Publicado en diciembre de 2021

Durante 2021, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación desarrolló su propio código de ética en forma participativa. Sin embargo, aún son escasas este tipo de iniciativas a nivel ministerial en Argentina. Su impulso evidencia un largo camino por recorrer y pone en contexto la importancia de construir cultura de transparencia, integridad y prácticas éticas en la administración pública nacional.

¿Qué es un código de ética y por qué es importante para la administración pública nacional? 

En el ámbito gubernamental, el código de ética es un documento que contiene los principios éticos y las pautas de conducta que guían el desarrollo de las tareas cotidianas de quienes ejercen la función pública. Se trata de una herramienta que no busca reemplazar, sino que complementa y debe estar en línea con el marco normativo sobre ética en la función pública argentino. Las principales normas sobre ética pública son la Ley N° 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública y el Decreto N° 41/1999 Código de Ética en la Función Pública. Los principales deberes éticos de los funcionarios y empleados públicos en el marco normativo vigente son:

• Velar por el bien común, con lealtad al país por sobre las vinculaciones con personas y partidos políticos
• Ser idóneos y capacitarse para sus funciones
• Preservar su independencia de criterio y el principio de equidad, no pudiendo aceptar situaciones en que sus intereses personales, laborales o económicos entren en conflicto con el cumplimiento de sus funciones
• Ser responsables y actuar con diligencia sobre sus temas a cargo
• No divulgar información y utilizar las prerrogativas de sus cargos únicamente para el cumplimiento de sus obligaciones
• Denunciar todos los actos ilícitos o que pudieran causar perjuicio al Estado
• Hacer un adecuado uso de los bienes del Estado
• No designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo sin ser idóneos
• No ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local
• Declarar viajes y obsequios
• Presentar declaraciones juradas patrimoniales integrales (autoridades y cargos intervinientes en administración de fondos)

Los códigos de ética específicos de los organismos deberían dar respuesta a los planteos y dilemas morales que se presentan con las particularidades de su actividad específica, y en esto radica justamente su utilidad. La cotidianeidad puede plantear situaciones complejas en las cuales prácticas contrarias a la ética pueden no ser evidentes. 

El desarrollo de un código de ética no es un punto de llegada, sino un punto de partida: para que sea conocido y realmente apropiado por las personas que afecta –que son en definitiva quienes enfrentan dilemas morales en su día a día– debe trabajarse activamente. Estos códigos no refieren solamente a aspectos vinculados a la corrupción, sino que el concepto de ética conlleva también nociones más amplias como la no discriminación y el respeto en los ámbitos laborales.    

Para 2021, el presupuesto destinado al Ministerio de Obras Públicas es de $288 mil millones (ASAP, 2020). Entre sus responsabilidades se encuentra la planificación y la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo productivo equitativo del país, teniendo en cuenta la creación de puestos de trabajo, la promoción de la inclusión social y la igualdad en el acceso a los servicios públicos; y su misión dialoga con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Según estimaciones de la OCDE (2017), la corrupción genera un sobreprecio en el costo de la obra pública que oscila entre un 10% y un 30%. La obra pública es considerada uno de los ámbitos más riesgosos en términos de prácticas contrarias a la ética en función de los montos de los contratos que se administran y la variedad y sofisticación que pueden adquirir estas prácticas bajo una apariencia de normalidad en las contrataciones.  

Un código de ética no resuelve por sí mismo aspectos del funcionamiento de los organismos públicos y del sistema político ligados a la falta de ética. En este sentido, los mecanismos de control en puntos claves de procesos críticos son esenciales. La creación de un código, en la medida en que se trabaje también activamente en su difusión, capacitación y actualización, es una primera piedra angular para contribuir a crear la denominada cultura de la integridad. 

Una mirada hacia la región 

En los años recientes se observa una proliferación de este tipo de normativas en la región:

La perspectiva regional de códigos de ética formulados sobre instituciones similares al Ministerio de Obras Públicas puede resultar instructiva para identificar los temas que cobran relevancia en la gestión de estos organismos. 

La transparencia y la responsabilidad por parte de quienes ejercen la función pública en el uso de los recursos del estado constituye un punto de especial centralidad en estas regulaciones. El trato igualitario a proveedores y contratistas, como así también la imparcialidad en los procesos de selección y adjudicación de proyectos son temas transversales a estas normativas. 

En todos los casos se  hace referencia a la necesidad de contemplar que las obras públicas se desarrollen en armonía con el cuidado del medio ambiente, lo que da cuenta de otro aspecto específico que cobra relevancia en la práctica de estas entidades. 

La problemática de género se hace también presente en los códigos más nuevos. Mientras que en las normativas de Paraguay y Colombia está ausente, este eje aparece como una variable más de regulación de la convivencia interna y las relaciones laborales en el resto de los códigos relevados. 

La situación en Argentina 

El código de ética del Ministerio de Obras Públicas presenta 7 principios que reúnen aspectos claves del desenvolvimiento de este organismo: la integridad en el ejercicio de las funciones; el uso de recursos públicos; mecanismos para denunciar la falta de integridad y  regular sobre el conflicto de intereses; la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente; el respeto a la diversidad y la inclusión, aspectos atravesados por la perspectiva de género. 

Si bien no existe una normativa que obligue a los organismos públicos a desarrollar sus propios códigos de ética, este ejercicio es una recomendación de las autoridades de control. Actualmente, con la colaboración de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, se encuentra en desarrollo por parte de la Oficina Anticorrupción la Estrategia Nacional de Integridad que establece recomendaciones en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, y señala la necesidad de crear códigos de ética para cada una de las entidades públicas.

En Argentina hubo algunos avances en la elaboración de códigos de ética, como es el caso de la AFIP, ANSES y la Dirección Nacional de Vialidad. Para las empresas con participación estatal, su elaboración es mandatoria a partir de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal, que insta a a desarrollar un Programa de Integridad en el que un código de ética o conducta constituye uno de sus elementos. Sin embargo, aún son escasas las iniciativas a nivel ministerial nacional, lo que evidencia un largo camino por recorrer y pone en contexto la importancia que adquiere la sanción del código de ética del Ministerio de Obras Públicas.