Red/Acción, 4 de agosto de 2021
Es casi imposible no fascinarse frente a los videos hiperlapsos que tanto circulan en redes sociales. Esos que retratan cambios graduales en alta velocidad: la germinación de una semilla, la erosión de una roca, la metamorfosis de una oruga. El motivo de la atracción es obvio: estos videos registran procesos de días, semanas, años, y nos los muestran completos a una velocidad amigable para nuestra percepción.
En materia de educación, apelar a la alta velocidad no es posible. No existe un botón de fast forward que nos catapulte a conocer los efectos colectivos e individuales del acceso a las oportunidades educativas en el largo plazo. La investigación educativa hace estudios longitudinales y proyecciones en un intento por anticipar “el final de la película”, pero la pandemia se presenta como un corte inesperado de cualquier tendencia que sin dudas modificará las imágenes educativas de los próximos años y décadas.
Hacia fines de abril se cumplió un año del mayor cierre de escuelas de la historia moderna. Más del 90% de las y los estudiantes en 190 países del mundo vieron suspendida la educación presencial de un momento a otro. Esta interrupción resaltó interrogantes comunes en el campo de las políticas educativas, relacionados con los múltiples desafíos para garantizar el derecho a la educación en condiciones de amplia desigualdad e incertidumbre. Luego de las respuestas de emergencia, especialistas se preguntan cuánto tiempo tomará la recuperación educativa, cuáles son las medidas prioritarias y qué recursos demandan. Frente a una escena inesperada, ningún guión previo conduce al mismo final.
América Latina se posiciona ante este reto con singularidades que la ubican en un escenario especialmente decisivo para su futuro. En una región caracterizada por la desigualdad y la infantilización de la pobreza, la implementación de políticas de largo plazo orientadas a la infancia y la juventud conlleva un sentido de urgencia, pero también de oportunidad. Si la educación guarda en sí un potencial de transformación, estas políticas son un imperativo para garantizar mejores oportunidades de vida a nivel individual, pero también para imaginar un futuro regional con economías más pujantes, mayor cohesión social, e instituciones capaces de responder a los grandes desafíos de las próximas décadas.
En la actualidad, la región concentra el 8% de la población mundial (660 millones de habitantes), pero al día de hoy registra el 25% de las víctimas fatales de la COVID-19, con más de 960 mil personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Además, la pandemia irrumpe en la región en medio de una lenta transición demográfica hacia una sociedad cada vez más adulta y todavía muy desigual, a pesar de avances en las últimas tres décadas en la reducción del coeficiente de Gini (CEPAL), que mide la desigualdad de ingresos, y del aumento promedio de años de educación en la población adulta que registró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En América Latina, el 24% de la población regional se encuentra por debajo de los 15 años de edad y bajo la amenaza de un retroceso en la reducción de las desigualdades a partir de la pandemia. Priorizar políticas para quienes hoy son niños, niñas y adolescentes resulta entonces nada menos que fundamental.
Los altos niveles de desigualdad en América Latina y la necesidad de integrar más y mejor las nuevas generaciones están íntimamente relacionados con los sistemas educativos. Según un estudio de la UNESCO sobre 20 países de la región, aproximadamente el 63% de los y las jóvenes completan la escuela secundaria, pero el 20% más rico tiene cinco veces más probabilidades de hacerlo que el 20% más pobre. Esta desigualdad educativa no solo tiene sus bases en los ingresos de las familias. Las tasas de asistencia son menores para hablantes de lenguas indígenas y afrodescendientes, y personas jóvenes con discapacidad tienen un 10% menos de probabilidades de asistir a la escuela.
Desde el inicio de la pandemia, esta desigualdad educativa estructural se combina con cierres de establecimientos prolongados producto de la propagación del virus en la región y las decisiones gubernamentales de suspender la presencialidad para reducir la circulación. Más allá de las discusiones en torno a la efectividad de estas medidas, la tendencia hace de América Latina la región con la interrupción más larga del mundo. Un estudio de UNICEF observa que, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las escuelas estuvieron totalmente cerradas durante 95 días a nivel mundial. Sin embargo, este promedio varía ampliamente por región; en Europa Occidental fueron 52 los días de cierre total de escuelas, 90 en Medio Oriente y África del Norte, mientras que América Latina promedió un total de 158, cifra que marca un punto de partida especialmente desafiante por el impacto inmediato y de largo plazo de la medida.
La pandemia se da en un escenario caracterizado por lo que especialistas en la materia denominan una “crisis de aprendizajes”. A pesar de los avances en el acceso a la educación durante las últimas décadas, los sistemas de la región todavía encuentran dificultades para lograr una educación de calidad para todos y todas por igual, como propone el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, el Banco Mundial señala que luego de 10 meses de cierre de escuelas durante 2020 en América Latina, es posible que el 71% de estudiantes de educación secundaria inferior (de 13 a 15 años) no puedan entender un texto de extensión moderada, en comparación con el 55% estimado antes de la pandemia. Así, los efectos a nivel individual y colectivo se enmarcan tanto en el plano de la urgencia como a largo plazo. Según cálculos de este mismo organismo, las pérdidas de aprendizaje pueden traducirse en una caída de los ingresos totales potenciales futuros para la región de 1,7 billones de dólares. Esto representaría aproximadamente el 10% de los ingresos, equivalentes a alrededor del 16% del PIB regional.
Los cierres de escuelas prolongados también iluminaron como nunca antes la necesidad de impulsar saltos cualitativos en el campo de las políticas educativas digitales. La rápida transición hacia estrategias de educación remota aceleró la necesidad de garantizar el acceso a dispositivos digitales y a la conectividad para sostener la continuidad pedagógica. Aunque no garantiza la permanencia, la infraestructura representa la principal condición de posibilidad para avanzar hacia una transformación digital de los sistemas educativos. Y por lo mismo, hoy refleja importantes patrones de desigualdad en América Latina: el 74% de los hogares de mayores ingresos de la región cuenta con Internet, pero en los hogares más pobres esta cifra desciende a un 23%. Una transformación en el acceso a dispositivos e Internet deberá acompañarse, además, de formación docente, plataformas y recursos digitales, y de sistemas de información y gestión.
Resulta evidente que la interrupción de la educación presencial afectó la continuidad pedagógica pero también el acceso a otros servicios básicos que caracterizan los sistemas educativos de la región. La imposibilidad de asistir a la escuela impacta en el acceso a la alimentación escolar, la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, así como en el apoyo psicosocial. En relación con la alimentación, UNICEF anticipa que 370 millones de niños y niñas en todo el mundo vieron afectado su acceso a comidas calientes a partir de la suspensión de la escolaridad presencial, y alrededor de 85 millones son procedentes de América Latina. Sin dudas las consecuencias impactarán con mayor fuerza entre los sectores en situación de vulnerabilidad, que necesitarán de un marco amplio de políticas que actúen como red de contención.
Mitigar el impacto educativo de la pandemia en América Latina puede ser uno de los primeros pasos para redireccionar el futuro de la región. Garantizar el derecho a la educación en este contexto requiere de una acelerada transformación digital y de medidas integrales orientadas, sobre todo, a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Implementar políticas de largo plazo para la infancia y la juventud resulta tan urgente como necesario para guionar los primeros diez segundos de “los videos hiperlapsos que veremos a futuro”, en los que parece que nada sucede hasta que, “de repente”, se produce la transformación. De ahí nuestra fascinación por la herramienta: disfraza de repentinos procesos largos difíciles de percibir pero que, al igual que el futuro de nuestra región, se definen a partir de ahora, cuadro por cuadro.
