En la Argentina, alrededor del 15% de los bebés que nacen al año tiene una madre adolescente menor de 20 años. El 67% de esos embarazos no es intencional o planificado. El embarazo no intencional en la adolescencia compromete seriamente las posibilidades de inclusión social de adolescentes y jóvenes, en tanto se da en un contexto de fuerte desigualdad socioeconómica y geográfica. Nueve de cada diez madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos y la incidencia del fenómeno es mayor en ocho provincias del noreste y noroeste: Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. Además, en todo el país, la no intencionalidad del embarazo es siempre mayor en las madres menores de 20 años que en las mujeres adultas.
El embarazo no intencional en la adolescencia precipita la interrupción de la trayectoria escolar: un 30% de las mujeres de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Además, las madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo, lo cual contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza en los hogares de menores ingresos.
La paternidad en la adolescencia, por su parte, se vincula con inserciones precarias en el mercado laboral. Las responsabilidades de cuidado que traen aparejadas la maternidad y paternidad en la adolescencia impiden una transición robusta a la vida adulta en términos educativos y laborales.
Como argumenta el Fondo de Población de Naciones Unidas, el embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo que no ocurre en el vacío. Se produce por una serie de factores que interactúan entre sí y es a la vez causa y consecuencia de que se vulneren los derechos de los adolescentes.
Los determinantes del embarazo en la adolescencia están vinculados con la pobreza; las desigualdades de género que atentan contra la autonomía de las mujeres; la falta de oportunidades de inclusión social; la existencia de un clima educativo adverso y las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Estos factores representan obstáculos para el desarrollo de proyectos de vida alternativos a la maternidad.
La magnitud de este fenómeno así como sus consecuencias y determinantes deben alertarnos sobre la necesidad de que el Estado fortalezca las políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir el embarazo en la adolescencia. La evidencia comparada demuestra que una efectiva estrategia de prevención requiere fortalecer el acceso de los adolescentes a: servicios de salud amigables, consejería en salud sexual y métodos anticonceptivos y educación sexual integral en las escuelas.
El fin debe ser potenciar las decisiones informadas de parte de los adolescentes. El énfasis en estas tres dimensiones debe inscribirse en el marco de una estrategia más amplia de juventud que garantice los derechos de los adolescentes y amplíe sus oportunidades de desarrollo y consolidación de sus proyectos de vida.
