Publicado en julio de 2023

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) una de cada cinco de las empresas más grandes a nivel mundial es una empresa estatal, y su papel como competidores globales continúa creciendo. Las empresas estatales tienen un alto nivel de participación en sectores clave para el desarrollo social y económico como la infraestructura (energía, agua, transporte y comunicaciones). Estos sectores generan además beneficios para otros sectores económicos; y en general, ya sea por tratarse de monopolios naturales como el agua o por la magnitud de las inversiones necesarias, no resultan atractivos para la inversión privada. 

No hay duda de que la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. En el sector privado, el enfoque de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) es cada vez más relevante para evaluar el valor de las empresas. Se considera que los riesgos y oportunidades derivados de los factores ASG pueden afectar los flujos de efectivo y la estabilidad financiera de las empresas, y, por ende, su sustentabilidad.  

Si aceptamos que para las empresas del sector privado las variables económicas y financieras resultan insuficientes para determinar su valor real en el mediano o largo plazo, ¿es correcto que sean prácticamente los únicos datos que aparecen en el debate público sobre las empresas estatales que, además, fueron creadas con objetivos de bien común? ¿Es adecuado enfocar el desempeño de estas empresas exclusivamente desde un ángulo fiscalista?  

En la agenda de desarrollo global también existe consenso en que las empresas juegan un rol importante en el desarrollo sostenible y el respeto por los derechos humanos. A primera vista, estos enfoques parecen muy similares. Prácticamente todos los factores ASG pueden vincularse con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y estos, a su vez, con los derechos humanos. Sin embargo, estos enfoques difieren en un aspecto fundamental: mientras que la perspectiva de desarrollo sostenible se centra en los impactos positivos de la actividad empresarial, la de derechos humanos se centra en los impactos negativos de esta actividad: evaluarlos, prevenirlos, mitigarlos y remediarlos. Esto es lo que se conoce como procesos de debida diligencia en derechos humanos. Para los Estados, como garantes de los derechos humanos, se trata de un deber, y por eso la ONU los convoca a liderar con el ejemplo en sus empresas estatales. Para el sector privado, ya no se trata únicamente de un imperativo reputacional o moral: tanto en algunos países de la región como en la Unión Europea existen proyectos de ley para que las empresas de determinada envergadura deban llevar adelante este tipo de procesos. Esto inevitablemente tendrá impacto en las empresas multinacionales y en las cadenas globales de valor. Como ejemplo adicional, Global Reporting Initiative (GRI) -un reconocido estándar de divulgación de información de sustentabilidad muy utilizado en Argentina- acaba de incorporar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, la principal referencia en la materia, en su versión más reciente.  

En relación a los temas ambientales, parte fundamental de esta agenda, los sectores vinculados a la infraestructura generan altas emisiones de dióxido de carbono. A escala mundial, se estima que las empresas estatales generan más de una quinta parte de las emisiones de carbono; por lo tanto, tienen un efecto significativo en el cambio climático, incluida la capacidad de los Estados para cumplir con sus compromisos climáticos nacionales e internacionales. Por eso, en temas ambientales, la OCDE también llama a los Estados a liderar con el ejemplo en sus empresas. 

Hasta aquí hemos repasado diferentes aspectos de la agenda de desarrollo global y las tendencias actuales que interpelan la gobernanza de las empresas del sector público y privado, y hay tantas certezas como interrogantes.  

Sin caer en falsas dicotomías, como que las empresas estatales no necesitan revisar su eficiencia por tener objetivos de bien común, ¿cómo se puede evaluar razonablemente su gestión y su impacto? ¿Cómo pueden constituirse en actores que lideren con el ejemplo en materia de derechos humanos e impacto ambiental? ¿Cuál es la línea de base de la que partimos hoy en estos temas en las empresas estatales de nivel nacional? 

Es importante también considerar cómo continuarán convergiendo a futuro los enfoques ASG, de desarrollo sostenible y de derechos humanos y cuáles son los desafíos que se vienen para las empresas no sólo en la gestión interna de riesgos, sino también en la divulgación de información. En este este sentido es posible y deseable construir una agenda público-privada común en desarrollo sostenible, derecho humanos y ambiente para abordar estos temas y avanzar en conjunto.

Desde CIPPEC creemos que estas son las preguntas relevantes del momento para la dirección y gestión de las empresas, tanto estatales como privadas.