Publicado en mayo de 2021
Las elecciones y el debate legislativo son instituciones centrales de todas las democracias que debieron ser repensadas en el marco de la pandemia. El desafío no fue menor, porque en los dos casos la confianza y legitimidad descansan en gran medida en la presencialidad. Hoy, mientras se discute cómo y cuándo realizar las elecciones legislativas, se cumple un año desde que el Congreso argentino sesionó por primera vez bajo una modalidad virtual. Lo hizo tras debatirse cómo debía funcionar para mantener los niveles de producción, garantizar la participación de todos los sectores y asegurar la legitimidad de las decisiones alcanzadas. Fue más que una adaptación. Aun cuando haya espacio para mejoras, la virtualidad aseguró nada menos que la continuidad del Poder Legislativo como espacio de producción de leyes, de representación de la diversidad y de toma de decisiones.
El primer acuerdo necesario para la continuidad del debate legislativo fue, precisamente, que el Congreso debía participar activamente en la definición y el control de políticas públicas durante la emergencia. Ese primer consenso implícito llevó a legisladores de posiciones diversas, y por momentos irreconciliables, a superar las grietas y los conflictos para definir la manera de sesionar y aprobar, a fines de abril de 2020, el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto.
Un año atrás el trabajo legislativo remoto no era el camino más evidente; tampoco el más sencillo. Antes de la pandemia solo España y Paraguay permitían el voto a distancia para casos puntuales. Y entre marzo y octubre de 2020, de las 68 legislaturas relevadas por CIPPEC 36 reunieron sus comisiones de forma virtual, 27 habilitaron sesiones plenarias a distancia y solo 24, es decir un 35%, permitieron el voto remoto.
En nuestro país, durante el primer año de pandemia la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) adaptó sus procesos para que diputados y diputadas pudieran debatir y sancionar leyes sin presencia física en un mismo espacio. Esto significó mucho más que tener reuniones por videoconferencia; implicó una modificación en la organización del trabajo parlamentario, el ingreso de los proyectos, las firmas y hasta los mecanismos para dar quórum, pedir la palabra y votar. Y con eso, la adaptación de prácticas informales como la capacidad de coordinación y negociación que tienen las y los legisladores para transformar meras posibilidades en apoyos, votos y leyes.
Los datos muestran que la tecnología posibilitó la continuidad del funcionamiento del Congreso: 18 sesiones híbridas -entre ordinarias y de prórroga- con un 94% de presentismo, más de 200 sesiones de comisión, 70 proyectos de ley sancionados durante el período legislativo 138 y más de 4600 proyectos —de ley, resolución y declaración— presentados desde el 13 de mayo de 2020 en la Cámara Baja. Son también prueba de su involucramiento en la definición de políticas públicas la sanción de leyes tales como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Plan de los 1000 días y el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo.
La continuidad del debate legislativo, incluso en modalidad virtual, es un elemento de estabilidad para nuestra democracia. Pero en todos los ámbitos en los que irrumpe la tecnología, es de esperarse la transformación. Como en los primeros meses de 2020, es preciso que la política se reencuentre en aquella zona de consensos para guiar y dirigir los próximos pasos en este proceso. Es necesario que el efecto transformador de la tecnología redunde en cambios cualitativos que potencien la actividad del Congreso, que permitan una mayor apertura, más transparencia y mayor cercanía entre representantes y ciudadanía.
