Antes del balotaje presidencial de 2015, informalmente, los referentes de las respectivas campañas estimaban que en total el esfuerzo proselitista terminaría costando alrededor de 1.000 millones de pesos, si bien cada agrupación podía declarar legalmente, como máximo, un total de 260 millones.
Los candidatos juran formalmente recibir y gastar una cantidad de dinero destinada a su campaña electoral. Pero, como la ley actual permite hacer aportes en efectivo, es extremadamente fácil entregar dinero sin dejar rastros. No podemos saber si el dinero que aporta un empresario podría estar dirigido a comprar favores políticos. Tampoco si el origen de los fondos proviene de negocios legales o de actividades ilícitas. El uso de efectivo crea un enorme agujero negro que esconde información valiosa para los votantes y la Justicia, que sólo puede actuar sobre los montos insignificantes que se declaran. Las sanciones son muy poco efectivas porque llegan tarde –cuando la elección ya pasó- y porque no caen sobre los candidatos sino sobre los prestanombres en los que se escudan.
Nadie obliga a los políticos y empresarios a mantenerse en las sombras, pero el festival permisivo de dinero en efectivo, combinado con la prohibición de aportes de empresas, crea el peor de los mundos posibles: anónimos aportan sin ningún control. Políticos y empresarios subestiman el riesgo que corren con este régimen de financiamiento de la política. Creen que el agujero negro, al permitirles esconder su identidad, los protege: nadie sabe el tamaño del agujero y no hay ningún control sobre él.
Sin embargo, el daño puede ser enorme para la dirigencia política y empresaria e irreparable para la credibilidad de las instituciones democráticas: opacidad y ausencia de control precedieron a los escándalos de lava jato y Odebrecht en Brasil y Perú. El anonimato aumenta el riesgo; crea una falsa protección, peligrosa para la democracia. Cuando explota, los cubre a todos y es un caldo de cultivo para el crecimiento de sectores extremistas y antipolíticos.
Para sacar de las sombras al financiamiento de la política, CIPPEC propone poner topes al uso de dinero en efectivo; permitir el aporte de empresas; y bancarizar los aportes para conocer el origen, de modo que el ciudadano cuente con toda la información relevante para ejercer su derecho al voto. Frente a irregularidades, los candidatos deben ser responsables y el régimen de sanciones lo suficientemente costoso como para disuadirlos de comportamientos reñidos con las reglas.
Por otra parte, prohibir la publicidad de actos de gobierno durante el período de campaña y regular sus usos también equilibrará la competencia entre oficialismo y oposición. Finalmente, de nada sirven estos avances si no hay control del financiamiento en las provincias: la coordinación entre niveles de gobierno es imprescindible para conseguir un régimen de financiamiento efectivo.
