La primera infancia es una etapa crucial para la vida de las personas. Sin embargo, la Argentina concentra las peores condiciones de vida en los niños y tiene serias dificultades para garantizarles a todos ellos, sin importar el lugar donde nazcan y vivan, el efectivo ejercicio de sus derechos.

En primer lugar, en nuestro país casi la mitad de los menores de 15 años vive en situación de pobreza (45,8%), porcentaje que supera ampliamente el 30,3% referido a la población general (EPH II semestre 2016). Esta situación, conocida como infantilización de la pobreza, vulnera el derecho de todos los niños a tener un nivel de vida digno y se verifica también con mediciones que van más allá de lo monetario: en 2010, 20,5% de los niños de 0 a 14 años vivía en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), frente a 9,7% de los mayores a esa edad.

Por otro lado, solo la mitad de los niños accede al derecho a ser cuidado por sus padres en los primeros meses de vida, en tanto solo uno de cada dos trabajadores tiene licencia por maternidad o paternidad, dependiendo de su categoría ocupacional en el mercado laboral.

Además, en el régimen actual de licencias, los padres solo gozan de dos días consecutivos por nacimiento de cada hijo, lo que impacta negativamente no solo en el desarrollo de los niños, sino también en el desarrollo laboral de las mujeres.

Por último, el derecho a recibir servicios de educación y cuidado de calidad también está siendo vulnerado. Entre 2011 y 2012, a nivel nacional solo el 32% de los niños de hasta cuatro años accedía a servicios educativos y de cuidado en establecimientos de desarrollo infantil formales o informales y el porcentaje de asistencia presenta grandes heterogeneidades por edad (MDS y Unicef, 2013). Esta situación se explica en parte por la decisión familiar de no enviar al jardín a los niños desde tan chicos, pero los datos también sugieren que la falta de oferta de servicios públicos de cuidado para los más pequeños tiene gran peso en esta distribución del acceso.

El desigual acceso a los derechos por parte de los niños requiere de acciones urgentes. El Estado debe garantizar las políticas y las instituciones necesarias para protegerlos y revertir la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran a través de una estrategia integral que incluya, al menos, tres ejes: la garantía de un ingreso básico; la universalización y extensión del régimen de licencias por paternidad y maternidad con un enfoque de coparentalidad; y el acceso a servicios de educación y cuidado de calidad. El desarrollo de las políticas específicas que constituirán estos tres pilares encuentra en la designación del Defensor del Niño un correlato fundamental. Esta figura, vacante hace más de una década, tendrá la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de promover las articulaciones necesarias para garantizarlos. Los niños ya no pueden esperar más.