En los últimos 30 años, la pobreza siempre afectó a 25 por ciento o más de la población del país. La pobreza deriva en múltiples vulneraciones de derechos de las personas que la padecen y además impide un desarrollo social y económico sustentable del país en su conjunto. En consecuencia, se trata de uno de los principales desafíos del país. A menudo se piensa en la pobreza como una situación homogénea, que afecta a quienes se encuentran en ella de igual modo. Sin embargo, hay múltiples formas de vivir esta situación en la Argentina. Atender a esa diversidad es fundamental para diseñar e implementar políticas públicas específicas para cada escenario.

Hay una dimensión temporal que es preciso tener en cuenta. Alrededor del 28 por ciento de las personas en situación de pobreza la empezaron a experimentar en los últimos dos años, como consecuencia de la recesión económica, la espiral inflacionaria, la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En el caso de estos “nuevos pobres”, la respuesta del Estado debe estar orientada a la promoción de medidas económicas y laborales que permitan generar puestos de trabajo decente y cubrir así sus necesidades de consumo. Aquí, el crecimiento económico juega un rol fundamental, dado que viene acompañado de oportunidades de empleo para esta clase media empobrecida.

No obstante, existe otro grupo de personas que padece la pobreza de forma crónica. Es el 10 por ciento de la población con menores probabilidades de salir de esta situación de vulnerabilidad, incluso en períodos de alto crecimiento económico. Las respuestas de política pública son diferentes en este caso. Primero, porque según un estudio de CIPPEC, PNUD y CEDLAS, esta población está inserta en el mercado laboral. Sin embargo, ocupan puestos de trabajo de baja calidad, informales, con remuneraciones esporádicas y sin acceso a la protección social. Las intervenciones públicas deben, entonces, estar orientadas a la mejora de la calidad de esos empleos, mediante políticas de fiscalización y formalización laboral. Segundo, porque las brechas de género en la participación laboral se amplían respecto de la población no pobre. Esto es producto de las mayores responsabilidades de cuidado y la ausencia de servicios de crianza, enseñanza y cuidado para los niños más pequeños.

El rol del Estado es el de generar espacios en donde los niños puedan estimularse y vincularlos con ofertas de finalización de la educación obligatoria y formación laboral para sus padres y madres. Finalmente, las políticas deben tener en cuenta la sobrerrepresentación de niños y adolescentes entre las personas que padecen pobreza crónica: son más de la mitad de ese grupo. Las medidas públicas deben contemplar la garantía de ingresos adecuados a las familias con niños, mediante el fortalecimiento de las asignaciones familiares, sobre todo la Asignación Universal por Hijo (AUH). A la vez, es preciso avanzar en una estrategia contra la malnutrición infantil, que incluye la desnutrición pero también el sobrepeso y la obesidad. En consecuencia, es fundamental que el Plan de Lucha contra el Hambre que lanzó el gobierno se convierta, paulatinamente, en una política de garantía alimentaria que contemple lineamientos nutricionales adecuados.

Otra dimensión fundamental a considerar en una estrategia integral contra la pobreza es la territorial. La experiencia del vivir en la pobreza no es la misma en cualquier lugar, dado que cada jurisdicción tiene una estructura de población y de oportunidades económicas diferente. El éxito de las políticas mencionadas antes depende, en buena medida, de cómo se implementen en los territorios. Para ello, es clave contar con un mapeo preciso de la incidencia de la pobreza (y más aún, de los diferentes tipos de pobreza) en cada provincia y departamento, para así poder tomar decisiones informadas sobre qué áreas priorizar y con qué batería de medidas.

En resumen, solamente una estrategia bien informada, correctamente diferenciada según las características de la pobreza, y adecuadamente implementada en el territorio podrá perforar el piso del 25 por ciento sobre el que se erige la pobreza en la Argentina hace 30 años.