Publicado en diciembre de 2022

En Argentina, el acceso al hábitat y la vivienda adecuada es una problemática que tiene causas múltiples y un entramado de actores e intereses que transforman las respuestas sectoriales en un desafío sumamente complejo.

En 2023, se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. La iniciativa Democracia 40 (#40D), que impulsamos desde CIPPEC, tiene por objetivo celebrar este logro, pero sin olvidar las asignaturas que tenemos pendientes, entre ellas, lograr garantizar el acceso al hábitat y la vivienda a todas las personas que habitan en el país. En este marco, el pasado 15 de diciembre alcanzamos un primer hito en la construcción de consensos y en la identificación de acciones abordables en materia de hábitat, vivienda y suelo: congregamos a más de 20 referentes del sector público, la sociedad civil, la academia, sindicatos, sector privado y la cooperación internacional para dialogar sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan en torno a esta problemática. 

En Argentina, al menos 4.000.000 de hogares no acceden a una vivienda adecuada. Esto significa que el 25% de los hogares no gozan de un derecho humano reconocido por pactos internacionales y por nuestra Constitución Nacional. Si recurrimos a criterios de medición más exigentes –como la construida por María Mercedes Di Virgilio, investigadora del CONICET que acompaña el proyecto 40D–, esta realidad alcanza a 6.400.000 hogares. Contar con una vivienda adecuada es más que tener un “lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”, como define la RAE a la vivienda: supone asegurar la tenencia; contar con acceso a servicios, a materiales constructivos de calidad, a instalaciones e infraestructura, y a espacio suficiente para todas las personas que integren el hogar. 

La problemática, además, afecta a todos los segmentos de la población, aunque de forma diferenciada. Considerando a los sectores vulnerables, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, 1,17 millones de familias viven en villas o asentamientos a lo largo y ancho del país. En cada barrio popular inscripto, más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo y no accede de forma regular a más de dos servicios básicos. Asimismo, el 75% de los hogares que no logra acceder a una vivienda adecuada. La ley 27.453, que creó el RENABAP en 2018, fue votada por unanimidad, por lo que el registro constituyó un hito en la política sectorial a partir del apoyo de gran parte del espectro político. De este modo, se definió como prioridad avanzar inequívocamente en la integración socio urbana de barrios populares. Dos meses atrás, ese acuerdo social y político fue renovado a partir de la sanción de la ley 27.694. 

En relación a los sectores medios y medios-bajos, las mediciones evidencian que tienen necesidades de ampliación y mejoras. Entre las carencias más acuciantes se destaca que el 44,3% de los hogares no accede a al menos un servicio básico (agua, gas, cloacas), y que 2 millones de hogares atraviesan una situación de tenencia irregular de la vivienda. 

La gestión de políticas de vivienda y hábitat requiere de suelo regulado y ordenado para garantizar el acceso a los servicios básicos y los servicios urbanos (transporte público y espacios verdes). Sin embargo, las ciudades argentinas continúan creciendo de forma desordenada. Entre 2010 y 2016, los principales aglomerados urbanos del país se expandieron hasta 1,5 veces respecto de su crecimiento poblacional en muchos casos, sin una planificación territorial adecuada. Esto da lugar a ciudades de baja densidad, sin la infraestructura ni la conectividad necesarias para garantizar el acceso a la ciudad por parte de toda la ciudadanía.  

Al día de hoy, no existe una ley de ordenamiento territorial nacional y apenas cinco provincias cuentan con este tipo de normativa a nivel subnacional. Del mismo modo, son pocos los municipios que cuentan con las herramientas actualizadas para abordar la problemática de forma integral. 

En Argentina, el acceso al hábitat y la vivienda adecuada es una problemática que tiene causas múltiples y un entramado de actores e intereses que transforman las respuestas sectoriales en un desafío sumamente complejo. En términos de política habitacional, las competencias se encuentran atomizadas: en distinta medida, intervienen más de 1.100 municipios, 24 provincias, tres ministerios de la Nación, esferas que por lo general trabajan de forma desarticulada sobre algunas aristas de esta realidad. 

A su vez, esta problemática está atravesada por los problemas macroeconómicos que afectan particularmente al mercado de suelo y de vivienda en nuestro país, donde tradicionalmente “el ladrillo” sirvió de reserva de valor de los y las ahorristas. A pesar de no contar con datos certeros correspondientes a cada región del país, sabemos que el valor del suelo crece en pesos a un ritmo superior al de los salarios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, para comprar un departamento usado de 60 metros cuadrados, Reporte Inmobiliario estima que se requiere un esfuerzo salarial promedio de 27 años. Sumado a esto, la falta de acceso al crédito en Argentina se traduce en un crédito hipotecario poco significativo en comparación con el resto de la región.  

En este contexto, es necesario desarrollar una estrategia y políticas que puedan ser adoptadas de forma masiva en todo el país, teniendo la certeza de que, para generar condiciones que permitan soluciones, debemos contar con herramientas que nos permitan planificar, regular y fomentar buenas prácticas que se centren en los territorios. Para ello, es imperioso que trabajemos en generar consensos y acuerdos para los próximos 40 años, comenzando por los próximos cuatro.