Las elecciones son una empresa colectiva, un acontecimiento esencialmente ciudadano. Cada elección nacional es un enorme esfuerzo logístico que abarca todo el territorio del país, en el que se habilitan 90 mil mesas de votación para recibir a los 30 millones de argentinos registrados en el padrón. A las elecciones las organiza y las juzga el Estado, pero lo que pasa en las mesas el día de la elección está en manos de la ciudadanía y por eso la participación es determinante para la calidad de los comicios.

A las elecciones las hacemos entre todos. Cuando vamos a votar no sólo expresamos nuestro apoyo o rechazo a los candidatos y sus propuestas. También manifestamos nuestro acuerdo con los mecanismos que la democracia nos ofrece para tomar las decisiones colectivas. Por eso el nivel de participación y los votos positivos son un indicador de apoyo a las instituciones democráticas. Y si el abstencionismo y el voto en blanco aumentan, se activa la señal de alarma.

Los argentinos valoramos el derecho elegir. Nuestro país se destaca por los altos niveles de participación: desde 1983 fue de 80% en promedio para las elecciones presidenciales y de 70% para las de medio término. El voto en blanco es bajo, 3% en promedio en elecciones presidenciales. Incluso, según una encuesta de Cippec a 1800 votantes bonaerenses en la elección general de 2015, el 75% está de acuerdo con las PASO.

Pero no se trata sólo de ir a votar. Las elecciones como las conocemos serían inviables sin la participación de los presidentes de mesa para conducir la votación y de los fiscales para controlar lo que ocurre en cada mesa.

Los presidentes de mesa son la máxima autoridad en la mesa que les toca administrar. Son ciudadanos no afiliados a partidos que se designan al azar para conducir la elección de manera ecuánime y como dicta la ley. Su trabajo es crucial: garantizan que cada elector pueda ejercer su derecho a elegir y cuentan los votos. Los votos que ellos reportan son los que se suman para calcular el resultado final de la elección. Las urnas no vuelven a abrirse ni los votos a contarse, salvo que haya un reclamo. Los partidos también hacen lo suyo. En nuestro sistema electoral el control de las elecciones es partidario. Los fiscales cuidan las boletas y los votos de sus respectivas agrupaciones y, al hacerlo, generan un control cruzado sobre la votación.

Un estudio de CIPPEC muestra que las elecciones generales de 2015 en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37% del electorado nacional, funcionaron bien y fueron íntegras. Buscamos sistemáticamente y no encontramos ningún elemento para sostener lo contrario. Esto sólo se explica por un esfuerzo colectivo: una organización eficaz; presidentes de mesa que hicieron bien su trabajo; electores que fueron a votar; partidos que plantearon opciones competitivas y tuvieron fiscales en los lugares de votación; un escrutinio transparente y abierto. Cuando todos hacemos la parte que nos toca, las elecciones funcionan.