En pleno auge del uso hiperintensivo de las tecnologías de información y comunicación (TICs), las administraciones públicas deben abordar un plan estratégico integral de transformación digital para adaptarse a las nuevas necesidades e intereses de los ciudadanos y de las empresas, propios  de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

Tanto Estado como mercado ya interactúan con centennials, personas nacidas a partir de 1997 y que crecieron usando dispositivos móviles, que les permiten acceder a información de manera inmediata. En un marcado contraste con este escenario, tal como señala Oscar Oszlak, aparece el peligro de un “presente continuo” en la lógica operativa y funcional de la gestión pública.

Cuando ocurren hechos extraordinarios como las inundaciones o un corte de luz masivo, la capacidad de respuesta del Estado argentino suele ser baja. Ni hablar de estrategias de antelación prospectiva diseñadas por laboratorios de gobierno e innovación pública. Algunos desafíos con los que deberán lidiar las administraciones gubernamentales en los próximos diez años son los siguientes.

Mecanismos de regulación para entornos dinámicos y de alta complejidad

El crecimiento exponencial de algunos gigantes de las TICs  como Google y Facebook, plantea a los estados múltiples desafíos de interdependencia compleja, como  proteger la privacidad de los ciudadanos y consumidores y mitigar el riesgo de ciberataques; y detectar y prevenir que las redes sociales viralicen información falsa.

Otro ítem son las regulaciones a las transacciones comerciales a través de las criptomonedas. ¿Cómo harán los estados para establecer desde las condiciones que permitan el desarrollo comercial de estas actividades financieras hasta la determinación de los derechos y obligaciones de prestadores y clientes, sus responsabilidades tributarias y la forma de resolución de los conflictos?

La desigualdad sociotecnológica

Un estudio recientemente publicado por el Foro Económico Mundial (WEF) señala que para 2030, 46 países con economías avanzadas y en desarrollo presentarán automatizadas el 16% de las ocupaciones existentes, principalmente a través de mecanismos y dispositivos de inteligencia artificial.

En este contexto, también proliferan estudios que dan cuenta de ciertas externalidades negativas -entendidas como peligros y riesgos- asociadas al desarrollo tecnológico y la automatización de tareas de la Cuarta Revolución Industrial.

El desarrollo desparejo de los avances científico-tecnológicos agravaría la brecha entre países desarrollados y en vía de desarrollo, pero a su vez en estos últimos aumentaría  -aún más-  la inequidad de ingresos. Una vez más, los estados deberán implementar políticas públicas y diseñar regulaciones que habiliten, promuevan o limiten los alcances y la eventual difusión de estas innovaciones.

Nuevos formatos para la alta dirección y la gestión pública

El Estado en Argentina innova y en ocasiones de manera muy exitosa.  Por ejemplo: INVAP es una sociedad del Estado que exporta reactores nucleares y tecnología espacial. Sin embargo, este y otros casos que podemos encontrar en organismos como el INTA constituyen “islas de innovación” que coexisten en un ecosistema más barroco anquilosado en prácticas administrativas rutinarias y formalistas.

El Estado innova y, a veces, exitosamente.  Por ejemplo, INVAP es una sociedad del Estado que exporta reactores nucleares y tecnología espacial. Sin embargo, ese y otros casos, como el INTA, constituyen “islas de innovación” que coexisten en un ecosistema más barroco.

De poco sirve, por ejemplo, que los organismos estatales inviertan en Big Data si se aplica a políticas públicas mal diseñadas o si los datos que alimentan los sistemas de información de gestión son de mala calidad o si los funcionarios que conforman la alta dirección pública se encuentran en un 93% de los casos designados en forma transitoria, exceptuando los requisitos profesionales y los concursos para acceder a sus cargos. En Argentina, coexisten problemas de las burocracias del Siglo XIX en pleno Siglo XXI.

Como señala un reciente informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF),  la revolución tecnológica trae avances en todas las áreas y, con ellos, una nueva forma de trabajar y de pensar la gestión de los bienes y servicios públicos. “Las metodologías ágiles, el diseño centrado en el usuario, la innovación abierta o las ciencias del comportamiento implican una verdadera transformación que va más allá de las arquitecturas y estructuras tecnológicas de los gobiernos”, plantea el documento.

Cuando ocurren hechos extraordinarios como las inundaciones o un corte de luz masivo, la capacidad de respuesta del Estado suele ser baja, y ni hablar de estrategias de antelación prospectiva diseñadas por laboratorios de gobierno e innovación pública

Se necesitan unidades que promueven el trabajo enfocado en problemas, la innovación abierta, el uso de la experimentación y el dato, y el impacto a escala, trabajando sobre problemas específicos, buscando resultados a corto plazo y midiendo el impacto de las políticas públicas.

Este tipo de soluciones innovadoras no pueden ni deben pensarse exclusivamente desde la esfera del Estado: se buscan dentro y fuera de las organizaciones públicas, con un enfoque más abierto y flexible. Este formato más colaborativo, transversal y experimental de trabajo no solo requiere de un nuevo diseño organizacional, menos piramidal y rígido, sino de algo mucho más importante y complejo en términos de la gestión del cambio: reconfigurar parte de la cultura burocrática del Estado, aún regida por las reglas y los controles más acordes con el siglo pasado.