí: los sistemas de ingreso, los regímenes de empleo, el desarrollo y estructura de la carrera, y la formación de los agentes estatales. La capacitación y profesionalización del empleo público contribuyen de manera sustancial a la calidad de la acción estatal y al desarrollo de quienes la llevan a cabo. 

Sin embargo, esta composición configura la necesidad de un abordaje integral de las políticas de capacitación y formación destinadas a los agentes públicos, incorporando una perspectiva federal que apunte a fortalecer las capacidades subnacionales, en las que la transformación pública digital tiene más posibilidades de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. 

Capacidades para la Transformación Pública Digital 

Las implicancias de la era digital en el empleo público tiene dos dimensiones principales. En primer lugar, se necesitarán nuevos perfiles con un alto nivel de especialización en saberes tecnológicos, con capacidades estratégicas y blandas para facilitar la adaptación de la acción estatal a los cambios. En segundo lugar, la incorporación de la tecnología afectará a diferentes roles y funciones de los agentes públicos. La automatización de algunos procesos y tareas tendrá consecuencias en los puestos de trabajo, por lo que la reconversión de determinados perfiles debe tenerse en cuenta a la hora de pensar las capacidades en esta nueva era.  

En este contexto, las políticas de formación y capacitación destinadas a los agentes estatales cumplen un rol esencial para los procesos de innovación en las administraciones públicas, permitiendo construir y desarrollar capacidades ante el avance de la tecnología. Estas políticas deben ser acompañadas por la planificación de los recursos humanos, promoviendo la incorporación y retención de perfiles vinculados a la tecnología, por lo que se deberán abordar modificaciones en los regímenes y carreras de los agentes públicos que respondan a estas nuevas necesidades. 

Para eso, se debe repensar la capacitación de manera prospectiva, sostenida en el tiempo y con una lógica de actualización continua, debido a que la incorporación de muchas de las nuevas tecnologías es incipiente en el ámbito estatal, pero poseen un importante potencial para simplificar procesos, agilizar el funcionamiento de la administración y tomar decisiones basadas en evidencia. 

En este sentido, durante los últimos años se han puesto en marcha iniciativas de capacitaciones con un horizonte a largo plazo sobre las competencias necesarias para impulsar el proceso de transformación pública digital. A nivel nacional, una de las iniciativas es el Programa “INAP Futuro” diseñado desde el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), formulado alrededor de tres áreas principales: Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros, Unidad de Reorientación Estratégica de la Capacitación y Laboratorio de Innovación 4.0. 

A nivel provincial, el panorama difiere debido a los diferentes grados de institucionalización de los sistemas de capacitación existentes a lo largo del territorio. Más de la mitad de las provincias cuentan con algún Instituto u organismo dedicado exclusivamente a la formación de los agentes estatales, mientras las restantes implementan capacitaciones desde otros organismos con otras funciones. Además, según relevamientos de CIPPEC, la oferta formativa se enfoca en necesidades inmediatas y herramientas de uso cotidiano por parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado, lo que supone importantes desafíos ante la complejización de las nuevas tecnologías y las cuestiones éticas que las acompañan. 

En esta línea, es necesario incorporar a las políticas de formación el desarrollo de capacidades relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de datos y su análisis -big data- para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas, la implementación de inteligencia artificial para agilizar la acción estatal e incrementar modalidades de vinculación con la ciudadanía, y herramientas de comunicación para la coordinación interjurisdiccional. 

A la vez, esta construcción de saberes tecnológicos debe acompañarse con la puesta en valor del servicio público ante los desafíos en materia de ética pública, integridad, protección de datos y transparencia que se presentan en la implementación de las tecnologías de vanguardia.  

Las transformaciones para que nuestro Estado sea mucho más capaz son necesarias y profundas, y Argentina cuenta con el talento humano para afrontarlas. Tenemos un nivel significativo de start ups tecnológicas, así como de talento digital, altas competencias digitales entre la población, y un importante potencial de innovación apalancado en un buen uso de GovTech a nivel local. Esa realidad convive con una alta profesionalización de nuestros empleados públicos: el 74% del personal directivo del Estado tiene títulos universitarios o superiores.  

Desde CIPPEC trabajamos por la implementación de políticas y estrategias que profesionalicen el empleo público y aceleren la transformación digital del Estado. Estas iniciativas son esenciales para mejorar la eficiencia gubernamental, promover la transparencia y fomentar un desarrollo económico sostenible en Argentina. Con una administración pública más competente y tecnológicamente avanzada, nuestro país podrá enfrentar mejor los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades que surjan en el camino hacia su desarrollo. Nuestro especial saludo a quienes cada día trabajan por un Estado mejor, que esté a la altura de las necesidades de la ciudadanía.