Publicado en septiembre del 2020
La pandemia puso en el centro del debate político la calidad de la información pública. Los datos usados por el Estado para informar la evolución del COVID19 y la justificación de medidas como el aislamiento social preventivo y obligatorio, pusieron en primer plano las deficiencias de algunos sistemas de información vinculados con la gestión sanitaria. En estos meses de pandemia hemos visto demoras en la carga, duplicación de registros, y hasta falta de precisión en la lectura de los datos.
Con la información pública, entonces, no alcanza. El Acceso a la Información Pública es uno de los derechos (DAIP) fundamentales para ejercer una ciudadanía activa en un estado democrático. La implementación de la Ley de Acceso 27.275 muestra avances significativos (84% de sus acciones se ejecutaron) para garantizar el ejercicio efectivo del derecho. Se pusieron en marcha las Agencias, sus mecanismos de coordinación y se desarrollaron capacidades. Todos logros importantes para un Estado que enfrenta los desafíos de mejorar el presupuesto específico para esta agenda tanto como avanzar en el seguimiento y evaluación del derecho. Sin embargo, no es suficiente.
Si la información pública es un insumo crítico, la producción de datos de calidad es todavía una deuda clave para expandir el derecho y mejorar la toma de decisiones. Los datos que produce el Estado son difíciles de leer, bajar y manipular. La recolección, producción y uso de datos estatales es mejorable.
Logrado el acceso, ahora hace falta calidad de datos. La gestión (producción, administración y uso) de información pública de calidad es uno de los activos más importantes para tomar decisiones. Por eso es crítico pasar del acceso a la calidad de la información pública. Datos con estándares precisos “en origen”, correctamente gestionados y publicados en formatos abiertos son un insumo indispensable para mejorar el debate y la agenda política.
Existen estándares que se pueden seguir e implementar durante la producción. Exactitud, datos que representen correctamente entidades o eventos del mundo real; puntualidad y agilidad en la carga; consistencia (que no presenten contradicciones), exhaustividad, que posean todos los elementos necesarios y disponibilidad (que sean accesibles) son criterios centrales que se logran con sistemas de información robustos capaces de producir en tiempo real información de calidad desde el punto de origen.
También la gestión es una oportunidad de mejora. Implementación con conformidad (que sigan las normas aceptadas); credibilidad, que se entienda que los datos son de fuentes confiables; accesibilidad, que sean legibles; y relevancia donde la cantidad de datos es adecuada son parámetros de la gestión de los datos que necesitan estar en la discusión.
Los datos sobre planes y programas
Los datos y registros administrativos que se recopilan a partir de planes y programas son desparejos, sus sistemas de información tienen baja capacidad y la inversión en generación de datos es limitada. Nuestro estudio de evaluabilidad (2019) muestra que si bien uno de cada dos programas sociales nacionales cuenta con sistemas de información, en pocos casos se cumplen requisitos mínimos como la desagregación por género o frecuencia en la medición (43% tienen indicadores por género y 26% establece una frecuencia de recolección).
Sólo el 14% de los planes y programas invierte recursos en la generación de sus datos a través de evaluaciones. Al mismo tiempo, la dispersión de sistemas en los distintos ministerios es una amenaza a la integralidad de los análisis. Los datos de gestión carecen de sistemas propios y se ordenan por sectores y a demanda, antes que por la estrategia de gobierno o las metas de gestión. Esto se ve en la memoria sobre el estado de la Nación y en los informes del Jefe de Gabinete al Congreso.
La difusión de datos falla en apertura, acceso y publicidad. Se presentan desarticulados, con poca comparabilidad y trazabilidad intertemporal. Por ejemplo, en el caso de las provincias, la accesibilidad a los datos referidos a los efectos de la pandemia es menor que en el nivel nacional. Sólo 16 provincias publican datos desde la página web de sus ministerios o áreas de salud. Los 980 datasets de las 33 organizaciones que publican datos en Datos Argentina presentan información administrativa escasamente vinculada con metas de gobierno. Los datos publicados reflejan más la oferta de datos disponibles que la demanda por temas específicos.
Una agenda de reformas para datos de calidad en el Estado es posible. Necesita incluir cambios en tecnología, instituciones y participación ciudadana. Impone mejorar la tecnología disponible (el software y el hardware) para procesar y publicar datos masivos sin olvidarse de la importancia fundamental que tiene los registros administrativos. Demanda instituciones capaces de gobernar algoritmos, personas y procesos. Requiere participación activa para garantizar datos con sentido que promuevan la transparencia y respondan en tiempo real a la rendición de cuentas.
