Publicado en enero 2023
Una nueva oportunidad
A propósito de los 200 años que se cumplen del comienzo de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina –primera y tercera economías de América Latina, respectivamente–, en estos días se celebraron acuerdos que, en palabras de sus Presidentes, relanzarán el vínculo “con la reactivación de varios espacios de cooperación y diálogo”.
Esta articulación, que resulta estratégica para el presente y futuro de ambas naciones, solo podrá alcanzarse si sus Estados cuentan con las capacidades necesarias para acompañar el proceso y alcanzar resultados que impacten en la provisión de más y mejores bienes y servicios públicos.
Brasil cuenta con un servicio civil que tiene un nivel de profesionalización alto: alcanzó los primeros lugares en América Latina (primer y segundo puesto en 2004 y 2011/13, respectivamente) en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto da cuenta de un proceso que se extendió a lo largo de los años y que logró una burocracia meritocrática y profesional, pero que no estuvo exento de avances y retrocesos.
En Argentina, si bien se evidencia cierta tendencia hacia la configuración de un servicio civil profesional en el ámbito nacional, aún tenemos bastante camino por recorrer en la configuración y el fortalecimiento del “trípode del empleo público”: estabilidad y carrera, ingreso por concurso e igualdad en el acceso. Hasta la actualidad, los avances han sido dispares y se matizan con una heterogeneidad vertical y horizontal marcada que cuenta con un nivel de coordinación interjurisdiccional escaso; alta fragmentación; inequidades retributivas y de condiciones laborales.
El tamaño no es todo
Como cada vez que comparamos ambos países, hay una gran diferencia de escala en lo que hace al empleo público total: para 2019 en Brasil, según el Atlas do Estado Brasileiro del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, había 10,89 millones de contratos públicos en todo el país, mientras que en Argentina –según la forma de medición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y demás estimaciones ya que no hay un dato consolidado válido– ese número se ubica entre 3,4 millones y 3,8 millones de personas trabajadoras en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
En términos proporcionales, en relación a la población total (que es, en definitiva, hacia donde se dirigen los esfuerzos del quehacer estatal) de acuerdo a cálculos propios en base a los organismos de estadísticas de ambos países, para 2019 las personas ocupadas en todos los niveles del sector público en Brasil alcanzaban al 5% de la población, y en Argentina el empleo público total correspondía al 8% del total, siendo la media de los países de la OCDE de aproximadamente del 10%. Así, la diferencia de 3 puntos porcentuales, respecto de personas que se desempeñan en cualquiera de los niveles del ámbito público da cuenta de que el tamaño es apenas una de las variables a atender; el foco hay que ponerlo en lo cualitativo.
El laberinto federal
Argentina y Brasil son dos de las grandes federaciones de América Latina, lo que impacta directamente en el empleo público, agregando complejidades y dimensiones.
En Argentina, las personas trabajadoras en el ámbito estatal de las provincias y los municipios explican cerca del 80% del empleo público total. En Brasil, el cuadro es similar, aunque está todavía más orientado hacia los niveles subnacionales: solamente el 8,6% de los vínculos laborales públicos corresponden al nivel nacional.
Esto tiene sentido por la propia organización federal, pero también por los procesos de descentralización administrativa iniciados en la década del 70 y profundizados durante la década del 90.
Gran parte del empleo público en Argentina está directamente relacionado con la provisión de bienes y servicios públicos, dentro de los cuales los vinculados a educación, salud y seguridad explican más del 60% de los empleos estatales, una “rigidez funcional” que no puede dejar de atenderse.
En Brasil sucede algo similar: en los municipios, el 40% de los empleos públicos están vinculados con los servicios de educación o salud, y algo parecido ocurre a nivel de los gobiernos estatales, donde la cifra alcanza el 60% del total de puestos de trabajo al considerar sumar a estas dos áreas a las personas trabajadoras en el ámbito de la seguridad pública.
Hacia una agenda conjunta para profesionalizar el empleo público
Cumplir con la agenda ambiciosa que se han trazado ambos países requiere de Estados con capacidades robustas, lo que obliga a plantear una ruta crítica para la revalorización y profesionalización de quienes trabajan en el Estado.
Ambos países comparten desafíos, desigualdades y problemáticas que deben combatir, en un contexto en que el Estado es el actor que cuenta con las mayores (e indelegables) responsabilidades, y sobre quien la ciudadanía deposita altas expectativas en materia de prestación de bienes y servicios en forma rápida y con estándares de calidad altos.
Argentina y Brasil cuentan con avances y espacios de mejora que pueden resultar complementarios en el proceso de consolidación y perfeccionamiento de sus servicios civiles, y enfrentan retos similares en materia de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno.
Este escenario de voluntad de coordinación de aprendizajes y desafíos pone sobre la mesa una oportunidad para sumar a la agenda de trabajo conjunto la cooperación para el fortalecimiento de las capacidades de quienes trabajan en el sector público, complementando la consolidación de burocracias profesionales en sentido clásico con políticas de planificación del personal, contemplando la captación de talento y el desarrollo de perfiles nuevos que cuenten con las capacidades que demanda el avance de las tecnologías disruptivas de vanguardia. Y, al mismo tiempo, otra oportunidad emerge, y es la de apuntalar liderazgos públicos comprometidos con los valores democráticos, la ética pública, el logro de resultados y la capacidad de respuesta y calidad de la gestión pública.
