Publicado en junio de 2022

En plazos tan cortos como 48 horas se resuelven procesos complejos como la acreditación de un cheque o el resultado de un test de antígenos. Si bien la rapidez es un valor en estos casos, no lo es necesariamente en todo contexto. Ante el nacimiento de un/a hijo/a, los varones tienen hoy, por ley, solamente 48 horas corridas de licencia, tiempo suficiente para registrar al/la bebé. Un hito tan importante en el ciclo de vida no debe ser tratado como un trámite.

Las tareas de cuidado –tanto remuneradas como no remuneradas– están desigualmente distribuidas entre los géneros a partir de la asociación histórica de lo femenino con la gestación, lo maternal y la crianza, y de lo masculino con el trabajo (remunerado), la producción y la generación de riqueza. En materia de políticas públicas esto se traduce en licencias por maternidad notoriamente más extensas que aquellas por paternidad, lo que obstaculiza el derecho y la responsabilidad de cuidar de los padres, así como condiciona la autonomía económica de las mujeres.

En este Día del Padre, y al calor del debate social y parlamentario sobre esquemas más equitativos de crianza, nos preguntamos: ¿qué implicancias tiene el sistema de licencias actual?, ¿qué puede hacer la política pública para mejorarlo?, ¿es posible garantizar el derecho al cuidado de los padres, incrementar su participación y, al mismo tiempo, consolidar la autonomía económica de las mujeres?

Estereotipos al descubierto: el régimen de licencias en Argentina

Las licencias por nacimiento y adopción son un instrumento clave para conciliar las necesidades de cuidado de las familias. Sin embargo, en Argentina, el acceso a este derecho está determinado por la inserción laboral de las personas. Solo quienes trabajan formalmente en relación de dependencia tienen acceso a una licencia, lo que excluye del sistema a aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo: monotributistas, autónomas/os, independientes, trabajadoras/es informales y de la economía popular.

Aún entre la mitad que sí accede a una licencia, es decir, las personas asalariadas formales, existen disparidades significativas. El esquema de licencias a nivel nacional se encuentra fragmentado por diferentes normativas que dependen del sector en el que se desempeñan las trabajadoras y los trabajadores. La Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que regula el empleo privado, establece licencias por nacimiento de 90 días para la madre, a cargo de la seguridad social, y dos días para el padre, a cargo de la persona empleadora. Esta ley, que data de la década del setenta, excluye a familias adoptantes.

En lo que hace al empleo público, las licencias por nacimiento y adopción varían considerablemente entre las diferentes administraciones públicas (tanto nacional como provinciales), con prestaciones por paternidad que van desde los 45 a los dos días. La amplia mayoría contempla licencias por adopción y algunas jurisdicciones incorporaron identidades de género excluidas en la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo las prestaciones ya no para madres y padres, sino para personas gestantes y no gestantes.

Además de la falta de universalidad y su fragmentación, el esquema de licencias en Argentina presenta dos problemas adicionales. En primer lugar, en todos los casos, replica un claro sesgo maternalista: los períodos de licencia para madres (LCT) y para personas gestantes son mucho más extensos que los correspondientes a padres y personas no gestantes. Esta disparidad refuerza los estereotipos de género, sobrecargando desproporcionadamente a las madres y desligando a los padres de sus responsabilidades de cuidado. Un segundo problema radica en la falta de equidad: el régimen de licencias actual ignora los derechos de aquellas familias cuya conformación no cumple con el formato tradicional madre-padre y presenta un trato diferenciado ante hijas/os biológicas/os y adoptivas/os.

En este escenario, un diagnóstico se hace evidente: el esquema de licencia puede y debe ser mejorado.

Tres argumentos para una reforma

En el plano internacional, el derecho al cuidado está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual también establece la corresponsabilidad parental, junto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). En Argentina, la Ley nacional 26.061 es la que establece el derecho y la igualdad de obligaciones por parte de ambos progenitores. Sin embargo, este denso entramado normativo no garantiza su cumplimiento. El esquema de licencias descripto condiciona el acceso al cuidado según el tipo de inserción laboral de los hogares y su composición, lo que excluye del sistema a la mitad de las/os trabajadoras/es. Por esta razón, avanzar en un esquema de licencias universal es fundamental para el ejercicio pleno del derecho a cuidar y a recibir cuidados.

Un segundo argumento en favor de la reforma se vincula, al mismo tiempo, con la equidad de género y el derecho a cuidar de los padres. Las mujeres no sólo participan menos del mercado de trabajo que los varones, sino que quienes lo hacen presentan mayores tasas de informalidad, perciben menores remuneraciones y están subrepresentadas en puestos de decisión. Estas brechas encuentran su principal determinante en la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR) al interior de los hogares. Las mujeres realizan estas tareas en una mayor proporción que los varones y dedican –en promedio– casi el doble de horas, tal como se observa en los dos gráficos a continuación, lo que condiciona significativamente su participación y sus posibilidades en el mercado laboral.

Este fenómeno se profundiza con la presencia de hijos/as en el hogar: la maternidad, a diferencia de la paternidad, constituye una barrera para la autonomía económica, sobre todo cuando los/as niños/as son más pequeños/as. En la actualidad, el 71% de las madres de entre 16 y 59 años participa del mercado de trabajo, valor que asciende a 75% en el caso de las mujeres sin hijos/as. En el caso de los varones, la tenencia de hijos/as genera el efecto opuesto: el 97% de los padres de esa misma edad trabaja o busca trabajo, seis puntos porcentuales más que los varones sin hijos/as, como se puede observar en el gráfico a continuación.

El sistema vigente refuerza estas brechas de género, con licencias por maternidad y para personas gestantes hasta 45 veces más extensas que las correspondientes a padres y personas no gestantes. Como alternativa al escenario actual, un sistema de licencias universal, equitativo y –sobre todo– corresponsable, significaría un paso hacia una distribución más justa del cuidado entre géneros, con una mayor participación de los padres y, en consecuencia, una consolidación de la autonomía económica de las mujeres.

El tercer argumento es estratégico: Argentina está atravesando la etapa del bono demográfico, por lo que cuenta con más personas en edades económicamente activas que en edades dependientes. La fuerte reducción de las tasas de fecundidad en los últimos cinco años profundizó el bono pero aceleró su final, que se estima dentro de aproximadamente 15 años. Para capitalizar esta ventana de oportunidad propicia para el desarrollo, la modificación de las licencias puede jugar un rol clave. En primer lugar, es imprescindible mejorar la participación y las posibilidades de las mujeres en el mercado laboral, ya que representan la mayor proporción de personas en edad de trabajar que se encuentran inactivas, desempleadas o en la informalidad. En segunda instancia, garantizar un cuidado de calidad en la primera infancia tiene un efecto significativo en el desarrollo infantil y en la generación de capital humano. Sentar las bases para un aumento de la productividad de las/os trabajadoras/es del futuro, que pueda compensar la esperable caída en la proporción de personas que trabaja, es indispensable para sostener el crecimiento económico y la protección social. 

De esta manera, los tres argumentos en favor de un nuevo sistema de licencias se interrelacionan entre sí en un círculo virtuoso de derechos, equidad y desarrollo.

40 años de democracia: hacia una igualdad sustantiva

Afianzar un esquema de licencias más equitativo contribuiría a la consolidación de un sistema integral y federal de cuidados. Por eso, esta propuesta es una prioridad del proyecto Democracia 40, a través del cual CIPPEC busca producir recomendaciones factibles de política pública que contribuyan a una estrategia de desarrollo sostenida.

El 2 de mayo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que estipula la creación de un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género y modifica el régimen de licencias para el sector privado y la administración pública nacional. La iniciativa coloca a los cuidados en el centro de la agenda pública y constituye un enorme avance en su visibilización.

En lo que atañe al nuevo esquema de licencias propuesto, se observan mejoras significativas en términos de universalidad, corresponsabilidad y equidad. En primera instancia, se establecen para la Ley de Contrato de Trabajo las figuras de persona gestante y no gestante, incorporando identidades de género anteriormente excluidas. Además, se amplía el acceso a las licencias a adoptantes, a quienes recurren a técnicas de reproducción asistida, a monotributistas y a personas que trabajan en forma autónoma. Por último, se destaca la extensión de días de licencia para personas gestantes y no gestantes, y la intención de fortalecer los sistemas de información que permitan monitorear y evaluar esta política pública.

Sin embargo, sobre estas fortalezas aún se pueden trazar mejoras durante el debate legislativo. Si la reforma tiene como principio a la corresponsabilidad (y el consecuente reparto equitativo de las tareas de cuidado entre géneros), los días de licencia para personas gestantes y no gestantes deben equipararse gradualmente. Esto será central para fortalecer el rol de los padres en la crianza de sus hijos/as, garantizando su derecho al cuidado y permitiendo así que la maternidad no actúe en desmedro de las trayectorias laborales. Sumado a esto, es posible pensar avances en términos de adaptabilidad. El nuevo esquema propuesto está pensado para un único formato familiar –compuesto por dos personas adultas– y solo alcanza a trabajadoras/es registradas/os. Una modificación en este aspecto debería considerar a hogares monomarentales y monoparentales, además de alcanzar a aquellas personas que se desempeñan en la informalidad.

En este Día del Padre, estamos frente a una posibilidad única: que la política pública deje de concebir al cuidado paternal como un trámite, para entenderlo como un derecho y una responsabilidad. Un nuevo sistema de licencias basado en los principios de universalidad, corresponsabilidad y equidad no sólo sería el mejor regalo para los padres en su día, sino también un avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.