Publicado en marzo del 2021
Cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa, llevar, buscar y volver a llevar a niños/as a la escuela y acompañar a las personas mayores a la consulta médica son solo algunas de las tareas que llevamos a cabo en la cotidianeidad. Estas actividades conforman un entramado de acciones cruciales para el sostenimiento de las sociedades y de la vida. Dada su naturaleza intrahogar, son las familias quienes realizan este aporte y, en su interior, las mujeres. Así, en su conjunto, representan un trabajo con frecuencia invisibilizado como tal, pero no por eso menos necesario: el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Por ese motivo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es también el día de los millones de mujeres que cuidan.
En Argentina, el 70% del total de trabajo de cuidado no remunerado lo realizan mujeres. La crianza de niños y niñas representa una porción significativa de estas actividades, dado que prácticamente todas las mujeres argentinas asumirán responsabilidades de cuidado en algún momento de sus vidas. Según datos de 2015, al finalizar su vida reproductiva el 91% de las mujeres eran madres (ENES, 2015). Asimismo, entre los 24 y 45 años, el 61% de las mujeres convivía con niños y niñas de hasta 12 años.
La crianza es una actividad clave para que los niños, niñas y adolescentes transiten una infancia y adolescencia disfrutable y para que desarrollen las capacidades y la autonomía suficiente que, en el futuro, les permita participar activa y provechosamente de la sociedad. Es, al igual que otros trabajos, una actividad que involucra una gran cantidad de tiempo, dinero y saberes, pero por el cual, a diferencia de otros trabajos, las personas que lo realizan no obtienen remuneración. Prácticamente todas las madres trabajan en forma no remunerada, más de la mitad cinco o más horas al día.
El trabajo de cuidado atraviesa la vida de la gran mayoría de las mujeres, pero sus oportunidades efectivas para reducir y distribuir la carga de trabajo no remunerado entre los integrantes del hogar afectaran de forma diferente sus trayectorias vitales. En efecto, las condiciones en que actualmente las sociedades afrontan la crianza de las nuevas generaciones compromete la autonomía económica –entendida como la capacidad de generar y hacer uso de recursos propios– de gran parte de las madres y mujeres que cuidan. Esto sucede en un contexto en donde el acceso al dinero y al trabajo decente es, tal como señala Kabeer (1999), una de las llaves para que las mujeres cuenten con la libertad para tomar decisiones que afectan el curso de sus vidas (CEPAL, 2016). La probabilidad de que las madres que conviven con niños y niñas en edad escolar accedan al trabajo decente –definido por la OIT como un trabajo que garantiza derechos laborales mediante el acceso a la protección social y la justa remuneración en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana– es menos de la mitad que la de los padres varones, brecha que se amplía al desagregar los datos por nivel educativo (Gráfico 1)[1]. Además hay diferencias socioeconómicas entre mujeres: la brecha en el acceso a ingresos propios y al trabajo decente supera los 20 puntos porcentuales entre mujeres que terminaron el secundario y aquellas que no.
Gráfico 1. Porcentaje de personas con hijos/as que acceden un trabajo decente, por sexo y nivel educativo. Total país. 2015.
Fuente: elaboración propia en base a ENES (2015)
La baja corresponsabilidad del Estado y el mercado con la organización social del cuidado deriva en que la mayor parte del trabajo de cuidado se realice en forma no remunerada al interior de las familias. En este espacio, la división sexual del trabajo conduce a que el trabajo no remunerado implicado en la crianza recaiga desproporcionadamente en las mujeres.
Cuando las familias afrontan una carga de trabajo no remunerado menor, logran atenuar las consecuencias del pacto implícito de género que direcciona a las dinámicas familiares de cuidado. Así, las familias conformadas por madres que acceden al trabajo decente tienen menos niños y niñas para cuidar y una mayor proporción accede a espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) y otros servicios de apoyo al cuidado, lo que reduce su dedicación horaria al trabajo no remunerado (Gráfico 2). En cambio, las familias cuyas madres no trabajan en forma remunerada o acceden a trabajos remunerados sin condiciones laborales decentes suelen tener más niños/as, mientras que utilizan en menor proporción los servicios de apoyo al cuidado. Esto incrementa la carga de trabajo no remunerado total del hogar y las horas que las madres destinan al cuidado.
Gráfico 2. Relación entre categoría ocupacional, nivel educativo y cuidado de hijos/as. Total país. 2015.
Fuente: elaboración propia en base a ENES (2015)
Así, el panorama reciente revela que, pese a que la inmensa mayoría de las mujeres cuida en algún momento de sus vidas, las condiciones laborales y socioeconómicas en las que lo hacen varían y tienen diferentes implicancias sobre su autonomía económica. En promedio, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad laboral y menor nivel educativo tienen más hijos/as, lo que impacta en su carga de trabajo de cuidado y esto restringe aún más sus oportunidades económicas. En cambio, en los estratos socioeconómicos más altos, el trabajo de cuidado no remunerado implica una menor dedicación de las madres, liberando así tiempo para realizar otras actividades.
En tiempos de COVID-19, estas brechas se acentúan, dado el incremento de la demanda de cuidados que impacta de manera directa en la organización de las familias y en el tiempo de las mujeres. En este marco, las políticas públicas tienen un rol crucial para reconocer el cuidado como un trabajo y garantizar la equidad en las condiciones en las que las familias de distintos sectores socioeconómicos, y en especial las mujeres, lo realizan.
El cuidado como un derecho y un trabajo
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos convoca para reconocer el valor del cuidado como un trabajo e impulsar su redistribución para promover las autonomías de las mujeres. Los déficits que encuentran hoy las mujeres, y en especial las mujeres madres, en el goce de sus derechos económicos se vincula con la pobreza de tiempo que genera la asimétrica división sexual del trabajo y tiene implicancias para el bienestar de las familias. Es imperioso el rol del Estado como garante del derecho a cuidar y ser cuidado/a en condiciones dignas.
Los avances realizados desde el Poder Ejecutivo Nacional para abordar las políticas de cuidado de manera sistémica son notables: durante el último año se conformó la Mesa Interministerial de Cuidados y una comisión redactora de un proyecto de ley para la creación de un sistema integral y federal de cuidados.
En paralelo a estos esfuerzos de coordinación, será preciso avanzar en el fortalecimiento de los tres pilares que hacen a una organización más justa y equitativa del cuidado.
- El tiempo, a través de la implementación de licencias universales, que incluyan a trabajadores/as independientes y en la informalidad, que se adapten a los diversos formatos familiares y que promuevan la corresponsabilidad. Será central el seguimiento de cómo se implementan las licencias establecidas para padres y madres con hijas e hijos en edad escolar para analizar su impacto tanto en términos de la brecha socioeconómica entre trabajadores formales que perciben estas licencias y otros trabajadores, como en términos de la brecha de género.
- El dinero, mediante la expansión de los esquemas de transferencias a las familias. Mucho se avanzó en este punto en el último año: se reforzaron las transferencias preexistentes (con bonos a la AUH y AUE, por ejemplo), se crearon nuevas transferencias regulares (como la Tarjeta Alimentar, o la Asignación por Cuidado de Salud Integral), y se hicieron transferencias excepcionales (como el Ingreso Familiar de Emergencia). La mayoría de estas transferencias no están explícitamente dirigidas a apoyar la resolución del cuidado, pero en los hechos fortalecen los recursos con los que cuentan las familias para cuidar. El desafío que se enfrenta actualmente es articular estos distintos esquemas para consolidar un verdadero piso de protección social que sea universal (cerrando potenciales brechas de cobertura) y que no genere inequidades.
- Los servicios, en particular, la provisión de espacios CEC de calidad. El presidente Fernández anunció en su discurso la apertura de “800 jardines en todo el territorio nacional”. Será clave que esos jardines se establezcan en las jurisdicciones de menor cobertura y mayores necesidades. Así, se podrá contribuir a la redistribución y reducción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres.
A su vez, para visibilizar y reconocer el valor del trabajo no remunerado, es crucial avanzar en la senda comenzada por el Ministerio de Economía con la medición de su contribución al PBI e implementar encuestas periódicas que indaguen en el uso del tiempo de las personas y las familias. Este reconocimiento debe ir acompañado de un salario adecuado y la representación de las cuidadoras remuneradas. Esto implica garantizar derechos a las trabajadoras como también mejorar las condiciones en las que se provee el cuidado asegurando condiciones de trabajo decente.
Las brechas socioeconómicas entre los géneros y entre mujeres de distinto nivel socioeconómico también urgen a implementar políticas educativas, laborales y de protección social desde una perspectiva de género. Estas intervenciones podrían apuntar a garantizar la finalización del tramo de escolarización obligatorio y a sostener la participación laboral femenina mediante la consideración de medidas de conciliación trabajo/estudio-familia. También sería preciso avanzar con medidas de mercado de trabajo que afiancen las estrategias de formalización laboral y aseguren condiciones dignas de empleo con el fin de promover las oportunidades de trabajo decente. Un sector especialmente clave, en este aspecto, es el del trabajo doméstico. Por último, las políticas de protección social destinadas a garantizar ingresos y el acceso a bienes y servicios básicos, con foco en las familias con niños/as, las personas mayores y las desempleadas podrían garantizar un umbral mínimo de bienestar a las poblaciones más vulneradas. La transversalización del enfoque de género en todo el ciclo de estas políticas será crucial para promover su implementación con equidad y para que la maternidad no coloque a las mujeres en situación de desventaja.
Las intervenciones que contribuyen a la igualdad de género y al cuidado de calidad, no son percibidas como prioritarias en un contexto de crisis. Sin embargo, la igualdad de género es un prerrequisito para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. La evidencia es clara en demostrar que son políticas que tienen efectos multiplicadores que puede catalizar impactos positivos en términos de mitigación de la pobreza, reducción de la desigualdad y promoción de la reactivación económica.
En Argentina contamos con todos los elementos que pueden constituir a un Sistema Integral y Federal de Cuidados. Es necesario fortalecerlos, y, sobre todo, integrarlos para cerrar brechas socioeconómicas y de género. El aislamiento y la caída de actividad profundizada por la pandemia visibilizó la crisis del cuidado que enfrenta cada familia y, a nivel agregado, que enfrentamos todos/as como sociedad. Es también necesario que este reconocimiento ahora derive en una mayor participación de todos los sectores y actores en generar consensos y acciones concretas para su resolución, siguiendo el liderazgo estatal. Se trata de un problema que afecta nuestro presente y futuro, y su solución puede ser también una estrategia de desarrollo.
Bibliografía
CEPAL, N. (2016). Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible.
Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and change, 30(3), 435-464.
[1] Para las estimaciones realizadas en este artículo con los datos disponibles en la ENES (2015), se considera el trabajo decente como el trabajo que realizan las personas en forma remunerada, asalariadas con descuento jubilatorio y remuneración equivalente o superior al valor de un salario mínimo, vital y móvil.
