En Argentina, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para niñas y niños son muy diversos. Pueden depender del Ministerio (o Secretaría) de Educación, como los jardines de infantes, o depender de los organismos de Desarrollo Social, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Los hay de gestión estatal y de gestión privada. Hay algunos que dependen de las provincias, otros de los municipios. Habitualmente, esta oferta para la primera infancia se superpone entre sí a lo largo del territorio y los grados de articulación varían de jurisdicción en jurisdicción.
En La Pampa, se observa un esfuerzo por integrar a los espacios en función del ciclo de vida del niño/a. En la actualidad, la oferta se complementa según la edad: los Centros Ayelén y los CDI municipales para quienes tienen entre 45 días y 3 años (en algunas excepciones hasta 4), y jardines de infantes provinciales para los de 3, 4 y 5. Los primeros dependen del Ministerio de Desarrollo Social y los segundos del Ministerio de Educación. En esta estructura, los CDI y los Centros Ayelén se conciben como espacios de cuidado y enseñanza que preparan, sin escolarizar, a los niños/as para su acceso al jardín de infantes.
Pese a estos esfuerzos, aún persisten diferencias claras entre los dos tipos de instituciones, sobre todo en la formación y las condiciones laborales de las trabajadoras. En los espacios dependientes de Desarrollo Social, los incentivos para trayectos profesionalizantes son menores, dado que no existe un sistema de puntajes como el de la esfera educativa, donde una mayor capacitación permite acceder a mejores puestos y es retribuida salarialmente. A su vez, las condiciones de contratación son mucho más heterogéneas: en los Centros Ayelén y en los CDI, la planta combina a empleadas municipales, monotributistas e informales, con salarios muy diferentes entre sí. En cambio, en los jardines de infantes, todas las trabajadoras están formalizadas y sus condiciones están reguladas por el Estatuto del Trabajador de la Educación de la Provincia de La Pampa (Ley N° 1124/1988).
Actualmente, el gobierno provincial está trabajando, en alianza con el Plan Nacional de Primera Infancia, para mejorar la situación en los espacios dependientes del área de Desarrollo Social. Para ello, promueve capacitaciones que ponderan la experiencia situada de las trabajadoras y, al mismo tiempo, las nutren con mayores conocimientos curriculares y pedagógicos. Respecto de las condiciones laborales, pese a que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia impulsa la formalización, la modalidad de contratación depende de los municipios, por lo que aún persiste una gran heterogeneidad y los avances son paulatinos y fragmentados.
En este contexto, y en línea con los enormes progresos que se están haciendo desde la SENAF para fortalecer a los espacios, es preciso concentrar esfuerzos en equiparar los salarios y los tipos de contrato. No todos los municipios tienen la misma capacidad para absorber a las trabajadoras en la informalidad o en el monotributo en sus plantas permanentes, por lo que un acompañamiento técnico y financiero coordinado desde el gobierno provincial podría contribuir a acelerar este proceso. Lograr pisos salariales comunes, garantizar el acceso a la seguridad social y dar lugar a una mayor organización de estas trabajadoras permitiría equilibrar sus condiciones a las propias de las docentes de nivel inicial. De otra forma, se corre el riesgo de que las personas más formadas de los Centros Ayelén y de los CDI migren a la esfera educativa, observándose así una distinción más importante en la calidad de ambos tipos de espacios.
Las trabajadoras son un factor muy importante para el desarrollo de los niños y las niñas. Protegerlas no solo es un imperativo desde un marco de derechos, sino también un elemento conducente a garantizar el desarrollo integral de los niñas/as y, en consecuencia, de la sociedad toda.
