El ex diputado nacional y actual investigador del Cippec, Walter Agosto, considera que para analizar la reforma fiscal que propone el gobierno, hay que tener en cuenta dos cuestiones: “que Argentina tiene niveles de gasto público y presión tributaria similares a los de los países desarrollados pero los bienes y servicios que provee distan mucho en calidad y cantidad de aquellos; y que el sistema tributario es complejo, ineficiente, le falta equidad y tiene una elevada evasión. Esto es, la gente tiene una alta demanda por gasto público pero a la vez tiene una alta reticencia a pagar impuestos”.

“Sumando Nación, provincias y municipios; la presión tributaria es de 34 puntos del PBI, igual al promedio de los países desarrollados y casi 12 puntos por encima de los de América Latina. Sin embargo, no es posible financiar de manera genuina el gasto público. Por lo tanto hay desequilibrio fiscal y eso le impone un gran condicionamiento a cualquier iniciativa de reforma tributaria. Si la presión es alta uno de los objetivos de la reforma debería ser bajarla. Pero si a la vez hay desequilibrio fiscal esa reducción no puede ser de la magnitud que la economía pueda requerir o los agentes económicos demanden, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ha tomado un camino de gradualismo fiscal. Es decir que tiene un margen acotado para la reforma”, explica.

-Se avanza sobre varios temas. Por ejemplo en la relación con las provincias.

-El proyecto de reforma, cuyo articulado aún no se conoce, es la base de todas las iniciativas que generan efecto sobre las provincias, pero no es la única. En el caso de la tributaria, los efectos vienen por el lado de la reducción de impuestos que son coparticipables. Pero además el gobierno promovió dos iniciativas fiscales que ingresaron por Diputados que son la prórroga del impuesto al cheque y el establecimiento de un revalúo, que también afectan a las provincias. Y finalmente un proyecto de ley de responsabilidad fiscal.

-¿Evaluaron el impacto?

-Si lo han hecho no lo han dejado trascender. Y no es posible evaluarlo hasta no conocer el texto completo de la reforma. Por lo que se anunció hasta ahora, el objetivo es bajar costos empresarios con el objetivo de mejorar la inversión porque Argentina tiene una tasa muy baja, el 14 por ciento del PBI, que apenas permite reponer la depreciación del stock de capital. ¿Que propone? En primer término reducir del 35 al 25 por ciento el impuesto a las Ganancias corporativo para las empresas que reinviertan sus utilidades. En segundo lugar establece la posibilidad de disminuir cargas patronales a partir de un mínimo no imponible de 12 mil pesos. En tercer lugar plantea la posibilidad de ir pagando a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque hasta llegar al 100 por ciento en cinco años. Lo ideal sería eliminar pero pero no lo hacen porque es un fácil de recaudar y porque los que no pagaban Ganancias ahora lo harían y los que pagan lo podrían deducir. Y finalmente establece la posibilidad de una rápida devolución de los créditos fiscales de IVA en los casos que se realizan inversiones porque hoy se generan saldos a favor del contribuyente que quedan inmovilizados durante mucho tiempo y afectan el capital de trabajo.

-Pero no son las únicas medidas propuestas….

-Además hay una modificación en el esquema de impuestos internos donde a algunos bienes se le aumentan impuestos, como a todos los que tienen alcohol, y a otros se le quitan o reducen como a los electrónicos. Aquí hay tensiones porque se afecta el comportamiento de algunas economías regionales y seguramente habrá un debate intenso. Por último está el denominado impuesto a la renta financiera. La idea es tratar de hacer un aporte de mayor equidad al esquema tributario y la intención del gobierno es gravar la renta de los plazos fijos, las Lebac y las inversiones en bonos que hoy están exentas con un 5 por ciento en el caso de las en pesos y un 15 por ciento en dólares o instrumentos indexados, a partir de un determinado monto En este caso se han planteado objeciones de tipo legal para las emisiones ya hechas, fundamentalmente en el exterior.

-Seguramente el gobierno y el Congreso le van a hacer modificaciones.

-Ni hablar. Esta reforma tributaria va a tener un tratamiento muy intenso en el Congreso.

-¿Cómo afectan a las provincias?

-En términos netos se estima que en el impuesto a las Ganancias va a haber una reducción, que todavía no podemos cuantificar, lo que disminuirá la coparticipación para las provincias. El tema central es el pago a cuenta de Ganancias del impuesto al cheque. En términos netos a las provincias se coparticipa un 15 por ciento del total del impuesto al cheque. Esto no se toca. Pero si utilizo lo que pago a cuenta de Ganancias, estoy reduciendo la recaudación de este impuesto, que se coparticipa en un 50 por ciento. Esto va a generar un efecto negativo y habrá que ver de que manera las provincias se defienden. La otra viene por el lado del revalúo, que se impulsa porque las empresas que invierten no pueden ajustar sus balances por inflación. La posibilidad sería optativa, por eso tampoco sabemos cuál va a ser el impacto. De ser sancionada, para revaluar el gobierno establece el cobro de un impuesto especial cuya recaudación será afectada al Anses. Y va a significar que las empresas paguen menos Ganancias, otra reducción en la recaudación que, estiman, sería importante. Finalmente hay una situación que deriva del proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que establece de manera genérica que las provincias se comprometen a no aumentar impuestos que recaigan sobre la producción y el trabajo. Detrás de esto el gobierno está planteando implícitamente la necesidad de empezar a analizar la reducción del impuesto a los ingresos brutos que es el 75 por ciento de la recaudación provincial.

-¿Hasta dónde las provincias pueden negociar la reducción del cobro de ingresos brutos? Porque se desfinancian.

-Es el principal recurso. Pero hay un hecho que hace presumir que algunas medidas en esa dirección van a empezar a madurar. La primera de ellas fue la decisión que dos jurisdicciones del mismo signo político del gobierno nacional, Buenos Aires y Capital Federal, de establecer una reducción de ingresos brutos que se les cobra a las firmas extra juridsdiccionales. Lo hizo Córdoba también. En el caso de Santa Fe lo va a tener que hacer por un fallo de la Corte.

-¿Hay posibilidades de bajar algunas alícuotas?

-Me da la sensación que la primera fase de reforma en materia de ingresos brutos va a venir impulsada de esta manera. El resto de las reformas que el gobierno nacional propone -como el de bajar alícuotas y rebalancearlo con una suba de los patrimoniales como el inmobiliario para que no pierdan ingresos- va a necesitar una mayor discusión.

-¿Cuánto implica en porcentaje los impuestos patrimoniales sobre el total de la recaudación?

-El 9 por ciento. Sellos, que también está en la mira, representa entre un 10 y un 11 por ciento.

-Con lo cual es bastante difícil reemplazar ingresos brutos por el inmobiliario.

-Por supuesto, pero a lo que se apunta, al menos eso es lo que dejó trascender el gobierno, es a tratar de avanzar en una mejora en las valuaciones, no tanto en las alícuotas.

-¿Qué es lo que propone el gobierno en materia de gastos?

-El proyecto de ley de responsabilidad fiscal establece que tanto la Nación como las provincias no pueden aumentar el gasto corriente neto de algunos rubros más allá de la inflación. Esta iniciativa tiene como variable de control la evolución del gasto mientras que la que rigió hace 10 años lo hacía sobre los resultados financieros. Por eso los presupuestos, tanto el nacional como el de las provincias, tienen una proyección de aumento de gastos de entre el 16 y el 17 por ciento para el año próximo, en línea con la pauta de inflación. El desafío es cumplirlos. Por otro lado tiene para el caso de ambas jurisdicciones una disposición por la cual no se puede aumentar la planta de personal en términos de población y establece que en los seis meses previos a la finalización del mandato no se pueden incorporar gastos que comprometan de manera permanente el presupuesto. Finalmente establece límites al endeudamiento, aunque de manera asimétrica: mientras que las provincias no podrían pagar por amortización e intereses de deuda más del 15 por ciento de sus recursos totales menos lo que les corresponde por coparticipación a los municipios y comunas; la Nación no tendría ningún límite. Eso seguro va a plantear un debate importante.

-¿Qué vigencia tienen los pactos fiscales?

-Fueron vulnerados y modificados a través de leyes provinciales. Algunas provincias como Santa Fe tenían desgravados a los sectores productores de bienes transables como el agropecuario y el industrial. A partir de 2010 esto empezó a modificarse en algunas provincias, que volvieron a gravar a estos dos sectores, primero con una alicuota relativamente baja que después aumentaron.

Fondo del Conurbano y Caja de Jubilaciones

-Uno de los temas que seguramente va a estar incluido dentro de las discusiones es el del Fondo del Conurbano de la provincia de Buenos Aires.

-Depende de la Corte. Ni el presupuesto nacional ni en el de la provincia de Buenos Aires han incluido ninguna previsión sobre esto y además, si se analizan las declaraciones de funcionarios oficialistas como de la propia gobernadora Vidal, es como que han levantado el pie del acelerador. Si aparece este tema sobre la mesa alcanzar un consenso va a ser muy difícil. Pero la Corte lo tiene entre manos y ya demostró que actúa, como cuando falló a favor de la devolución del 15 por ciento que se le detraía a las provincias para financiar el Anses.

-El mensaje de la Corte es que al tema debería arreglarlo la política.

-En realidad los planteos mayoritarios de los gobernadores ante esta instancia judicial del Fondo del Conurbano fue pedirle a la Corte un tiempo para ver si el problema se podía arrglar en el Congreso.

-¿Santa Fe también está en condiciones de pedir que se actualice su Fondo del Conurbano?

-El de Santa Fe es muy pequeño y puede pedir la actualización, como puede pedir la actualización de otros ítems que reciben de manera fija como por ejemplo un monto fijo como gratificación por no haber transferido su deuda pública al gobierno nacional en la crisis de la convertibilidad para  que las refinancie. Este monto está igual desde aquella fecha.

-El otro tema que va a estar incluido dentro de la negociación es el previsional.

-Acá hay una gran discusión. Tenemos que ver si los gobernadores que se están reuniendo para organizar un futuro encuentro con el presidente han incluido ese tema. El tema es que no todas las provincias tienen este problema porque muchas han cedido sus cajas a la administración nacional. El gobierno nacional argumenta que no se ha cumplido con el requisito de armonización previsional por eso no aportan la totalidad del déficit. El presupuesto nacional prevé para el año próximo 14 mil millones de pesos para las cajas no transferidas, que es el mismo monto que el año pasado y la explicación es que no se ha resuelto ese tema, porque de resolverse tendría que ser un monto de dinero mayor.

-¿El objetivo del gobierno nacional es generar una nueva ley de coparticipación?

-Por el momento no. Por ahora se limita a lo que mencioné: reforma tributaria, ley de responsabilidad fiscal y algunas leyes conexas. Y no tenemos que confundir: no es lo mismo una ley de responsabilidad fiscal que una ley de coparticipación federal.