La inversión educativa está desprotegida. Más allá de la importancia que en los discursos se le asigna a la educación para el desarrollo social y productivo del país, el financiamiento educativo está a merced de la coyuntura económica nacional. Solamente en 2015 se cumplió la meta de inversión en educación pautada por la Ley de Educación Nacional, de 6% del PBI.
Entre 2005 y 2011, con un marco normativo propicio y un contexto macroeconómico favorable, la inversión educativa que realizan conjuntamente la Nación y las provincias creció de manera sostenida. Se estancó entre 2011 y 2014, en un escenario menos auspicioso; dio un salto en 2015, año electoral; y en 2016 y 2017 volvió a los niveles que había alcanzado en 2014. En los últimos años, bajó: cayó un 9% a nivel nacional entre 2016 y 2018, y 8% en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2017.
Si bien no hay datos consolidados para 2018 ni para 2019 (año en curso), el comportamiento reciente del presupuesto nacional y de los salarios docentes permite estimar nuevos descensos.
La inversión educativa del Estado nacional acumulará una caída de 19% entre 2016 y 2019 si este año se ejecutan las partidas tal como se aprobaron en la Ley de Presupuesto. Tras un leve aumento entre 2016 y 2017, la salida del gradualismo fiscal impactó con fuerza en el presupuesto educativo nacional, que se desplomó a partir de 2018.
Los salarios docentes, que componen el 90% de los presupuestos educativos provinciales, cayeron 14% en términos de poder de compra entre 2015 y 2018, con lo cual puede estimarse que la inversión educativa realizada por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires continuó cayendo en los últimos años. Además, persisten las disparidades entre ellas: en 2017, el monto de la provincia con mayor inversión educativa por alumno del sector estatal triplicó al de la que menos invirtió. Encima, los niveles de inversión no necesariamente guardan relación con esfuerzo que cada una realiza en términos de su presupuesto.
Se argumentó que la reducción de la inversión educativa nacional iba a ser subsanada por el aumento de los recursos coparticipados a las provincias puesto en marcha a partir del llamado Consenso Fiscal. Sin embargo, en los hechos este movimiento de recursos puso en jaque la protección de la inversión educativa por tres razones. En primer lugar, porque ahora se destinan menos fondos a programas nacionales, esencialmente distintos de los provinciales por sus objetivos de priorización nacional, compensación y fijación de estándares mínimos, y por ello no intercambiables. En segundo lugar, porque se perdió el predireccionamiento con el que los recursos enviados por transferencias no automáticas (TNA) llegaban a las provincias: los recursos coparticipados llegan a las provincias sin condicionamientos, lo que deja al sector educativo con menores chances de ser destinatario de estos fondos en el contexto de las pujas distributivas de cada provincia. Por último, porque se acentúan las disparidades entre las provincias al engrosarse el caudal de recursos distribuidos según el régimen de coparticipación, que no contempla criterios de compensación de desigualdades fiscales.
La Argentina necesita nuevas reglas para proteger la inversión en educación que acentúen su impronta redistributiva y que logren que las tensiones del federalismo fiscal no se lleven puestos los compromisos y metas educativas. Es necesario definir claramente las responsabilidades de inversión que corresponden al Estado nacional y a las jurisdicciones; e incorporar criterios objetivos de distribución de fondos y responsabilidades que procuren compensar desigualdades estructurales entre las provincias. Solo a partir de acuerdos de largo plazo se podrá garantizar el derecho a la educación mediante un financiamiento suficiente, equitativo y eficiente. El año electoral configura un escenario clave para exigirlo.
