La pandemia desnudó la relevancia que tienen las redes de cuidado, formales e informales, para sostener la participación laboral de las mujeres. Cuando el COVID-19 replegó a la sociedad puertas adentro, la desarticulación de las estrategias de los hogares golpeó de manera desmesurada la tasa de actividad de las mujeres madres. Sin embargo, luego de esta caída y de una progresiva recuperación durante 2021, el año en curso muestra niveles de participación laboral más altos que los previos a la llegada del COVID-19.

Con respecto a la prepandemia, la proporción de mujeres que trabaja o busca trabajo se incrementó, sobre todo entre las madres de niños/as de hasta seis años. A priori, estos indicadores son una buena noticia y sugieren una reducción de las desigualdades de género en el mercado laboral. No obstante, sin una transformación del paradigma del cuidado, la plena igualdad de oportunidades persistirá en el plano de lo deseable. En la actualidad, las brechas continúan siendo muy amplias: las madres siguen siendo las que mayores obstáculos enfrentan en su trayectoria laboral.

¿Cómo afecta tener hijos/as a la participación laboral?

Responder esta pregunta implica partir de un prefacio insoslayable: depende. Por un lado, los varones con hijos/as trabajan más que los que no tienen. Según la Encuesta Permanente de Hogares, a principios de 2022 el 96% de los padres de entre 16 y 59 años trabajaba o buscaba trabajo, seis puntos porcentuales más que quienes no tienen hijos/as (90%). Para las mujeres, el efecto de la maternidad es el contrario. La tasa de actividad de las madres en dicho rango etario era del 70%, valor que ascendía a 75% entre las mujeres sin hijos/as, como podemos ver en el gráfico 1.

Durante los primeros años de crianza, las brechas de género se agudizan. La demanda de tiempo y las responsabilidades de cuidado son mayores cuando los niños y las niñas son más pequeños/as, lo que se traduce en un aumento de las barreras para la participación laboral de las madres. Así, mientras que entre varones y mujeres sin hijos/as la brecha alcanza los 15 puntos porcentuales, entre padres y madres de hijos/as menores de un año trepa a 42 puntos porcentuales (gráfico 2). Estas diferencias se van reduciendo a medida que los/as hijos/as van creciendo, dado que su demanda de cuidados disminuye progresivamente (gráfico 2).

Estos hallazgos se vinculan con la distribución desigual por género del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Al interior de los hogares, las mujeres trabajan mucho más que los varones. El 92% de ellas realiza estas tareas, cifra que desciende a 75% en el caso de ellos. En este sentido, no sólo es importante destacar que hay más mujeres que varones llevando adelante este tipo de tareas, sino que además ellas dedican más tiempo: en promedio, las mujeres ocupan 6:31 horas diarias, mientras que los varones 3:40 horas (gráfico 3). Cuando un hogar está compuesto por personas demandantes de cuidado –como son los/as niños/as, personas mayores con algún grado de dependencia, o personas con discapacidad–, la brecha es aún mayor: las mujeres pasan a realizar nueve horas de trabajo no remunerado al día, mientras que los varones, cuatro horas y media (gráfico 3).

De la agenda a la política pública: hacia un esquema de licencias igualitario

En los últimos años, el valor social y económico del cuidado cobró relevancia en el discurso público en Argentina, en sintonía con ciertos avances estadísticos, normativos e institucionales que promueven un cambio de paradigma. Según la Dirección Nacional de Economía y Género, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaba un 15,9% del PBI en 2020, siendo el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13.2%) y el comercio (13%). 

La mayor visibilidad de los cuidados en la agenda se tradujo en acciones destacables como la implementación de los parlamentos de cuidado a nivel federal, la puesta en marcha de la mesa interministerial de políticas de cuidado y la presentación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que si bien aún no fue tratado, plantea la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidado.

Poner en marcha un sistema semejante requiere avances en tres frentes. El primero es asegurar que las familias cuenten con los recursos monetarios necesarios para cuidar, a través de transferencias de ingresos destinados a la niñez. El segundo consiste en mejorar y expandir la oferta de servicios para cuidar, a través de la ampliación de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado. Por último, un tercer frente requiere asegurarle a las familias el tiempo para cuidar, mediante regímenes de licencias que sean universales, promuevan la corresponsabilidad y puedan adaptarse a las necesidades de cada hogar.

Los déficits en este último punto deben ser abordados con celeridad. El esquema actual otorga licencias únicamente a trabajadores/as formales en relación de dependencia, lo que excluye de este derecho a la mitad de la población ocupada. Además, entre quienes sí acceden, existen diferencias: la ley de Contrato de Trabajo (LCT) que regula el empleo privado establece 90 días de licencia a las madres (a cargo de ANSES) y 2 a los padres (a cargo del empleador); en lo que hace al sector público nacional (SPN), las prestaciones son de 100 días para el personal gestante y de 15 para el no gestante. En ambos casos, se observa un evidente sesgo maternalista: las licencias por maternidad y para personas gestantes son hasta 45 veces más extensas que las correspondientes a padres y personas no gestantes. Este diseño refuerza desigualdades de género, dado que casi todo el tiempo para cuidar recae exclusivamente en las mujeres.

Para abordar este escenario, desde CIPPEC proponemos avanzar en un esquema basado en tres principios:

• Universalidad: supeditar el derecho al cuidado al tipo de inserción laboral de los/as padres/madres genera desigualdades entre las familias que podrían reducirse a partir de un régimen de licencias inclusivo que alcance a todas las personas con hijos/as.
• Corresponsabilidad: alcanzar la igualdad de género exige equiparar los días de licencias sin distinción de género, con el objetivo de promover una distribución del cuidado más equitativa entre varones y mujeres que evite sobrecargar a estas últimas con la responsabilidad exclusiva de cuidar.
• Adaptabilidad: impulsar un esquema más equitativo implica dotarlo de cierta flexibilidad para que las familias puedan adaptarse al uso de licencias según sus necesidades específicas.

Con este marco, se recomienda consolidar un sistema de licencias que incluya a todas las familias independientemente de su categoría ocupacional, que tienda a igualar los días entre géneros y que se adapte a todos los hogares en su diversidad, contemplando el caso especial de los monomarentales.

Atendiendo a las restricciones fiscales imperantes, se plantea realizar una reforma gradual que amplíe los días disponibles para trabajadores/as en relación de dependencia e incorpore a las poblaciones hoy excluidas del régimen de licencias (monotributistas, autónomos, informales, desocupados e inactivos). Con el fin de acelerar el cierre de brechas, la propuesta prioriza la extensión de días para las personas no gestantes. Al momento de la entrada en vigencia de la propuesta (2022), las personas gestantes recibirían 90 días (salvo las del sector público nacional, que seguirían percibiendo 100) y todas las no gestantes, 30. En los 8 años posteriores, los días aumentan progresivamente hasta llegar a un total de 126 para todas las personas con hijos/as en el 2030. Una reforma semejante implicaría un esfuerzo fiscal equivalente al 0.2% del PBI proyectado para el 2030. Si bien puede resultar un costo considerable para las arcas públicas, es una inversión crucial para asegurar el desarrollo de la plena potencialidad de las generaciones futuras y promover la igualdad de género.

Alcanzar los principios propuestos no exige una fórmula única, sino que existen diversos caminos para garantizar el derecho al cuidado y reconocer las obligaciones tanto de las madres como de los padres en la crianza. Hoy, el cuidado es una actividad esencial para el sostenimiento de la vida que brindan, en mayor medida, las mujeres. El sesgo maternalista del esquema actual de licencias perpetúa las disparidades en las trayectorias vitales de varones y mujeres, lo que actúa en detrimento del pleno ejercicio de los derechos de estas últimas. En este contexto, esta propuesta refleja la inversión necesaria para avanzar en una política pública impostergable para promover un cuidado en plena igualdad.

Anexo metodológico

Este documento plantea un ejercicio para estimar el costo (en millones de pesos a diciembre de 2021) de implementar un régimen de licencias universal, equitativo y corresponsable. Esto implica realizar modificaciones de los regímenes que regulan a las personas asalariadas formales (del sector privado y el sector público nacional) y crear nuevos instrumentos normativos para quienes trabajan formalmente de manera independiente (monotributistas y autónomos), quienes lo hacen en la informalidad, aquellas personas que están desocupadas y quienes están en la inactividad.

El monto de la licencia varía según el esquema de trabajo:

Asalariados/as formales reciben el equivalente a su salario. Se estimó tomando el salario promedio de  trabajadoras y trabajadores formales utilizando información del último trimestre de 2021 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Independientes formales (monotributistas y autónomos) reciben el ingreso promedio de los últimos 12 meses. Se estimó tomando el punto medio de facturación de las categorías de monotributo a diciembre de 2021 y se impuso un tope a la licencia igual al piso del Impuesto a las Ganancias ($225.000).

Asalariados/as informales, desocupados e inactivos reciben un Salario Mínimo Vital y Móvil descontando el valor de una AUH. Se estimó a partir del valor del SMVM ($31.104) y de la AUH ($5.677) en diciembre de 2021.

Las personas beneficiarias actuales y potenciales se identificaron utilizando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2021, a excepción de los/as asalariados/as formales de SPN que se identificaron a través del Boletín de la Seguridad Social de ANSES. Para extrapolar los datos de EPH al total del país se utilizaron las proyecciones poblacionales realizadas en 2022 por UNFPA. Para identificar a los trabajadores independientes formales se asume que se mantuvo la brecha entre asalariados/as e independientes informales por género de la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) 2011 y se aplicó a quienes trabajan en forma independiente de acuerdo a la EPH. En el costeo no fueron incluidas las personas  asalariadas formales de gobiernos municipales y provinciales ya que pueden elegir no adherir a la reforma, exclusión replicadas para el caso de beneficiarios y beneficiarias de licencias por adopción debido a la ausencia de datos registrales sobre adopciones y la imposibilidad de identificarlos en la EPH. 

A su vez, la estimación de la inversión no considera efectos que la implementación de la política pueda tener sobre diversas variables como el nivel de empleo o la tasa de fecundidad y se asume que la estructura laboral de la población se mantiene constante en el tiempo. Por último, se utilizan las proyecciones del PBI del Fondo Monetario Internacional a precios constantes.