Publicado en febrero de 2022
El ciclo lectivo 2022 inicia con una muy buena noticia: estudiantes y docentes asistirán a clases presenciales todos los días, en todo el país. La recuperación de la presencialidad plena en las escuelas, acordada en forma unánime por el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud el 9 de febrero pasado, es una nota positiva porque la experiencia educativa de 2020 y 2021 dejó en evidencia que las clases presenciales son insustituibles. Sin embargo, la apertura de las escuelas está lejos de ser una solución en sí misma a las problemáticas que entrecruzan las distintas realidades educativas en Argentina. El reencuentro cara a cara en las aulas no es suficiente para abordar los problemas que ya enfrentaba el sistema educativo previo al inicio de la pandemia, que durante los últimos dos años se profundizaron.
En 2019 prácticamente la totalidad de chicos y chicas en el país ingresaban al nivel secundario, pero solo siete de cada diez jóvenes lograban completar el tramo de escolarización obligatorio. A esto se suman las brechas marcadas de graduación que existen entre estratos sociales: el 90% de los y las jóvenes de entre 20 y 22 años de un estrato social más favorecido finalizaba el nivel secundario y entre sus pares de un estrato social menos favorecido esta proporción era del 41%. Las deudas se extendían hacia los aprendizajes. El operativo Aprender señaló que, en 2019, siete de cada diez adolescentes no alcanzaron un nivel satisfactorio en Matemática, mientras que en Lengua el número fue aún menor: cuatro de cada diez.
Esto lleva a considerar que, en el ciclo lectivo 2022, el sistema educativo deberá afrontar viejos retos magnificados por dos años de educar con restricciones a la presencialidad: la interrupción temprana de la trayectoria escolar; la dificultad para lograr que los y las estudiantes incorporen aprendizajes significativos que les permitan desarrollar un proyecto de vida provechoso para sí mismos –con acceso a trabajo decente– y para el conjunto de la sociedad, y, por último, las profundas brechas de desigualdad en las trayectorias escolares y aprendizajes asociados al estrato social de origen de las y los estudiantes.
Un foco, la secundaria. Una llave, las tecnologías digitales.
Aún no sabemos cuál es la magnitud en que se agudizaron estos problemas durante los dos últimos años. Sí tenemos la certeza de que, al día de hoy, no contamos con información oportuna, suficiente y consolidada para dimensionar el daño absorbido por las trayectorias escolares, los aprendizajes y la salud emocional de niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, no contamos con las herramientas idóneas para saber cuántos de ellos y ellas se desvincularon de la escuela o, por el contrario, recuperaron su escolaridad. Ciertamente, hoy la caracterización de la situación educativa se realiza en base a estimaciones o “retazos de información” a veces desactualizados o circunscriptos a un área geográfica o un grupo de provincias.
Aún en la incertidumbre, partimos de una convicción: la meta ineludible del ciclo lectivo que comienza es enriquecer y amplificar la educación presencial. Para eso, proponemos un foco (el nivel secundario) y una llave (la tecnología). La escuela secundaria es el último nivel educativo que transita la mayoría de los y las jóvenes en Argentina, y esto la convierte en una institución clave para el desarrollo social y económico del país. No obstante, al mismo tiempo, con los datos presentados antes como evidencia, la educación secundaria no logra retener, graduar ni garantizar aprendizajes indispensables para la inserción social plena a la totalidad de las y los estudiantes.
Por otra parte, producto de la pandemia, la exigencia de educar en el espacio digital aceleró la incorporación de tecnologías digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el desarrollo de habilidades digitales en los y las estudiantes, así como también en el cuerpo docente. De este modo, la recuperación de la presencialidad plena en este momento no puede hacer caso omiso de la oportunidad que tiene para direccionar los avances alcanzados hacia la superación de los límites de la vieja presencialidad y así consolidar una política educativa potenciada por las tecnologías digitales.
¿En qué consiste una política educativa potenciada por tecnologías digitales?
Una política educativa que se vale de las virtudes de las tecnologías digitales tiene dos ejes: la extensión de la jornada escolar y la digitalización de procesos que generen sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar.
La incorporación de las tecnologías digitales al sistema educativo permite extender y aprovechar mejor el tiempo escolar. Cuando se incorpora tecnologías digitales al proceso de enseñanza y aprendizaje, las instancias educativas sincrónicas y asincrónicas, presenciales y en línea se apoyan en el espacio digital. De este modo, las actividades educativas y el acompañamiento docente ocurren en el aula, pero también fuera de ella. En efecto, la posibilidad de ensamblar instancias sincrónicas y asincrónicas sobre una misma propuesta educativa permite sumar tiempo de aprendizaje y acompañamiento docente a la jornada escolar.
La jornada digital extendida habilita también un mejor aprovechamiento del tiempo destinado a enseñar y aprender: el tiempo educativo presencial puede preservarse para el intercambio de saberes, el trabajo en grupo, el abordaje de dudas y debate, mientras que parte de las instancias de exposición docente, lectura y ejercitación pueden reservarse para las instancias asincrónicas.
Para que las tecnologías digitales permitan extender la jornada escolar es necesario asegurar, por lo menos, tres condiciones. Primero, universalizar la infraestructura digital en la comunidad educativa. El acceso a dispositivos digitales y a conexión a internet de calidad es la condición ineludible para aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías digitales con el fin de mejorar trayectorias escolares y aprendizajes, además del funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. El regreso de Conectar Igualdad –plan que prevé la entrega de dispositivos tecnológicos en el nivel secundario– es un excelente augurio en este sentido. Segundo, fortalecer y ampliar la oferta de formación en habilidades digitales para que los y las docentes incorporen los recursos pedagógicos al diseño de sus clases y utilicen las aulas virtuales que ofrecen las plataformas. Y, en tercer lugar, incrementar el uso de plataformas a través de trayectos digitales curriculares que promuevan el aprendizaje en profundidad a partir del diálogo entre los recursos digitales y los contenidos previstos para cada nivel y año de estudio.
En lo que hace a la digitalización de procesos de gestión escolar, el 2020 y 2021 significaron un avance en prácticamente todas las provincias. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. La digitalización y automatización de los procesos administrativos facilitan la producción de datos clave para el seguimiento de las trayectorias escolares y la prevención del abandono escolar, uno de los desafíos principales que hoy afronta el sistema educativo dentro del nivel secundario.
Los sistemas de alerta temprana utilizan la información que produce el sistema educativo, como la asistencia, las calificaciones y otros datos cualitativos relevantes, a fin de monitorear las trayectorias y disparar alertas ante un riesgo evidente de abandono escolar. Su propósito es orientar intervenciones tempranas para atender oportunamente a los y las estudiantes en riesgo de exclusión y hacer un acompañamiento personalizado de sus trayectorias escolares.
La consolidación en el largo plazo de una política educativa potenciada por tecnologías requiere consensos, institucionalización y recursos. Durante las últimas décadas la política de incorporación de tecnología al sistema educativo se interrumpió y cambió de rumbo en numerosas oportunidades. Con cada interrupción, se pierde la oportunidad de activar su impacto sistémico y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La sanción de una Ley Nacional de Educación potenciada por Tecnologías Digitales puede funcionar como un marco normativo que preserve a la política educativa ante eventuales cambios de rumbo. Esta ley no sólo tendrá que promover una arquitectura institucional de gobierno que facilite la articulación entre la Nación, las provincias y el ámbito municipal, sino, fundamentalmente, asegurar el financiamiento para que esta política pueda efectivamente contribuir a la mejora de las trayectorias escolares, de los aprendizajes y a la reducción de las desigualdades educativas.
