Publicado en junio de 2022

La semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el instrumento de votación en las elecciones nacionales. Más allá de los argumentos sobre los beneficios o sobre los posibles inconvenientes de la reforma, esta discusión dejó en claro que, de fondo, es un debate sobre la experiencia de quién vota y sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la equidad en las condiciones de competencia. Por eso, dada su relevancia, una reforma de este tipo debe considerar, en primer lugar, la manera en la que se logra un diseño técnicamente idóneo que permita sostener el buen funcionamiento de otros componentes de nuestro sistema electoral. Y por el otro, contemplar cuidadosamente aspectos relacionados a su implementación. De esto depende que se logren los objetivos buscados.

En un documento recientemente publicado por CIPPEC (https://www.cippec.org/publicacion/hacia-la-boleta-unica-papel-en-argentina/) destacamos que la boleta partidaria ha funcionado en nuestro país con dos elementos característicos del régimen electoral argentino: la realización de elecciones simultáneas entre diferentes niveles de gobierno y la selección de candidatos/as a través de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), en las cuales la ciudadanía puede votar por listas de precandidatos/as de distintas agrupaciones en las diferentes categorías. El cambio de instrumento de votación debe contemplar un diseño que resulte viable para sostener ambas instituciones.

Con respecto a la simultaneidad, se plantean dos desafíos principales. Por un lado, qué hacer cuando una provincia adhiere al régimen de simultaneidad pero cuenta en su legislación con un instrumento de votación diferente. Por otro, cómo contener en forma clara y ecuánime todas las opciones de los niveles nacional y provincial en la boleta única.

El proyecto que obtuvo media sanción define que en caso de adhesión al régimen de simultaneidad – opcional para las provincias- todos los cargos se eligen con la boleta única de acuerdo a la ley nacional. A tal fin, opta por separar una boleta con todas las categorías nacionales de otra boleta para las categorías provinciales. Esta parece una solución técnicamente viable y una respuesta consistente al problema que se planteaba: mantiene el “arrastre” entre cargos ejecutivos y legislativos para cada nivel respectivamente, aunque rompe con el vínculo físico en la boleta entre cargos nacionales y provinciales característico de la actual boleta partidaria. Así, alienta a realizar una elección más autónoma entre niveles, al tiempo que evita el potencial problema del tamaño que puede generar fatiga cívica o confundir y desinformar al votante.

Las PASO presentan un desafío adicional a la implementación. Con la normativa actual, cada precandidato/a puede serlo en una categoría y por una sola agrupación. Pero nada obsta a que cada lista interna vaya pegada a diferentes listas internas de otra categoría. De modo que se confecciona una boleta partidaria por cada combinación de listas internas, lo cual puede llevar a cuartos oscuros repletos de boletas. La traducción de esta forma de votar a la boleta única presenta un doble desafío. Primero, cómo regular el tamaño que ocupa cada agrupación en la boleta con criterios de equidad, pero también con claridad para que los y las votantes puedan ejercer su derecho de manera informada.

Segundo, y tal vez más complejo, cómo abordar en la boleta única las adhesiones entre listas internas.

Sobre el primer punto, el proyecto con media sanción establece que las agrupaciones podrán tener hasta cuatro veces el espacio asignado por la ley a cada lista, sin definir cuándo y cómo corresponde ampliar el espacio de cada agrupación, ni cómo se resuelve cuando una agrupación cuenta con un número elevado de listas en competencia en alguna categoría. Sobre las adhesiones, el proyecto da una solución a medias. Deja en manos de cada agrupación decidir qué hacer, estableciendo como única limitación la prohibición de repetir una misma lista en la boleta, mientras no contempla un casillero de voto por lista completa. La decisión de prohibir la repetición de listas apunta a mantener la equidad en la competencia, pilar de la boleta única. Pero al no definir claramente cómo se presentarán la multiplicidad de formas en las que las agrupaciones pueden optar por presentar sus adhesiones internas, la redacción podría dar lugar a conflictos de interpretación a la hora de diseñar la boleta.

Como todo cambio en algún componente del sistema electoral, el pasaje de la boleta partidaria a la boleta única no es inocuo. Por eso, la decisión de una reforma de este tipo, así como aspectos determinantes de su implementación deben estar sustentadas por su razón de ser, que es traducir de una manera fiel las preferencias de una persona al momento de emitir su voto. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es un gran paso adelante en esa dirección. En las semanas previas a la sesión del miércoles 8 de junio en el recinto se fueron incorporando mejoras a un texto, en busca de una cobertura integral de aquellas cuestiones clave que involucra la reforma. Sin embargo, subsisten algunos aspectos que son perfectibles. Además del ya mencionado punto del diseño de la boleta en las PASO, identificamos otras cuestiones como la delegación de facultades a la justicia electoral para reglamentar y organizar el voto por correo de los argentinos en el exterior.

La reforma del instrumento de votación enfrentó a los legisladores a otras cuestiones no resueltas de nuestro sistema electoral. Entre ellas, la facilidad para la creación de partidos, la discrecionalidad provincial para definir la fecha de sus elecciones, y el vacío legal en materia de financiamiento de la política en las provincias. La discusión sobre la boleta única no anula todos aquellos debates, ni abordarla primero significa que las otras son menos importantes. El debate hoy en la mesa es sobre la boleta única papel y sus méritos y hay que aprovecharlo.

Tchintian, directora del programa de Instituciones Políticas de Cippec, doctora en Ciencia Política (Rice University), magíster en Políticas Públicas (Universidad Torcuato Di Tella) y licenciada en Ciencia Política (UBA); Scherlis, investigador asociado del Programa de Instituciones Políticas, doctor cum laude en Ciencia Política (Universidad de Leiden), abogado (UBA), licenciado en Ciencia Política (UBA)