En los últimos días se conoció la decisión del gobierno nacional de reducir la frecuencia de las evaluaciones de aprendizaje. Se aplicarán cada dos años. En 2018, le tocará al nivel primario, que recién volverá a ser evaluado en 2020. El nivel secundario tendrá que esperar su turno hasta 2019.

Desde el punto de vista técnico esta decisión podría celebrarse. Desde una mirada presupuestaria, y teniendo el cuenta el contexto actual, resulta razonable. Sin embargo, hay que advertir que estos cambios reflejan debilidades institucionales -que no son nuevas pero se renuevan- y afectan profundamente la potencia que podrían tener estos instrumentos para mejorar nuestro sistema educativo.

Desde el punto de vista técnico, se sabe que los resultados no varían en proporciones estadísticamente significativas de un año a otro. Las tendencias pueden registrarse al comparar series históricas de evaluaciones. Los cambios sistémicos en los aprendizajes son producto de múltiples procesos, y toman tiempo. Por otra parte, un caudal de datos censal anual atenta contra la posibilidad de utilizar los resultados para la mejora escolar. Son demasiados datos para poder aprovechar en un lapso de tiempo tan corto. Es por eso que son muchos los países que aplican las evaluaciones censales de manera bianual.

El cambio propuesto preocupa por otro motivo. Es un síntoma de baja planificación y debilidad institucional. Los cambios vuelven a las evaluaciones imprevisibles, y esto genera desconfianza. Sin confianza, su potencial político se limita. Hay países donde se planifica con anticipación qué disciplinas se evaluarán, a quiénes, la fecha de publicación de los datos, y por su puesto la manera en la que se utilizarán después esos resultados. En Chile, por ejemplo, hay un plan quinquenal donde se definen y acuerdan todas estas cuestiones. Esto genera confianza, un aspecto clave para que esta herramienta funcione.

En la Argentina, las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes comenzaron en 1993. En su corta vida el dispositivo fue cambiando. Durante este período, se modificó su alcance (es decir, en su carácter censal o muestral), su metodología, las áreas curriculares evaluadas y la forma en la que se presentaron sus resultados. En 2016 nació Aprender -junto a la creación de una Secretaría de Evaluación en el Ministerio de Educación- como operativo insignia de una política nacional de fortalecimiento de las evaluaciones educativas. Se anunció en su momento como un operativo de frecuencia de aplicación anual, aplicado a nivel censal en los niveles primario y secundario.

Las recientes transformaciones atentan contra la posibilidad de que se instale la evaluación como una política independiente de la coyuntura. De construir una herramienta que no dependa de los vaivenes políticos, económicos e institucionales. Es necesaria una planificación estratégica que articule los mecanismos de evaluación con las otras decisiones de política educativa.

La posibilidad de construir una cultura de la evaluación en la Argentina está relacionada con el grado de comprensión y valoración que docentes y estudiantes tienen de sus objetivos y el uso de sus resultados. Esto lleva su tiempo y los cambios no ayudan.

Fuente: La Nación