En abril pasado, la ley de egreso asistido -que contempla una ayuda económica y un mayor seguimiento de los adolescentes que egresan de un hogar a los 18 años- tuvo media sanción de Diputados. En este momento está esperando ser tratada en el Senado de la Nación.

¿Existe una falla estructural que hace que los proyectos de ley muchas veces no se debatan en los recintos o es parte de la dinámica propia de la democracia? Para Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), no existe una disfuncionalidad propia del Parlamento, sino que es parte de un proceso de ir construyendo consensos alrededor de temas estructurales de la Argentina.

“Afrontar marcos normativos nuevos en materia social implica siempre un reto importante desde el punto de vista político y fiscal. Los atrasos no tienen que ver con una dinámica organizacional del Congreso, sino que efectivamente, cuando son reformas importantes, implican generar consensos y resolver conflictos de intereses, que inevitablemente hace que los procesos sean largos, como es el caso de las licencias”, asegura Repetto.

Sin embargo, desde el Cippec admiten que, en temas como la designación del defensor del niño, donde ya hay una ley sancionada y hace más de 10 años que el cargo está vacante, el atraso en la puesta en marcha responde a la dificultad que tiene el sistema político argentino de cumplir con lo que señala el marco normativo.

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“En ese caso sí responde más a la dinámica legislativa: son las típicas cosas que el Gobierno y la oposición negocian no aisladamente, sino como fruto de otro tipo de acuerdo más macro. Por eso sucede que temas previstos a tratar quedan paralizados por vetos cruzados y no se aprueban”, sostiene Repetto.