Hoy se celebra el Día del Padre en la Argentina y es una oportunidad para que los varones compartan tiempo de calidad con sus hijos e hijas. Dadas las características del actual sistema de licencias familiares en nuestro país, es una ocasión que se les permite no muy frecuentemente.

Nuestro país contempla una licencia de maternidad de 90 días y una de paternidad de dos días corridos (llamada licencia por nacimiento de hijo). Este derecho está garantizado para todos los trabajadores del sector privado formal de Argentina. Algunos sectores han logrado ampliar esta cantidad en el marco de convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, el sistema presenta numerosas inequidades.

En primer lugar, apenas la mitad de los trabajadores pueden acceder a estos días. A los trabajadores de la economía informal y a los autónomos y monotributistas no se les habilita ningún día. Esto implica que la mitad de las familias argentinas deben buscar estrategias alternativas de conciliación, como salir del mercado de trabajo y en consecuencia perder ingresos, reducir las horas ofrecidas en el mercado o tercerizar el cuidado en otros miembros de la familia o en una institución privada (en el caso de que puedan afrontar ese gasto).

Por otro lado, una inequidad evidente es la de género. El sistema tiene un corte maternalista: refuerza el estereotipo de la mujer como responsable exclusiva de las tareas de cuidado. Esto impacta directamente sobre la participación laboral de las mujeres, que sigue estando 20 puntos porcentuales por debajo de la de los varones. Además, supone estrategias conducentes a la informalidad laboral y a trayectorias laborales precarias, que ponen en riesgo el acceso a la protección social y a un ingreso propio que les permita ejercer su autonomía.

Finalmente, en el caso de los empleados públicos, estos acceden a una cantidad diferente de días dependiendo de si trabajan para la administración nacional, las provinciales o las municipales. Existe gran heterogeneidad en este sentido: algunas provincias establecen licencias de hasta 30 días para los varones padres mientras que otras no reconocen este derecho.

Un esquema de licencias familiares con equidad genera una serie de beneficios insoslayables. En primer lugar, permite garantizar el derecho de los padres y madres a cuidar y el del niño a ser cuidado. Además, facilita la estimulación temprana de esos niños, lo que tiene consecuencias fundamentales para el desarrollo cognitivo, psicomotriz y emocional e impacta en sus posibilidades futuras de inserción educativa, laboral y social. Además, facilita la conciliación entre vida productiva y reproductiva para varones y mujeres, lo que impacta en su productividad y en la capacidad de generar valor económico y social. Finalmente, facilita la inserción laboral de calidad de las mujeres, una deuda pendiente para el ejercicio de sus autonomías y una condición necesaria para aprovechar el bono demográfico (esto es, la transitoria mayor proporción de personas en edad de trabajar en la sociedad) de cara al futuro. En consecuencia, ampliar la licencia por paternidad, tanto en cantidad de días como en cobertura, es una política pública que garantiza derechos y sienta las bases para el desarrollo sustentable de largo plazo.

El gobierno nacional recientemente ha enviado una ley al Congreso que, entre otras medidas, propone la extensión de la licencia por paternidad a 15 días. Desde CIPPEC creemos que es un buen primer paso, pero debería ser entendido como el punto inicial para una extensión mayor, gradual y de corte universalista.

Nuestra recomendación, desde una perspectiva de género y derechos, sugiere una licencia de maternidad de 98 días, una licencia por paternidad de 30 días y una licencia familiar de 60, cuyos días pueden ser distribuidos entre los miembros de la familia como a estos les parezca más conveniente. El costo de invertir en esta política puede afrontarse cuando se lo entiende como una de las mejores inversiones para el bienestar económico y social. El costo de no actuar, en cambio, es algo que no nos podemos permitir: supone poner en jaque la sustentabilidad de la sociedad del futuro.