Las cinco claves del acuerdo

El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y las provincias descolocó a varios analistas porque fue más rápido y más abarcativo de lo pensado originalmente. Ciertamente, pocos esperaban semejante desenlace y, si bien aún falta la letra chica y el desenvolvimiento concreto del entendimiento, el acuerdo llegó, se da vuelta la página en la relación Nación-provincias, logra contestar algunos reclamos que había circulado y el país avanza, como dice Walter Agosto (CIPPEC), “hacia un federalismo más cooperativo”, como manda la Constitución.

El Economista explica el alcance de los puntos más salientes.

1. Control sobre una partida sensible

Era una de las reformas más polémicas que andaban circulando y, como venían advirtiendo algunos economistas, el gran elefante en la sala y que tenía, como dice Federico Muñoz (Muñoz & Asociados), “una dinámica explosiva”. Ayer, se dio un paso clave porque, ahora, la reforma de la fórmula ya tiene el aval de los gobernadores, un paso clave para garantizar un tránsito menos áspero por el Congreso.

“Impulsar inmediatamente (…) la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación.

Garantizar haberes equivalentes a 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos. Impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio”, dice el texto acordado ayer en Balcarce 50. Si bien aún no se sabe qué implica exactamente “por encima de la evolución de la inflación”, Muñoz destaca haber logrado un avance en ese frente que, eso sí, aún debe ser convalidado por el Congreso.

“Si logran sacar la nueva indexación para las jubilaciones, será un avance sustancial para la sustentabilidad de las cuentas públicas”, dice. Las prestaciones sociales, calcula, iban camino a ser más del 60% del gasto público. “Allí había que concentrar los esfuerzos del ajuste, y así lo hicieron”, dijo.

2. El “cuco” del II.BB.

Sobre Ingresos Brutos, el “cuco” de la competitividad, el proyecto dice: “Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien. Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país. Establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se detallan en el anexo. Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el Convenio Multilateral, y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito local. Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder los seis meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución”. En concreto, los distritos asumen el compromiso de reducir los impuestos distorsivos (como II.BB. y Sellos) por 1,5% en el plazo de cinco años. No es poco.

También se derogan tributos sobre la nómina salarial y se acordó una moderación de otro “cuco” de las empresas: las tasas municipales.

El problema es que II.BB. representa, dice Agosto, casi 70% de los ingresos provinciales (promedio).

La idea de ir alineando el Impuesto Inmobiliario es todo un signo de que los nuevos tiempos priorizarán los impuestos sobre el patrimonio, y menos aquellos vinculados con la actividad económica y el empleo.

3. Vidal “empoderada”

María Eugenia Vidal tendrá un shock de ingresos. Casi un Plan Marshall que, en 2019, llegará a nada menos que $65.000 millones. “La compensación será administrada por la provincia, se destinará a obras públicas y programas sociales del conurbano bonaerense”, dice el acuerdo. Y, hacia adelante, reduce la discrecionalidad que ha tenido la Casa Rosada con La Plata. Ciertamente, ambas noticias bienvenidas.

4. Plazo corto

Dentro de los 30 días de suscripto el acuerdo (es decir, desde hoy), los poderes ejecutivos de las provincias firmantes, la CABA y el Estado Nacional elevarán a sus poderes legislativos proyectos de ley para aprobar el Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin.

5. Sin excesos fiscales

“Aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que fuera enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y adherir a ese régimen y sus modificaciones antes del 30 de junio de 2018”, es otro de los compromisos comunes del texto.

Esa ley, si se cumple, evitará entrar en un nuevo ciclo de expansión del gasto público que, como pasó antes, terminan, más temprano que tarde, en inflación o default.

Los puntos principales del acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias

1. Las provincias asumen el compromiso de reducir impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos) por el 1,5% del PIB en los próximos 5 años.
2. Compromiso para aprobar y adherir a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal: Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
3. Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires.
4. Ley de Ganancias: derogación del artículo 104.
5. Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Estado Nacional ($340.000 millones el conjunto de las provincias y $400.000 millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano)
6. Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto
7. Impuesto al cheque: 100% a la Anses.
8. Sobre el régimen previsional: Se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación. Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eliminar las jubilaciones de privilegio.
9. El Gobierno se comprometió a financiar los déficits de las cajas previsionales no transferidas.
10. Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.
11. Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo con las valuaciones de mercado.

Fuente: El Economista