Publicado en noviembre de 2020
Las mujeres trans son el grupo poblacional más vulnerado de Argentina. 40 años de vida es el precio que pagan por ser ellas mismas: su ciclo vital ronda los 37 años, mientras que el del promedio de la población es de 77. En el Día Internacional de la Memoria Trans[1], surge el interrogante: ¿qué factores explican que las mujeres trans vivan la misma cantidad de años que una persona en la Edad Media?
La respuesta está en la identidad como factor de exclusión. En la inmensa mayoría de los casos, a la expresión de su identidad de género le sigue el destierro de la sociedad. La frontera que se atraviesa es la de la normalización cis-sexual, y el territorio al que ingresan es el estado de naturaleza hobessiano. El Estado deja de ser garante de derechos y, muchas veces, se transforma en verdugo. Las trayectorias de las mujeres trans en Argentina son la cristalización de vulneraciones acumuladas: a la expulsión del seno familiar y del sistema educativo le siguen las dificultades para obtener un empleo en condiciones de trabajo decentes, la persecución policial, la violencia sin reparaciones, y la falta de acceso a servicios sanitarios y sociales esenciales.
La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, es una referencia a nivel global y supuso un enorme avance para revertir esta situación. Sin embargo, en la actualidad, la vulneración de los derechos de la comunidad se sigue manifestando en el plano educativo, laboral, sanitario, habitacional y social. Aunque los datos empíricos sean exiguos y se hallen fragmentados geográficamente, los colectivos han realizado un esfuerzo enorme en el relevamiento de información y nos permiten dar cuenta de la situación de las mujeres trans en estos ámbitos[2].
En la esfera educativa, si bien las investigaciones reflejan un avance durante los últimos 15 años, más del 60% no ha terminado el ciclo secundario (Fundación Huésped y ATTA, 2014):
Tasa de egreso de nivel secundario en Argentina
Fuente: ATTA-Huésped 2014, Ministerio de Educación de la Nación, 2020
Esta brecha del 20% con el promedio de la población es el resultado de la exclusión sistemática ejercida sobre las mujeres trans: el 70% de ellas reporta haber abandonado la escuela secundaria debido a la estigmatización por parte de otros alumnos y/o autoridades (Fundación Huésped y ATTA, 2014). A este factor, se le suma la habitual –y generalmente mediada por la violencia- expulsión temprana del hogar. Sin un sostén familiar y en un contexto signado por la exclusión, la deserción escolar se torna frecuente.
La imposibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos también se materializa en su situación laboral. Las mujeres trans poseen empleos precarios y de elevada inseguridad, con una informalidad que, en casi todas las investigaciones, se estima alrededor del 80%:
Informalidad laboral en Argentina
Fuente: Informe de ATTA, Huésped, 2014, y informe técnico de OIT, 2020.
Esta incidencia más de un 40% mayor de la informalidad está significativamente ligada a los bajos niveles educativos alcanzados y a la barrera que suponen el estigma y la discriminación: el 54% de las mujeres trans ha manifestado que se les negó un trabajo por su identidad (Fundación Huésped y ATTA, 2014). Dentro de las fuentes de generación de ingreso, se destaca por encima del resto la del trabajo sexual. En la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de las mujeres trans ejerce la prostitución, un porcentaje que ha bajado considerablemente desde el 89% registrado en el año 2005 (Ministerio Público de la Defensa de CABA, 2017).
El acceso a la salud integral, derecho de rango constitucional reforzado en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, es uno de los ámbitos en donde las mujeres trans encuentran más vulneraciones. La exclusión de la esfera educativa y la inexistencia de un sostén familiar reducen las probabilidades de acceder a un empleo formal en un país, como Argentina, en donde el acceso a la salud y la protección social está muy condicionado por la inserción laboral. A este factor se suman los prejuicios, las actitudes discriminatorias y los malos tratos a los que se ven expuestas en los hospitales y salas de atención primaria a la salud.
Este cúmulo de circunstancias colocan a las mujeres trans en condiciones de salubridad críticas. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, la prevalencia del VIH entre mujeres trans es del 34%, mientras que para el promedio de personas jóvenes y adultas es del 0.4% (MSAL, 2018). A su vez, otra área de la salud en la que ven vulnerados sus derechos se relaciona con la construcción de su identidad de género: pese a que la Ley sancionada en 2012 plantea la obligatoriedad de la cobertura de los tratamientos hormonales, apenas el 20% de ellos se realizan bajo supervisión médica. Este incumplimiento sistemático del derecho a la salud integral -caracterizado por la falta de acceso a chequeos médicos, tratamientos hormonales y de enfermedades- explica, en gran medida, los 40 años de vida con los que pagan las mujeres trans por su identidad.
En última instancia, se evidencian las condiciones habitacionales en las que vive la comunidad, las cuales no sólo son paupérrimas sino que también han empeorado en las últimas décadas. En las provincias en las que hay datos, la situación es alarmante. En la Ciudad de Buenos Aires, los datos son alarmantes y atentan contra el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 31 de la constitución porteña. En Neuquén y Río Negro, el 45% de las mujeres trans relevadas manifestó tener problemas para alquilar, fundamentalmente a causa de la discriminación (Universidad Nacional del Comahue, 2018).
Situación habitacional en Ciudad de Buenos Aires
Fuente: Ministerio Público de la Defensa de CABA, 2017; Observatorio de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, 2018.
La extrema situación de vulnerabilidad habitacional tiene una vinculación estrecha con el alto grado de informalidad que caracteriza a las mujeres trans. El acceso a un crédito o la posibilidad de alquilar requieren de una serie de garantías inmobiliarias que al estar por fuera del mercado laboral no se tienen. Las dificultades legales, procedimentales y generadas por la discriminación pueden incluso superar a las económicas: el costo base de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, es de 800 pesos diarios en la Ciudad de Buenos Aires. Un departamento en alquiler para vivienda puede ser mucho más barato, pero se vuelve inaccesible por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o los dueños rechazan el contrato a personas trans (CELS y Bachillerato Mocha Celis, 2020).
Como toda crisis, la desatada por la pandemia del Covid-19 afectó con especial fuerza a los sectores más vulnerables. Dentro de estos, no hay ningún grupo que posea índices de exclusión tales como las mujeres trans. Esto dio lugar a una reducción aún más drástica de sus ingresos, al agravamiento de la inseguridad alimentaria y habitacional, y a déficits aún mayores en la atención a la salud (CELS y Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, 2020b).
En este escenario, la política pública se erige como una herramienta trascendental. Los avances registrados en la última década fueron sustanciales, especialmente en los planos normativos, institucionales y de garantía de ingresos. Algunas provincias, como las de La Pampa y Buenos Aires, adoptaron el cupo laboral trans en el sector público provincial. La Ley de Identidad de Género (2012) mejoró el acceso a servicios básicos esenciales, como la salud y la educación. La jerarquización del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional permitió la transversalización de la perspectiva de diversidad a políticas públicas de garantía de ingreso y seguridad alimentaria. El Ministerio, a través de la Subsecretaría de Diversidad, trabaja en un plan bienal de diversidad que contempla los desafíos aquí referidos.
Pero aún queda un largo camino por recorrer. En primera instancia, es apremiante la generación de datos públicos que visualicen las condiciones de vida aquí abordadas. La falta de un relevamiento representativo a nivel país que dé cuenta de las condiciones de vida de las mujeres trans es una deuda pendiente del Estado. Las estadísticas oficiales aún desglosan encuestas, investigaciones y censos en términos binarios, lo que no sólo desconoce la existencia y el valor intrínseco de las identidades trans, sino que también las excluye del sistema de información pública (Alcaraz, 2017). Algunas experiencias provinciales, como la que en conjunto llevaron adelante las Provincias de Neuquén y Río Negro con la Universidad Nacional del Comahue, son ejemplos que se pueden replicar en todas las jurisdicciones con el apoyo técnico y financiero del Estado Nacional.
Contar con estos datos será clave a la hora de implementar políticas públicas basadas en evidencia, ineludibles para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres trans. Éstas deberán contar con un abordaje federal -que reconozca las heterogeneidades a lo largo del territorio nacional- y con una dimensión participativa, donde las mujeres trans y sus organizaciones tengan un rol activo en el proceso de diseño, implementación y monitoreo.
La vulneración de derechos en múltiples planos requiere de un enfoque que los tenga en cuenta a todos. Por eso, resulta impostergable la sanción de una Ley Integral Trans, que incluya a las mujeres trans de todas las edades, retome la violencia institucional y aborde las esferas de la educación, el trabajo, la salud y la vivienda. A su vez, se debe garantizar la potencia rectora del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para facilitar la implementación de una norma de estas características, con foco en el fortalecimiento de las áreas de diversidad provinciales y municipales, y en la jerarquización de las dependencias de género de los poderes judiciales provinciales. A la necesidad de esta innovación normativa se suma lo imperioso de subsanar los déficits de implementación de normas ya existentes, fundamentalmente las asociadas a las garantías del derecho a la salud integral. Aquí entra en juego la conveniencia de una estrategia conjunta entre programas de salud de nivel nacional para la formación en servicio con perspectiva de diversidad a los efectores sanitarios, por un lado, y el trabajo de las provincias en garantizar la existencia de espacios amigables de salud para la población trans y de eliminar las barreras de acceso en la totalidad de la oferta de los tres niveles de atención a la salud.
Hacer de esto una prioridad no supone privilegiar a un grupo específico de la sociedad. Representa avanzar en la suspensión de las condiciones que facilitan lo que las referentes del colectivo trans han denominado transvesticidio social: la acumulación de circunstancias de exclusión que terminan en una muerte temprana, violenta y evitable. Supone dejar de convivir con una situación medieval en el siglo XXI.
[1] El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Memoria Trans, en conmemoración del travesticidio de Rita Hester, mujer trans afroamericana asesinada en 1998 en Allston, Massachusetts. La jornada recuerda a todas las víctimas de transfobia y denuncia la continua violencia contra la comunidad.
[2] A la fecha, no existe ningún relevamiento informativo sobre mujeres trans que sea representativo a nivel nacional. A su vez, las categorías para recoger los datos muchas veces no coinciden con las de estadísticas oficiales, lo que dificulta las comparaciones y obliga a ajustar algunas variables.
[3] En el caso de las mujeres trans, el 34% refleja la proporción de adultas que finalizaron el secundario.
