Los datos de pobreza que publicó el Indec confirman las expectativas: en el último año, la pobreza se incrementó como consecuencia de la recesión económica combinada con una alta tasa de inflación. El 35,4% de la población estuvo bajo la línea de pobreza durante el semestre pasado. Este dato, sin embargo, no incluye el impacto sobre los precios de la canasta básica que tuvo la devaluación de agosto.
Es necesario tener en cuenta que la pobreza es un fenómeno muy heterogéneo. No todas las personas que no cuentan con ingresos suficientes para superar el umbral de $10.684 per cápita con el que se la define están en la misma situación. Estas diferencias son cruciales para diseñar e implementar políticas públicas efectivas en la reducción de la pobreza. Algunas familias forman parte de lo que se puede llamar “pobreza crónica”: son las que, incluso en períodos de alto crecimiento económico, tienen bajas probabilidades de salir de la pobreza.
Este grupo de la población tiene características particulares. En primer lugar, el 48% de los que están en situación de pobreza crónica son niños y adolescentes. En segundo lugar, existe una diferencia de género en los indicadores laborales. Los varones trabajan casi en igual proporción y medida que sus pares de estratos económicos más aventajados. Las mujeres, en cambio, muestran una tasa de actividad mucho menor, probablemente como consecuencia de las demandas de cuidado y quehaceres domésticos que les dificultan salir a buscar trabajo. La calidad del empleo es una de las razones de la recurrencia de la pobreza. La mayoría tiene empleos informales, con escaso acceso a la protección social, y además su salario por hora representa alrededor de un tercio del de las personas más aventajadas. Finalmente, solo tres de cada diez familias en pobreza crónica tienen cloacas y poco más de seis de cada diez posee baños con descarga de agua.
La erradicación de la pobreza requiere una estrategia integral y secuenciada dado el actual contexto macroeconómico adverso. En primer lugar, es necesario amortiguar el efecto de la crisis sobre la seguridad alimentaria y de ingresos de las familias, sobre todo de las que tienen hijos. Esto se puede lograr universalizando las transferencias a las familias con hijos (hoy existen familias a las que no les llega) y reforzando los montos. A la vez, es necesario fortalecer los recursos destinados a los comedores comunitarios y escolares.
En segundo lugar, es preciso evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza e invertir en el capital humano. En esa línea, ampliar la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para niños de hasta cuatro años y tomar medidas para la revinculación escolar de los adolescentes son dos medidas críticas. También es fundamental expandir la cobertura del Plan de Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia a la totalidad de los municipios y a todos los rangos etarios. Finalmente, dada la centralidad de la calidad del empleo para explicar la inseguridad de ingresos, es preciso potenciar las políticas de empleo, incluyendo las de pasantías laborales y las de formación para el trabajo. Además, hay que continuar con una estrategia de combate a la informalidad que combine incentivos para la formalización y medidas de fiscalización, sobre todo para las pymes.
Estas medidas de política solo podrán tener éxito si están enmarcadas en una estrategia intersectorial y federal, que contemple los recursos fiscales necesarios para llevarla adelante y los galvanice ante episodios recurrentes de crisis. Para ello, es necesario jerarquizar políticamente la estrategia mediante el fortalecimiento institucional del órgano que la lidere.
